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| viernes marzo 29, 2024

Cómo no resolver el conflicto palestino-israelí


Imagine que su misión es asegurar que el conflicto entre israelíes y palestinos no se resuelva; ni siquiera ahora, cuando sedicentes yihadistas están causando estragos en buena parte del Medio Oriente y, como consecuencia, las relaciones de Israel con Egipto, Jordania e incluso Arabia Saudí están mejorando. ¿Qué le ayudaría a tener éxito en su empeño?

Empecemos con una idea que andan manejando los franceses: organizar una conferencia de paz y anunciar que si no se realizan avances la parte israelí será considerada responsable y la palestina, recompensada. No se necesita una bola de cristal para predecir lo que sucederá.

En segundo lugar, exigir que los israelíes “terminen con la ocupación” y no aclarar qué piensas que están ocupando: si unos territorios determinados o cada pulgada de suelo israelí. También hay que ignorar el hecho de que los israelíes se retiraron de Gaza hace más de una década, renunciando a sus demandas sobre un territorio que tomaron de Egipto en una guerra defensiva, que antes había sido gobernado por Gran Bretaña y que durante siglos fue el patio trasero del Imperio Otomano. Gaza está actualmente gobernada por Hamás, una organización palestina abiertamente comprometida con el exterminio de Israel mediante la yihad. A tal fin, ha lanzado miles de misiles hacia Israel y, en años recientes, excavado túneles terroristas. No hay problema: justifíquelo como “resistencia”.

Cuando los israelíes responden a esos ataques, Hamás usa civiles palestinos como escudos humanos. Culpe a Israel por eso también. Se sorprenderá al ver cuánta gente asiente. Y alentará a Hamás a proseguir con su letal, inmoral e ilegal manera de proceder. No se sienta mal por ello: lo de ser cómplice del proceso contra la paz se supone que no es como ir de picnic.

También ayudará si usted insiste en que Al Fatah, que gobierna la Margen Occidental, está bregando por alcanzar un modus vivendi con Israel incluso aunque sus líderes inciten al terrorismo (por ejemplo, diciendo que los israelíes amenazan la Mezquita de Al Aqsa –que los israelíes de hecho protegen y pusieron hace largo tiempo bajo control musulmán–) y rindan honores a los adolescentes palestinos que apuñalan a israelíes en las calles. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se ha negado durante años a negociar con los israelíes. Ignore el dato. Casi todo el mundo lo hace.

Si se pone específico y exige que Israel ponga fin a su ocupación de la Margen Occidental (territorio gobernado por Jordania hasta que Jordania atacó Israel en 1967), no debe pretender saber que una retirada israelí en ausencia de garantías de seguridad llevará a los terroristas a usar las colinas que dominan la costa mediterránea para lanzar misiles y morteros contra Tel Aviv y contra el aeropuerto internacional de Israel.

Para defenderse, los israelíes tendrán que devolver el fuego o mandar tropas de vuelta a la Margen Occidental. Eso implicará un alto número de bajas en ambos bandos. Si le preguntan al respecto, diga: “Usted no hace sino especular” o “Bueno, hay que tomar riesgos”.

Una sugerencia más: apoye el BDS (boicot, desinversiones y sanciones), una campaña en pro de la demonización de Israel y para persuadir a Gobiernos y corporaciones de que libren una guerra económica contra el único Estado judío del mundo.

Los partidarios del BDS incesantemente echan barro sobre Israel en la no irrazonable convicción de que algo quedará. Por ejemplo, se deleitan calificando a Israel de “Estado apartheid”, cuando en realidad los ciudadanos musulmanes de Israel tienen garantizados derechos inaccesibles a los musulmanes de ninguno de los países mayoritariamente musulmanes –por no hablar de los miembros de las minorías–. Apartheid significa separar. Perversamente, los partidarios del BDS tratan de separar a los israelíes y a los palestinos; por ejemplo, cerrando empresas en las que trabajan juntos.

Líderes de la campaña BDS como Omar Bargouti rechazan cualquier posibilidad de que un Estado palestino coexista pacíficamente junto a uno judío. “Nos oponemos a un Estado judío en cualquier parte de Palestina”, ha afirmado Bargouti claramente. Sin embargo, usted debe sostener que el BDS pretende conseguir una solución de dos Estados. La mayoría de la gente no reconocerá la discrepancia.

Como partidario del BDS, debe cerrar los ojos ante las atrocidades perpetradas contra los árabes y los musulmanes (y los cristianos, los yazidíes, etc.) justo al otro lado de las fronteras israelíes. Israel es y debe ser el Enemigo Público nº 1: de esto va el BDS y en eso se tiene que quedar usted. Un montón de gente le comprará la mercancía; aunque no todo el mundo. Hay quienes entienden que el antiisraelismo y el antisemitismo se han entretejido. Así como el objetivo del antisemitismo radical del siglo XX fue una Europa sin judíos, el del siglo XX es un Medio Oriente sin el Estado judío. En ambos casos, el asesinato, la guerra económica y la propaganda son medios que contribuyen al fin.

