Por Israel
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| martes diciembre 7, 2021

Informe de la Comisión del Secretario General de la ONU sobre el abuso de las instalaciones de la ONU durante “Margen Protector” – Objetivo y equilibrado –


El 27 de abril 2015 se publicó un informe resumido de la comisión de investigación nombrada por el Secretario General de la ONU sobre el abuso de las instalaciones de la ONU durante la Operación “Margen Protector” en Gaza en el verano de 2014. El informe señala que en siete de diez casos fueron dañadas las escuelas de la ONU por los disparos de las FDI (Tzahal), aunque el informe evita culpar por esto a Israel. Además, el informe se refiere, por primera vez, a la utilización de las instalaciones de la ONU por militares armados palestinos.

El texto es objetivo y equilibrado, en especial si lo comparamos con el informe anterior del Secretario General de la ONU en donde examinó los daños a las instalaciones de la ONU durante la operación “Plomo Fundido” en 2009, en donde había sido muy crítico y desequilibrado. Se trata de una mejoría sustancial. Sería deseable que este cambio se deba a una mayor comprensión de los complejos desafíos que enfrenta el Estado de Israel, así como otros países que luchan en un denso ambiente urbano, y que este entendimiento se refleje también en el informe de la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual podría publicarse en breve.

El 27 de abril de 2015 se publicó un resumen del informe de la Comisión de Investigación, nombrado por el Secretario General de la ONU sobre el abuso de las instalaciones de la ONU durante la Operación “Margen Protector” en Gaza en el verano de 2014. El Secretario General de la ONU condenó la matanza de 44 palestinos y los 227 heridos como resultado de las acciones de Israel contra las instalaciones de la ONU, señalando que las instalaciones de la ONU brindan inmunidad siempre y cuando no sean utilizadas como refugios durante un conflicto armado. El Secretario General añadió que trabajará con todas las partes implicadas con el fin de evitar la repetición de este tipo de incidentes.

Además de dicha crítica declaración, el informe se formula de forma objetiva y equilibrada y no incluye una culpa o una responsabilidad legal de Israel. También se presentó ampliamente la posición de Israel en relación con su funcionamiento durante toda la operación. El informe destacó que la Comisión recibió instrucciones de no incluir conclusiones legales o recomendaciones sobre compensación, procesamientos disciplinarios o responsabilidades legales.

El informe examina siete casos en donde fueron dañadas escuelas de la UNRWA por operaciones de las FDI. En cada caso se presentan los resultados y la posición israelí, y el hecho de que la cuestión fue examinada por el ejército israelí. En dos casos se señaló que los casos fueron trasladados a una investigación penal. Además, el informe examina tres casos en donde las escuelas de la UNWRA sirvieron para el almacenamiento de armas y como refugio para combatientes armados de grupos palestinos y también para el disparo desde esas escuelas.

El Secretario General de la ONU se mostró profundamente conmocionado por el uso de las instalaciones de la ONU, poniéndolas en peligro y señaló que esa conducta es inaceptable y socava la percepción de que las instalaciones de las Naciones Unidas son de carácter civil transformándolas en objetivos militares para un ataque. A lo largo del informe hay una referencia a los intensos combates producidos en las proximidades de las instalaciones de la ONU y se refirió también a las advertencias de las FDI y a las precauciones tomadas durante los combates. También se menciona positivamente la coordinación entre los funcionarios de la ONU y el ejército israelí.

El Secretario General de la ONU elogió la cooperación de Israel y la Comisión, incluyendo la transferencia de muchos materiales escritos y fotografiados, expresando su reconocimiento a la decisión de Israel de llevar a cabo investigaciones penales en relación con algunos incidentes bajo mandato de la comisión. Al mismo tiempo, el informe critica de forma diplomática la conducta de los palestinos y “expresa su esperanza” que también “el gobierno de Palestina” lleve a cabo investigaciones por los crímenes de guerra que pudieron haberse cometido durante los combates.

La mayor parte de las recomendaciones del informe se centran en consejo para las unidades internas de la ONU, destinadas a mejorar la seguridad de las instalaciones de las Naciones Unidas, las comunicaciones y la coordinación con las partes. Las únicas recomendaciones para con Israel se centran en fortalecer la coordinación con la UNWRA, la transferencia de información desde Israel a los funcionarios de la ONU sobre el mal uso de las instalaciones de la ONU y la prestación de advertencias previas antes de un ataque cercano a las instalaciones de la ONU.

Esta es la segunda vez durante el mandato del actual secretario general Ban Ki-Moon, que se levanta en su nombre una comisión de investigación para examinar los acontecimientos relacionados con daños a las instalaciones de las Naciones Unidas en Gaza o contra empleados de la ONU por las operaciones militares israelíes. En 2009, el Secretario General estableció una comisión para examinar los daños a las instalaciones de la ONU durante la operación “Plomo Fundido”. El informe de la comisión era crítico y muy duro cuando se refería  al comportamiento del ejército israelí, responsabilizando a Israel por los incidentes. 

