Las ayudas sociales son parte y parcela del estatismo europeo, y los inmigrantes suelen beneficiarse de las mismas. Algunos jihadistas, también. Tiempo atrás, la publicación española Libertad Digital ofreció llamativos ejemplos. Posiblemente el más emblemático sea el de Mohamed Emwazi y su familia, quienes abandonaron Kuwait tras la Guerra del Golfo, asentándose en Gran Bretaña en 1996. Todo el clan recibió asistencias sociales del estado británico que cubrieron los alquileres durante dos décadas, llegando a rozar los seiscientos mil euros en el período. Emwazi es más conocido por su apodo Jihadi John, el tenebroso islamista angloparlante del ISIS que decapitó a varios rehenes para su posteo en youtube. Uno de los terroristas que participó de los atentados en Paris en noviembre del año pasado, Bilal Hadfi, también recibió ayuda social para pagar su alquiler, en tanto que el belga Ibrahim Abdeslam -quien se inmoló en la sala Bataclan de la capital francesa y cuya ex esposa dijo de él que “apenas trabajaba, se dedicaba a dormir, ver películas, conectarse a internet, escuchar música rap y fumar marihuana”- recibía un subsidio para solventar el alquiler de la vivienda además de mil euros al mes. El diario El Mundo lo describió como “fiestero, divorciado, porrero hasta niveles preocupantes” y dueño de una empresa familiar que llegó a facturar cien mil euros anuales; cuando las autoridades cancelaron la ayuda oficial, “Ibarhím enloqueció y agredió a un consejal”.
Al considerar que en Europa residen cerca de diez millones de musulmanes, uno puede verse tentado de aducir que este puñado de casos no pasa el umbral de una muestra. Aun así, alerta a propósito de un problema real que requiere atención. Lo cual se agrava al recordar el lamentable récord europeo en el campo del patrocinio de organizaciones radicales, que puede verse cristalinamente en lo concerniente al conflicto palestino-israelí.
Francia, por ejemplo, respaldó económicamente a tres ONGs pro-Boicot Desinversión y Sanciones (Association France Palestine Solidarité, The International Federation for Human Rights, Catholic Committee Against Hunger and for Development-Terre Solidaire), las que promovieron un boicot contra la compañía telefónica Orange en Israel y triunfaron. Francia es dueña del 25% de Orange, lo que significa que Paris financió un boicot contra sus propios intereses. Algo parecido ocurrió con Holanda cuando ONGs patrocinadas por el estado holandés fomentaron un boicot a la Compañía de Agua de Israel, Mekorot. El pico de la ofensiva de estas ONGs pro-BDS ocurrió el mismo mes en que Holanda firmó un acuerdo de cooperación de desarrollo con Israel. España ha financiado a una serie de ONGs pro-BDS, como Al-Haq, el Comité para la Ayuda Agrícola Palestina y País Valencia, las que promovieron un boicot a Israel que España oficialmente rechaza.
También está el notorio caso de World Vision, una ONG caritativa cristiana global cuya sede en la Franja de Gaza desvió millones de dólares de donantes internacionales -varios de ellos países europeos- hacia las arcas del grupo terrorista Hamas, opositor a la paz entre israelíes y palestinos. La propia agencia de las Naciones Unidas para la protección de los refugiados palestinos de 1948 en adelante, UNRWA, es un emblema absurdo de esta realidad: durante las guerras de Hamas contra Israel, sus hospitales y escuelas se convirtieron en plataformas de lanzamiento de misiles y cohetes contra ciudades israelíes, sus ambulancias se transformaron en vehículos para transportar terroristas y sus jardines de infantes fueron usados como refugios para esconder a los combatientes palestinos. UNRWA es sostenida financieramente por los aportes de estados-miembro de la ONU, muchos de ellos europeos comprometidos con el proyecto de la paz palestino-israelí.
Nadie espera que Europa anule al Estado Benefactor que sin lugar a dudas ha asistido a grandes cantidades de inmigrantes honrados, ni que renuncie a su generosidad frente a organizaciones humanitarias que hacen el bien a diario, ni que deje de aportar a un organismo de la ONU que cuida a millones de refugiados palestinos criminalmente abandonados a su suerte por sus propios hermanos más de medio siglo atrás. Pero, ¿es mucho pedirle que no extienda su caridad a jihadistas decididos a conquistarla? ¿Ni a ONGs extremistas que sabotean la coexistencia palestino-israelí? ¿O que se asegure que sus donaciones no caigan en manos de militantes fundamentalistas? Si el pasado ha de ser una guía hacia esta respuesta, desafortunadamente parece que eso es mucho pedir.
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