Una creciente y bipartita porción del Congreso norteamericano ve el BDS como lo que es. Recientemente han empezado a tomar medidas legislativas para desalentar las prácticas comerciales antiisraelíes, por ejemplo autorizando a la Representación de Comercio de los EEUU a reevaluar sus relaciones económicas con cualesquiera países de la UE que apoyen el boicot a Israel. Las legislaturas de Illinois y Carolina del Sur han aprobado –también con fuerte apoyo en ambos partidos– leyes que penalizan a las compañías que discriminan a los israelíes. Medidas similares están pendientes en otras asambleas estatales.

Hay incluso un replanteamiento internacional de la cuestión: se han aprobado decretos o resoluciones anti BDS en Canadá, Francia, España y Gran Bretaña. La UE quizá dé marcha atrás a su punitivo etiquetado de productos hechos en Israel y en los territorios controlados por Israel.
La gran mayoría de los israelíes estarían dispuestos a ayudar a los palestinos a alcanzar la estadidad en esos territorios, si se puede alcanzar un acuerdo que asegure que la independencia se celebre con fuegos artificiales y no con misiles sobre localidades israelíes. Imagine que su misión es que evitar que un acuerdo así pueda alcanzarse. Ya sabe qué tiene que hacer. Y quizá también sepa ahora quién está haciéndolo ya.

© Versión original (en inglés): Foundation for Defense of Democracies
© Versión en español: Revista El Medio

 
Comentarios

Hoy han jurado o prometido sus cargos ante Su Majestad el Rey, tal y como mandan los cánones, los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos por el Congreso, Senado y la carrera judicial. Sin embargo, sin los partidos políticos no hubieran podido alcanzar uno de los sueños de todo miembro de la “carrera”.

Lo que sigue es una pequeña guía de los padrinos y méritos que han llevado a estas 20 personas a ser parte del nuevo Consejo desde hoy.

Rafael Fernández Valverde. El magistrado más antiguo de los que componen el Consejo. Ya fue miembro con anterioridad por gracia y designio de Coalición Canaria. Ahora ha sido apoyado por Alberto Ruiz-Gallardón y el PP.

Gerardo Martínez Tristán. Llega de la mano directa de la secretaria general María Dolores de Cospedal. La esposa de este nuevo vocal es consejera de Fomento en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su elección ha causado teóricamente la dimisión del líder socialista en Madrid, Tomás Gómez, como senador por no haberle vetado Rubalcaba para el puesto.

Roser Bach. Esposa del conseller de Justicia de la Generalitat catalana, Germà Gordó, salpicado por el escándalo de las escuchas de Método 3. En medios judiciales llaman a esta elección el “pan amb tumaca” entre CIU y PSOE.

Victoria Cinto. Exviceconsejera de Justicia del gobierno autónomo vasco presidido por Patxi López que se cobra el favor a Pérez Rubalcaba y, paralelamente, a Antonio Camacho.

Fernando Grande-Marlaska. El ministro de Asuntos Exteriores le ofreció el cargo antes del verano en nombre del Gobierno, a raíz del secuestro de un familiar directo del juez en Colombia. Bendijo este ofrecimiento el propio Ruiz-Gallardón y su amigo Antonio Camacho en nombre del Partido Socialista.

Rafael Mozo. Llega al Consejo General del Poder Judicial por la intercesión directísima del exministro de Zapatero y exportavoz, el leonés José Antonio Alonso.

Juan Martínez Moya. Amigo personal del ministro de Justicia a quien ha hecho gran parte de la nueva demarcación judicial desde la presidencia el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Juan Fernández Martínez. Es el único gallego del nuevo “cotarro” judicial. Durante el pasado verano recibió en Pamplona la llamada del Ministerio para que hiciera “pronto” las maletas para la capital. Cuenta también con el apoyo de UPN y su presidenta Yolanda Barcina.

Wenceslao Olea. Es el menos “conectado” del nuevo Poder Judicial. Su elección se produce por exclusión para que no lo hiciera el candidato del Tribunal Supremo que presentaba la Asociación Profesional de la Magistratura.

Carmen Llombart. Ha sido impulsada por el muy influyente lobby valenciano del centro/derecha.

María del Mar Cabrejas. Esta juez de instrucción de Plaza de Castilla ha ascendido directamente de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho. Todo el mundo ignora el por qué.

Clara Martínez de Careaga. Sólo se le atribuye el mérito de ser la esposa de Cándido Conde-Pumpido, un maestro en el arte de la conspiración en los medios judiciales.

Nuria Abad. Abogada de Estado. Amiga íntima de la vicepresidenta.

Vicente Guilarte. Directamente de la mano de Mariano Rajoy.

