Mientras guerras civiles arrasan Siria-Irak, Libia y Yemen, y las tensiones entre judíos y árabes en Jerusalén alcanzan niveles no vistos en más de una década, el gobierno israelí ha aprobado una ‘Ley del Estado Judío’ que confirmará el rango constitucional de Israel como «la nación-estado del pueblo judío». El Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, ha dedicado mucho tiempo y atención a esta legislación, que los extranjeros podrían encontrar incongruente:
Algunos en la izquierda israelí, apoyados por importantes personalidades en los medios de comunicación estadounidenses, han insistido en que la ley es una provocación innecesaria, si no simplemente racista. De hecho, sin embargo, la Ley del Estado Judío es muy necesaria en este momento – no sólo para asegurar la viabilidad a largo plazo de Israel, sino también como el indicador de una futura solución a la más amplia crisis de legitimidad que ha paralizado todo el sistema estatal en Medio Oriente.
En vista de ello, Israel no debería necesitar una Ley del Estado judío. Hasta hace poco, el estatus de Israel como el estado del pueblo judío nunca había sido seriamente cuestionado. La idea de Israel como un «Estado Judío» tiene una historia continua que se remonta a Theodor Herzl, padre del sionismo moderno, que le había dado este título a su tratado de 1896 pidiendo la independencia nacional judía. En las propuestas presentadas posteriormente al gobierno británico, Herzl pidió la ayuda del imperio para el establecimiento de un territorio, “que deberá ser judío en carácter», «fundado en leyes y reglamentos aprobados para el bienestar del pueblo judío», con un nombre judío y una bandera judía.
Este concepto fue incorporado más adelante en las propuestas británicas y de la ONU para el establecimiento de un Estado Judío en Palestina, que culminaron en el plan de partición aprobado por la ONU en 1947. Entre los judíos, el apoyo a tal estado se convirtió virtualmente en universal durante el Holocausto – ya que se hizo claro que ni Estados Unidos ni Gran Bretaña actuarían para salvar a los judíos de Europa. (De hecho, Gran Bretaña usó la fuerza para impedir que judíos escaparan a Palestina durante la guerra). En 1948, la Declaración de Independencia de Israel, redactada por David Ben-Gurion, utilizó repetidamente el término «Estado Judío». Mucho de la legislación israelí, incluyendo la Ley de Retorno ofreciendo ciudadanía automática a los judíos de todos los países, se basó en la visión de Herzl del propósito de Israel, que fue adoptado junto con un firme compromiso de iguales derechos civiles para los ciudadanos no judíos.
La idea de un estado-nación dedicado al bienestar de un pueblo en particular no era, por supuesto, única de Israel. Los movimientos por la autodeterminación nacional habían sido conocidos en Europa, por lo menos desde la independencia de Holanda en 1581, y habían llevado gradualmente a la independencia de otros pueblos conquistados, desde Grecia e Italia hasta Polonia e Irlanda. Dando voz elocuente a este movimiento, «Sobre el Gobierno Representativo» (1861), de John Stuart Mill, instó a la autodeterminación nacional como el principio organizador más prudente para el orden internacional, argumentando que sólo los estados con un alto grado de homogeneidad lingüística y cultural comparten suficientes intereses comunes para convertirse en democracias: los estados multiétnicos serían necesariamente tiranías, escribió, porque sólo la opresión puede mantener a raya los intereses radicalmente contrapuestos de los diferentes pueblos del estado. Woodrow Wilson colocó este principio en el centro de sus propuestas para la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial. En la época, la propuesta de Herzl de establecer un Estado Judío encajaba perfectamente.
Pero la historia no ha sido amable con la idea de la autodeterminación nacional. A partir de la década de los años 1960, las élites occidentales se opusieron bruscamente al particularismo nacional de cualquier tipo (por lo menos en cuanto a lo que concierne a las naciones del primer mundo), citando a la Alemania nazi como prueba de que hacer distinciones nacionales y religiosos es la raíz de casi todos los males políticos. En Europa, el resultado ha sido el intento de desmantelar el sistema de estados-nación independientes y sustituirlo por una Unión Europea. En EE.UU., también, ahora se siente aversión a hacer distinciones nacionales o religiosas para cualquier propósito en una variedad de temas, desde la inmigración hasta la seguridad nacional.
Este nuevo desprecio por el principio de autodeterminación nacional ha demostrado ser devastador para Israel. Tanto en Estados Unidos como en Europa, el movimiento para tildar al sionismo como una forma de racismo sigue cobrando impulso. En Israel, también, el «post-sionismo» se convirtió en la palabra de moda de la opinión en boga de la década de los años 1990. En este contexto, el Presidente del Tribunal Supremo de Israel declaró que el carácter judío del país está «en tensión» con la democracia, y la Corte se embarcó en una serie de decisiones encaminadas a erosionar gradualmente el estatus legal de Israel como un Estado Judío. Este proceso llegó a su clímax en la decisión Ka’adan 2000, que declaró ilegales a las políticas del gobierno israelí y la Agencia Judía si no están en conformidad con el principio de igualdad.
