El pasado día 24 Anwar M. Eshki, general retirado del Ejército saudí y director del Middle East Center for Strategic and Legal Studies, con sede en Yeda, se reunió en Jerusalén con autoridades del Gobierno israelí. Eshki se entrevistó con el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Dore Gold. La entrevista tuvo lugar en el hotel Rey David debido a su carácter informal. Además, Eshki se reunió con el general Yoav Mordejai, coordinador de las Actividades Gubernamentales en los Territorios.
Eshki encabezaba una delegación de hombres de negocios y académicos saudíes que viajaron a Israel para relanzar la Iniciativa de Paz Árabe, un plan presentado por Arabia Saudita en marzo de 2002 en Beirut, en plena Segunda Intifada, y que consiste en que los países musulmanes, del Magreb al Sudeste Asiático, ofrezcan reconocimiento diplomático a Israel a cambio de que este establezca sus fronteras en las líneas del armisticio de 1949, conocidas como “fronteras de 1967”.
El contenido de la Iniciativa de Paz Árabe ha evolucionado en el tiempo. Por ejemplo, ahora contempla el canje de territorios, una medida que aparecía en el plan Olmert de 2008. Aquel plan israelí proponía la consolidación dentro de las fronteras del país de localidades que albergaban al 75% de la población israelí de Cisjordania a cambio de entregar al futuro Estado palestino territorios israelíes equivalentes en superficie, tanto localidades israelíes de mayoría árabe como tierras de cultivo.
Otros detalles de la Iniciativa de Paz Árabe, como la división de Jerusalén o el retorno de refugiados palestinos y sus descendientes a territorio israelí, son considerados como no negociables por Israel. Sin embargo, los promotores de la iniciativa se han mostrado dispuestos a buscar alternativas, y la postura de Israel también ha variado, del pleno rechazo en el momento de su lanzamiento a una valoración positiva de que exista un acercamiento de los países árabes.
Si la Iniciativa de Paz Árabe, o el proceso de negociación en torno a ella, desembocara en un reconocimiento diplomático por parte de los países musulmanes que no lo han hecho sólo se formalizarían unas relaciones que, en el caso de Egipto y las monarquías árabes, son fluidas en el actual contexto geopolítico del Gran Oriente Medio (véase “Jordania y el ‘espléndido aislamiento’ de Israel”). Egipto y Jordania comparten con Israel la preocupación por la expansión del yihadismo en la región, mientras que los países del Consejo de Cooperación del Golfo tienen en Irán, al igual que Israel, a su principal enemigo.
En mi opinión, el principal problema de la Iniciativa de Paz Árabe es que trata de reeditar el espíritu de los Acuerdos de Camp David de 1979, unas grandes negociaciones entre Estados, cuando el mundo ha cambiado. En aquel entonces, la principal amenaza existencial de Israel eran los ejércitos convencionales de Egipto y Siria en el contexto de la Guerra Fría. Israel hizo la paz con Egipto renunciando a la profundidad estratégica que le proporcionaba la Península del Sinaí, que quedó desmilitarizada y monitorizada por una fuerza internacional de observadores militares.
Hoy, la principal amenaza a la paz en las fronteras de Israel son los ataques terroristas y los ataques con cohetes de grupos islamistas como Hezbolá y Hamás. La existencia de Hezbolá como grupo armado es un reflejo de la debilidad del Líbano como Estado y la falta de voluntad de la comunidad internacional de hacer efectiva la Resolución 1701, aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2006, que establece el desarme de todos los grupos armados del Líbano y que al sur del río Litani no debe haber más fuerza armada que el Ejército libanés y los cascos azules de la Unifil.
La Resolución 1701 establece también que no debe haber fuerza militar extranjera en el país sin consentimiento del Gobierno libanés. Este último mandato hace referencia, obviamente –en el contexto de la guerra del verano de 2006–, a Israel, que tuvo lugar seis años después de la retirada israelí del sur del Líbano (2000). Sobra decir que aquella retirada unilateral, en la que Israel renunció al territorio de la Franja de Seguridad, no trajo la paz.
Israel llevó a cabo otra retirada unilateral en el año 2005, con la Desconexión de Gaza. En un mundo ideal, los líderes palestinos habrían aprovechado tal ocasión histórica para dejar atrás medio siglo de conflicto y volcarse en el desarrollo económico y social de la Franja. Pero con Israel fuera de la ecuación, las dos principales facciones palestinas se lanzaron a un conflicto fratricida que concluyó con el control de facto de Gaza por parte de Hamás y la suspensión de la democracia palestina. Hoy, Mahmud Abás es presidente de la Autoridad Palestina como Alberto Fujimori lo fue de Perú después del autogolpe de 1992. Desde 2005 no hay elecciones presidenciales y desde 2006 no hay elecciones parlamentarias.
Hamás se niega a cumplir los tres principios del Cuarteto internacional apoyados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su Resolución 1850, de 2008: no reconoce el Estado de Israel, no asume los acuerdos firmados por la Autoridad Palestina y no ha renunciado a la violencia como instrumento político, siguiendo los principios de su Carta Fundacional, que establece como objetivo la destrucción de Israel.
La experiencia histórica de dos retiradas unilaterales que no trajeron la paz está muy marcada en la opinión pública israelí. Cuando allí se debate entregar territorios a cambio de paz, se plantea inmediatamente la pregunta de a quién y se señala la falta de interlocutores para la paz. Ni Hamás ni Hezbolá abogan por la coexistencia pacífica. La Autoridad Palestina es un actor débil (véase “Palestina como Estado fallido”) que no ejerce el monopolio de la violencia legítima en sus dominios y no tiene el control de Gaza, en mano de grupos yihadistas. A lo mejor en Occidente habría que preguntarse a qué actores del conflicto hay que presionar con boicots y sanciones para conseguir que avance la paz.
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