En días recientes fue noticia el testimonio en un tribunal del estado de la Florida, dado por el empresario canadiense Alan Bender, a través de una videoconferencia, sumando parte del juicio al jeque Khalid bin Hamad al-Thani, acusado de ordenar el asesinato de dos personas. En su declaración, Bender nombró a Ilhan Omar como un agente al servicio de Qatar e involucró a otros estadounidenses. Bender indicó que los qataríes escogieron a Omar porque, en líneas generales consideran que, cuanto más sucio es un historial, más fácil es que una persona se “venda”. Obviamente, Omar ha negado cualquier imputación.
Existen varias acusaciones en contra de esta nueva representante las cuales están siendo procesadas. La Junta de Finanzas de Campañas de Minnesota descubrió que Omar ha roto las reglas de campaña al usar indebidamente el dinero para viajes personales mientras era representante estatal. Hay indicios que ello lo viene haciendo desde la Cámara de Representantes.
Otro escándalo es el incremento de pagos a la compañía del asesor demócrata Tim Mynett, con quien tiene una aventura, según la demanda de divorcio de su esposa, la Dra. Beth Mynett. Omar y Tim Mynett han sido fotografiados juntos en eventos por todo el país, incluida una actividad del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, CAIR, a fines de marzo, precisamente en la que ella restó gravedad a los ataques terroristas del 11S al describir que “algunas personas hicieron algo”. También, el grupo Judicial Watch ha pedido al Comité de Ética de la Cámara de Representantes que investigue a Omar por presuntos delitos, incluido el fraude de inmigración.
Resulta de suma importancia el esclarecimiento de responsabilidades. En el caso de Ilhan Omar, sus frecuentes declaraciones y acciones incitando el odio antisemita demuestran, por lo menos, una línea ideológica.
Según testimonios, los qataríes han reclutado personas de ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, por lo que es ineludible que los partidos se revisen internamente de forma exhaustiva, inquieran a cada acusado y, de encontrar culpables, los expulsen y sancionen. El sistema democrático requiere transparencia y para ello, tanto los partidos como las instituciones deben recuperar su credibilidad y estar libres de sospechas.
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