Y eso, a pesar de la cooperación de Israel con ese comité. El informe examinó entonces nueve casos. En siete de ellos se responsabilizó al ejército israelí por los daños a las instalaciones de la ONU, presentando los incidentes como ataques directos premeditados de las FDI, elevando dichas acciones a un carácter de negligencia, imprudencia y desprecio por la vida y la seguridad de los civiles palestinos que se encontraban en las instalaciones. En respuesta a las afirmaciones israelíes sobre el almacenamiento de armas y el disparo contra soldados israelíes desde esas instalaciones, la Comisión declaró enfáticamente que no se había realizado ninguna actividad militar desde los edificios de la ONU, confirmando y despreciando los argumentos israelíes como “no verdaderos”.

El Comité también decidió por entonces, que no podía concluir inequívocamente si se habían realizado acciones de personas armadas palestinas en las cercanías de las instalaciones de la ONU. La Comisión también sostuvo que el ejército israelí no había hecho un esfuerzo eficaz o tomado precauciones dignas para proteger a los civiles, el personal y las instalaciones de las Naciones Unidas. El comité también fijó, de hecho, un nuevo principio jurídico (errado), por el cual existía una supuesta impunidad total de las instalaciones de la ONU, que no podían ser atacados militarmente y que el ejército israelí había violado esta inmunidad en los siete casos.

La Comisión determinó que solamente en un caso, Hamás había sido responsable de los daños causados por el ataque israelí, debido al almacenamiento de cohetes Qassam en instalaciones de la ONU (y sobre otro caso la Comisión no pudo llegar a conclusiones claras). Las recomendaciones del informe fueron rigurosas, muy críticas hacia Israel e incluían, entre otras cosas, exigir el reconocimiento oficial por parte de Israel que sus declaraciones públicas sobre la presencia y el disparo de militares palestinos desde las instalaciones de la ONU no eran ciertas; exigían la adopción de medidas para lograr la responsabilidad (accountability) y la concesión de la indemnización por muertes y los daños causados ​​por Israel; y la expansión de más casos investigados, no incluidos en el mandato de la Comisión.

El objetivo declarado de ambas comisiones era el mismo y tenía la intención de aclarar y examinar los detalles de los incidentes, con el fin de evitar la repetición de sucesos similares y para proteger de mejor manera a las instalaciones y al personal de la ONU en la zona. A pesar de la lógica similitud que guió la creación de los dos comités, así como los mecanismos de la institución en virtud de los cuales se estableció, vemos una diferencia significativa en la forma en que cada comité ha implementado su papel. Esta diferencia se refleja en la descripción de la realidad sobre el terreno durante los combates, las acusaciones de Israel en relación a los acontecimientos, sus conclusiones radicales – fácticas y jurídicas – y las recomendaciones.

No hay duda de que el presente informe representa para Israel un avance positivo. Es difícil saber con certeza cuáles fueron las razones de la diferencia sustantiva entre los dos informes, lo más probable es que se trate del resultado del trabajo extenuante de los funcionarios israelíes en el campo diplomático y judicial. La estrecha cooperación y coordinación entre los funcionarios de las FDI, en particular los miembros de la coordinación de las actividades en los territorios, y el personal de las Naciones Unidas también contribuyeron de manera significativa.

Además, la cooperación con la Comisión de Investigación y la posibilidad de presentar el caso de Israel, mostrando información concreta y confiable, como videoclips que registraron tiroteos desde las instalaciones de la ONU, así como pruebas e investigaciones realizadas por el sistema de justicia militar de las FDI, que posiblemente influyeron en la formulación del informe y sus conclusiones.

Por otra parte, podríamos atribuir parte de la diferencia entre los informes a los antecedentes de los miembros del comité. La Comisión del 2009 estaba encabezada por el Sr. Ian Martin, un activista de los derechos humanos y un trabajador de la ONU en el área de los derechos humanos mientras que al frente de la comisión de investigación en curso se encontraba Sr. Patrick Kmart, un militar de alto nivel, ex comandante de las fuerzas de la ONU en el Congo, que sirvió como asesor militar del Departamento de las fuerzas para el mantenimiento de la paz y consejero militar del Secretario General de la ONU.

Está claro que su familiaridad profunda y tangible con situaciones de combate y los desafíos de la naturaleza cambiante de la guerra ayudó a comprender de forma seria las operaciones militares, siendo que este segundo informe es una prueba más de la enorme importancia que tiene la inclusión de personal militar como expertos en este tipo de comisiones de investigación.

Podemos suponer que las conclusiones del Informe de la Comisión del Secretario General jugarán un papel ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como parte de la investigación preliminar que llevará a cabo ésta sobre los eventos del verano pasado, así como los miembros de la comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos (Comité Mkgaoon-Davis ), que aún no se han decidido a publicar su informe. Sólo podemos esperar que éste informe abordará los hechos que fueron desarrollados en el informe del Secretario General de la ONU en relación con el uso indebido de los edificios civiles durante Margen Protector y, por otra parte, que también adopte un enfoque objetivo y equilibrado.

 
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