El lunes [23 de septiembre], los cuatro hijos de un matrimonio conformado por un ciudadano norteamericano y una ciudadana israelí que fue asesinado por el grupo terrorista palestino Hamás en 2015 presentaron una denuncia contra el Kuveyt Turk Bank en un tribunal de Nueva York. Lo acusan de ayudar a Hamás a financiar sus ataques terroristas, acusaciones que es prácticamente seguro el banco rechace.
La demanda contra esta entidad bancaria que cumple lo consignado por la sharia y que cuenta con el Estado turco entre sus accionistas se produjo dos semanas después de que el Tesoro de EEUU sancionara a once entidades e individuos relacionados con Turquía por apoyar a Hamás y a otros grupos yihadistas. Las pruebas se acumulan: Turquía se ha convertido en un refugio para los facinerosos de la región.
Con el presidente Erdogan, Turquía ha devenido una jurisdicción permisiva para regímenes canallas y sus ilícitas operaciones financieras. Entre 2012 y 2015, Teherán confió en bancos turcos y en un comerciante de oro turco-iraní para sortear las sanciones norteamericanas en un momento en que Washington redoblaba sus esfuerzos para desbaratar las ambiciones nucleares de la República Islámica. Fue la mayor operación para la evasión de sanciones de la historia reciente.
De igual forma, el régimen del venezolano Nicolás Maduro viene recurriendo a compañías turcas implicadas en una red de lavado de dinero que realiza operaciones de venta de oro venezolano. El Gobierno de EEUU sancionó a dicha red el pasado julio.
Hay informaciones que apuntan a que un esbirro del régimen de Bashar al Asad sancionado por el Tesoro de EEUU posee una vasta red de empresas en Turquía que permiten a Siria evadir las sanciones estadounidenses.
Turquía también se ha revelado un indulgente anfitrión de terroristas. En abril, el Tesoro de EEUU sancionó a seis ciudadanos y una compañía de cambio de divisas turcos por su implicación en la financiación del Estado Islámico, lo que dejó de manifiesto que los terroristas del EI seguían operando en territorio turco bien entrado el año 2018.
Las fuerzas de seguridad turcas son conocidas por hacer la vista gorda ante los yihadistas, a los que los tribunales tratan con lenidad, de hecho a menudo los ponen en libertad antes de que vayan a juicio o les conceden la libertad provisional, en vivo contraste con el durísimo trato que reciben los disidentes laicos y demócratas.
Tras su derrocamiento en Egipto en 2013, la Hermandad Musulmana del país norteafricano estableció nuevas instituciones en Turquía. Junto con la propaganda islamista, los canales de televisión del movimiento han emitido amenazas de muerte contra funcionarios egipcios y contra extranjeros residentes en Egipto. Irónicamente, el Gobierno turco defiende la “libertad de expresión” de la Hermandad Musulmana mientras Erdogan silencia a la oposición local.
Turquía acosa y persigue con gran celo a grupos disidentes, a los que tacha de terroristas, mientras permite a auténticos terroristas de Hamás operar libremente en su territorio nacional. Saleh Aruri, comandante militar de Hamás responsable del secuestro y asesinato de tres adolescentes en la Margen Occidental (2014), lanzó esa operación desde suelo turco. El Tesoro norteamericano designó terrorista a Aruri en septiembre de 2015, y posteriormente estableció una recompensa para quien procurara información que facilitara su detención o captura.
Aruri es sólo uno de los numerosos miembros de Hamás que han operado en Turquía. En 2011 llegaron a Turquía diez operativos de Hamás liberados por Israel en un intercambio de prisioneros, y muchos de ellos siguen activos en el país euroasiático. Imad al Alami, enviado de Hamás a Irán incluido en la lista de terroristas de EEUU desde 2003, recibió tratamiento médico en Turquía en 2014 y siguió desarrollando sus actividades mientras convalecía.
La demanda en Nueva York contra el Kuveyt Turk Bank tiene el potencial de poner a prueba la impunidad turca. En 2016, la organización San Francisco de Asís demandó en California a ese banco turco y a su asociada Kuwait Finance House por, presuntamente, procesar donaciones para el Estado Islámico. Un juez federal desestimó el caso porque no pudo demostrarse que hubiera resultado dañado ciudadano norteamericano alguno.
En cambio, la demanda neoyorquina implica a ciudadanos norteamericanos. Los demandantes aducen que el banco está sujeto a la jurisdicción de Nueva York por utilizar cuentas bancarias domiciliadas en dicho estado para facilitar transferencias en dólares en favor de Hamás.
Ya está claro que la Turquía de Erdogan se ha convertido en una jurisdicción permisiva para las finanzas ilícitas y proterroristas. Pero este nuevo caso, en el que hay una víctima norteamericana, puede finalmente conseguir que el régimen turco haga frente a sus responsabilidades.
© Versión original (en inglés): FDD
© Versión en español: Revista El Medio
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