Por supuesto, la igualdad ha sido siempre un valor crucial en Israel. Pero la desaparición, en la Corte, de la autodeterminación nacional judía de la lista de los objetivos legítimos de la política israelí, pone en duda muchos de los más básicos objetivos para los que se había fundado el estado. ¿Será pronto ilegal enviar servicios de seguridad de Israel para proteger comunidades judías en otros países? ¿Mantener una Ley del Retorno ofreciendo ciudadanía automática a los judíos de otras tierras? ¿Enseñar judaísmo en las escuelas públicas? Estas y otras preocupaciones son las que están detrás de la actual «Ley del Estado Judío» de Netanyahu – cuyo propósito es restablecer el anterior status quo sobre cuestiones de autodeterminación nacional judía.
Pero hay razones más profundas para adoptar la propuesta «Ley del Estado Judío». El modelo político herzliano ha sido un éxito espectacular. Como Estado Judío, Israel ha absorbido a millones de desposeídos refugiados judíos de las tierras árabes y de la ex Unión Soviética, ofreciéndoles libertad de la persecución, oportunidades económicas y escuelas públicas donde sus hijos pueden aprender hebreo, historia judía y Biblia (algo disponible en EE.UU. sólo para judíos que pueden pagar la matrícula de escuelas privadas). Lejos de crear un régimen xenófobo y racista, el Estado Judío ha florecido en una estridente democracia liberal – el único país de Medio Oriente en el que cristianos, drusos y otras minorías gozan de libertad de culto y no deben temer por sus vidas.
Este éxito no ha ocurrido a pesar del carácter de Israel como el estado del pueblo judío, sino a causa de ello. Para ver esto, basta comparar la trayectoria de Israel con la de otros estados establecidos en la región alrededor de la misma época, pero basados en un modelo «multinacional»: Siria (independiente en 1946) fue montado por los franceses juntando a la fuerza a pueblos alauitas, drusos, kurdos, cristianos asirios y árabes sunitas – ignorando obstinadamente las fronteras nacionales y religiosas, así como las francas exigencias de algunos de esos pueblos a tener estados independientes propios. Iraq (independiente en 1932) fue una similar construcción británica, imponiendo un solo estado a pueblos radicalmente dispares: kurdos, asirios, árabes sunitas y árabes chiítas, entre otros. La mayoría de los estados en Medio Oriente – «Pan-árabes» sólo de nombre – fueron construidos por las potencias occidentales de esta forma.
Los resultados han sido del modo que predijo Stuart Mill: Israel, construido alrededor de una cohesiva y abrumadora mayoría judía, pudo establecer estabilidad interna sin represión, y se desarrolló rápidamente en una democracia que funciona plenamente. Mientras que los demás estados de la región han podido mantener su integridad sólo a través de brutalidad y terrorismo de estado. La destrucción de la ciudad sunita de Hama por parte del régimen alauita de Siria en 1982, y el gaseamiento de los kurdos en Halabja por parte del régimen sunita de Irak en 1988, son sólo los ejemplos más conocidos de lo que ha sido un dilema crónico para estos regímenes: Mayor represión o colapso.
Podemos postergar llegar a esta conclusión tanto como queramos, pero no habrá paz en Siria e Irak hasta que las fronteras se vuelven a dibujar a lo largo de líneas étnicas y religiosas. Al final kurdos, alauitas, cristianos, drusos, árabes sunitas y árabes chiítas deben tener cada uno su propio estado-nación, cada uno dedicado al bienestar y los intereses de un pueblo. Y cada uno debe tener su propia «Ley del Retorno», ofreciendo un lugar de refugio y ciudadanía automática a los miembros dispersos y perseguidos de cada uno de los pueblos.
En cierto sentido, esta es una visión claramente israelí, que surge de la experiencia de sufrimiento y redención de los judíos en el siglo pasado. Pero también es una visión humana y universal – la única que puede ofrecer una verdadera esperanza para los pueblos devastados de nuestra región. La propuesta Ley del Estado Judío reafirma el compromiso de Israel con el principio político de autodeterminación nacional, que hizo realidad en nuestro tiempo la existencia de una nación judía libre. Y sostiene este concepto como un modelo y un faro para los pueblos perseguidos de todo Medio Oriente, que anhelan alcanzar para sus propios hijos lo que lograron para nosotros nuestros abuelos creando a Israel.
http://blogs.timesofisrael.com/israels-jewish-state-law-and-the-future-of-the-middle-east/?
Traducido para porisrael.org por José Blumenfeld
Habitualmente estoy de acuerdo con lo que se publica en esta web, pero en este caso disiento.
A mi esta la Ley me parece un error garrafal. La principal grandeza del Estado de Israel es ser un estado democrático frente a un entorno plagado de satrapas y dictaduras; con esta Ley corremos el riesgo de crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, demoliendo el principio de igualdad, básico en todo estado de Derecho, y por lo tanto, cuasi equiparándonos a nuestro entorno; con los consiguientes riesgos de que acabemos en una sociedad como la Surafricana del Apartheid dónde los Judíos tengamos todos los derechos y los No- Judíos (que son un 20% de nuestra población) tengan aquéllos que nosotros les dejamos tener y no aquéllos que les corresponde por ser ciudadanos israelíes y por su dignidad como personas.
Un saludo.