Los líderes estadounidenses e israelíes expresaron consternación ante la membrecía de Palestina en la Corte Penal Internacional. Algunos creen que Palestina intentará procesar a Israel por crímenes de guerra. Pero no habiendo ninguna forma de investigar o castigar el crimen mismo, la preocupación es exagerada.
La membrecía de Palestina en la Corte Penal Internacional, formalizada el 1 de abril de 2015, causó consternación tanto en Estados Unidos como en Israel. La CPI tiene mandato para enjuiciar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cuestionado verbalmente la autoridad de la CPI y pidió a los aliados de Israel que se nieguen a cooperar con las investigaciones de funcionarios israelíes si fueran acusados.
De hecho, Israel tiene poco que temer de la CPI. La amenaza es exagerada. Palestina incluso, posiblemente, ya cometió un gran error al no utilizar su membrecía como ventaja.
Desarrollemos cómo funcionaría realmente un procedimiento ante la CPI. Si se presenta formalmente ante la CPI, es probable que Palestina argumente que Israel se involucró en crímenes de guerra cuando llevó a cabo operaciones militares en la Franja de Gaza en julio y agosto de 2014. La CPI también podría procesar la actividad de los asentamientos israelíes en la Margen Occidental, una política que implica a funcionarios de muy alto nivel, ya que el estatuto que gobierna a la Corte Penal Internacional define como crimen de guerra la construcción de asentamientos en territorio militarmente ocupado con el fin de cambiar su composición demográfica.
Dado lo que sabemos acerca de la CPI, sin embargo, los procesos penales contra funcionarios israelíes son poco probables en el corto plazo, y dado lo que sabemos sobre la situación política de Palestina, esa podría ser la cuestión.
En primer lugar, el que Palestina se presente ante la CPI está lleno de riesgos. La CPI puede enjuiciar a todas las partes en un conflicto, y eso incluye a los crímenes palestinos tanto como a los israelíes. Las acusaciones de que combatientes de Hamas utilizaron escudos humanos y dispararon cohetes inestables contra zonas civiles, de ser probado, casi seguro que constituyen crímenes de guerra. Por el contrario, las acusaciones contra Israel son mucho más complejas, y mayormente cuestiones de proporción: por ejemplo, si el ejército israelí proporcionó suficientes advertencias antes de atacar edificios residenciales o causó excesivo daño colateral persiguiendo a combatientes de Hamas de bajo nivel. La legalidad de los asentamientos israelíes es la cuestión más compleja de todas y no es una en la que estén bien situados el fiscal o los jueces de la CPI para contestar como expertos en derecho penal. Esto sería un desastre.
En segundo lugar, el Fiscal de la CPI ha sido siempre prudente, quizá demasiado prudente. Las investigaciones en Afganistán y Colombia, dos estados miembros, se han prolongado durante años. Aunque la Fiscal, actualmente Fatou Bensouda de Gambia, ha insistido en que enjuicia cuando las pruebas son suficientes, ha tendido a orientar políticamente casos «más fáciles» en África, que implican grandes intereses de poder.
En tercer lugar, la CPI se resistió a la membrecía palestina en el pasado, lo que sugiere que el tribunal puede ver todo el conflicto Israel/Palestina como demasiado caliente, y demasiado político, como para poder manejarlo. Es cierto que la CPI rechazó las presentaciones de 2009 de Palestina después de determinar que Palestina no era un estado, y las Naciones Unidas aclararon el estatus de Palestina como Estado en 2012. Sin embargo, todo indica que la CPI no quiere este caso. Se ha negado, por ejemplo, a retrotraer su jurisdicción sobre Palestina al período anterior a que el estatus de Palestina se actualizara en 2012.
El punto más importante a recordar en todo esto, es que la CPI está definida por una paradoja central: es a la vez fuerte y débil. Es fuerte en el sentido de que el Fiscal puede enjuiciar literalmente a cualquier sospechoso de un crimen internacional, incluso si esa persona es oriunda de un estado no miembro. Es cierto, la CPI sólo puede enjuiciar si un país no quiere o no puede hacerlo. Es un tribunal de última instancia que complementa los sistemas jurídicos nacionales.