Maria Angeles Carmona Vergara. Secretaria Judicial colocada por Ruiz-Gallardón, protegida del exvocal Antonio Dorado.

Álvaro Cuesta. Exdirigente nacional del PSOE. Sobran indicar más ‘méritos’.

Pilar Sepúlveda. Amparada y propuesta por la presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Concepción Sáez. Cuota IU, viene de la mano del exvocal Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional.

Mercé Pigem. Abogada y militante de CIU. Exsenadora por esta formación política.

Enrique Lucas Murillo. Cuota PNV. Hermano de un magistrado del Tribunal Supremo, casado con una hermana del presidente del Senado, Pío García Escudero

Hoy han jurado o prometido sus cargos ante Su Majestad el Rey, tal y como mandan los cánones, los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos por el Congreso, Senado y la carrera judicial. Sin embargo, sin los partidos políticos no hubieran podido alcanzar uno de los sueños de todo miembro de la “carrera”.

Lo que sigue es una pequeña guía de los padrinos y méritos que han llevado a estas 20 personas a ser parte del nuevo Consejo desde hoy.

Rafael Fernández Valverde. El magistrado más antiguo de los que componen el Consejo. Ya fue miembro con anterioridad por gracia y designio de Coalición Canaria. Ahora ha sido apoyado por Alberto Ruiz-Gallardón y el PP.

Gerardo Martínez Tristán. Llega de la mano directa de la secretaria general María Dolores de Cospedal. La esposa de este nuevo vocal es consejera de Fomento en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su elección ha causado teóricamente la dimisión del líder socialista en Madrid, Tomás Gómez, como senador por no haberle vetado Rubalcaba para el puesto.

Roser Bach. Esposa del conseller de Justicia de la Generalitat catalana, Germà Gordó, salpicado por el escándalo de las escuchas de Método 3. En medios judiciales llaman a esta elección el “pan amb tumaca” entre CIU y PSOE.

Victoria Cinto. Exviceconsejera de Justicia del gobierno autónomo vasco presidido por Patxi López que se cobra el favor a Pérez Rubalcaba y, paralelamente, a Antonio Camacho.

Fernando Grande-Marlaska. El ministro de Asuntos Exteriores le ofreció el cargo antes del verano en nombre del Gobierno, a raíz del secuestro de un familiar directo del juez en Colombia. Bendijo este ofrecimiento el propio Ruiz-Gallardón y su amigo Antonio Camacho en nombre del Partido Socialista.

Rafael Mozo. Llega al Consejo General del Poder Judicial por la intercesión directísima del exministro de Zapatero y exportavoz, el leonés José Antonio Alonso.

Juan Martínez Moya. Amigo personal del ministro de Justicia a quien ha hecho gran parte de la nueva demarcación judicial desde la presidencia el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Juan Fernández Martínez. Es el único gallego del nuevo “cotarro” judicial. Durante el pasado verano recibió en Pamplona la llamada del Ministerio para que hiciera “pronto” las maletas para la capital. Cuenta también con el apoyo de UPN y su presidenta Yolanda Barcina.

Wenceslao Olea. Es el menos “conectado” del nuevo Poder Judicial. Su elección se produce por exclusión para que no lo hiciera el candidato del Tribunal Supremo que presentaba la Asociación Profesional de la Magistratura.

Carmen Llombart. Ha sido impulsada por el muy influyente lobby valenciano del centro/derecha.

María del Mar Cabrejas. Esta juez de instrucción de Plaza de Castilla ha ascendido directamente de la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho. Todo el mundo ignora el por qué.

Clara Martínez de Careaga. Sólo se le atribuye el mérito de ser la esposa de Cándido Conde-Pumpido, un maestro en el arte de la conspiración en los medios judiciales.

Nuria Abad. Abogada de Estado. Amiga íntima de la vicepresidenta.

Vicente Guilarte. Directamente de la mano de Mariano Rajoy.

Maria Angeles Carmona Vergara. Secretaria Judicial colocada por Ruiz-Gallardón, protegida del exvocal Antonio Dorado.

Álvaro Cuesta. Exdirigente nacional del PSOE. Sobran indicar más ‘méritos’.

Pilar Sepúlveda. Amparada y propuesta por la presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Concepción Sáez. Cuota IU, viene de la mano del exvocal Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional.

Mercé Pigem. Abogada y militante de CIU. Exsenadora por esta formación política.

Enrique Lucas Murillo. Cuota PNV. Hermano de un magistrado del Tribunal Supremo, casado con una hermana del presidente del Senado, Pío García Escudero

Muy buen artículo de Clifford D. May. Lamentablemente, parecería que medio mundo es antisemita y el otro medio es estúpido. Hitler murió, pero su maligno espíritu está todavía flotando en el aire, especialmente en Europa. Por suerte, algunos políticos norteamericanos, especialmente en el Partido Republicano, todavía tienen sentido común.

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