Pero ninguna acción nacional está avanzando, solo la fiscal toma la decisión de a que sospechosos acusa (por supuesto, los jueces de la CPI determinan si tiene pruebas suficientes). Ella sola, por ejemplo, puede procesar a Dick Cheney u otro alto funcionario estadounidense por crímenes de guerra, como la presunta tortura y maltrato de prisioneros en Afganistán. Debido a que Afganistán es un miembro, la CPI tiene jurisdicción territorial sobre las acciones de EE.UU. durante la guerra de Afganistán. Esta fortaleza es lo que alimenta la oposición estadounidense (e israelí) a la CPI: el temor a un fiscal zafado.
Pero la CPI es simultáneamente débil, incluso frágil. No tiene ninguna fuerza policial propia. No puede detener sospechosos, reunir pruebas, o hacer cumplir sus propios juicios sin, al menos, algún tipo de cooperación estatal. Esta falta de cooperación ha llevado al colapso de juicios contra el presidente sudanés, Omar al-Bashir, por genocidio en Darfur, y en contra del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por la violencia electoral de 2007. En el caso de al-Bashir, la fiscal ni siquiera pudo persuadir a otros estados miembros o al Consejo de Seguridad de la ONU para detener a al-Bashir. En el caso de Keniatta, el gobierno de Kenia se negó a presentar pruebas y con frecuencia intimidó a testigos. Sin pruebas suficientes, suspendió ambas investigaciones. Incluso en otros procesamientos de la Corte, todos basados en África, la Fiscal recibe sólo cooperación selectiva: los gobiernos parecen dispuestos a entregar evidencia contra opositores políticos, pero con frecuencia no contra ellos mismos.
Es improbable que Palestina vea resultados de una acusación ante la CPI durante muchos años, si es que alguna vez los ve.
Pero esto no quiere decir que no tiene nada que ganar. La membrecía de Palestina en la CPI es probable que tenga motivaciones políticas diseñadas para conseguir concesiones de Israel. Si la amenaza de accionar ante la CPU impulsa investigaciones israelíes de su presunta mala conducta, eso solo podría ser un éxito desde el punto de vista palestino. Si una amenaza similar reduce la actividad de asentamientos o disuade futuras operaciones militares israelíes, éstos también podrían ser éxitos.
Por último, la membrecía palestina puede ser parte de un juego de ajedrez político interno entre Hamas, que controla Gaza, y Fatah, el partido gobernante en la Margen Occidental. Fatah, el partido del Presidente Palestino, Mahmoud Abbas, hizo la presentación a la CPI, pero Hamas fue el principal responsable de los presuntos crímenes de guerra palestinos. Aunque Fatah sería reacio a admitirlo públicamente, una investigación de la CPI sobre la situación palestina podría ser un esfuerzo de Fatah para fortalecer su posición en contra de Hamas.
Los riesgos de enjuiciar a los liderazgos israelíes y palestinos siguen siendo bajos en este momento. Palestina aún no ha hecho una presentación formal del caso; no hay investigaciones oficiales en marcha; y la Corte Penal Internacional no ha reunido ninguna prueba. Sin embargo, los riesgos para la CPI como institución ya son altos. Aunque investigar a Palestina ayudaría a la CPI a evitar acusaciones de que se enfoca en casos políticamente «fáciles» en África, convertirse en un instrumento en el conflicto palestino-israelí podría afectar la legitimidad de la CPI. Dada su naturaleza cautelosa, podemos esperar que la Fiscal proceda lentamente. Cualquier proceso potencial está a muchos años de distancia, y eso sólo si las partes cooperan. Y ese parece el escenario menos probable de todos.
Traducido para porisrael.org por José Blumenfeld
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