Varios gobiernos europeos donaron fondos a organizaciones específicamente para combatir a Israel en foros legales internacionales, incluida la Corte Penal Internacional , que anunció la semana pasada que investigará los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y los palestinos.
Entre los gobiernos que financian la ley contra Israel a través de organizaciones palestinas e israelíes se encuentran Suiza, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Francia y la UE, encontró el grupo de expertos ONG Monitor.
El contrato entre el gobierno suizo y la Asociación Al-Dameer para los Derechos Humanos, con sede en Gaza, especifica bajo la categoría de «cabildeo, defensa y trabajo en red» que la ONG planea «proporcionar e informar a la CPI sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las IOF». «, Que significa» Fuerzas de ocupación de Israel «.
El contrato de Suiza con el Centro Palestino de Derechos Humanos con sede en Gaza enumera entre sus actividades planificadas «realizar comunicaciones con la oficina del Fiscal General de la CPI y otros mecanismos de litigio internacional», «enviar comunicaciones a los mecanismos de litigio internacionales», con la CPI mencionada específicamente «y» permitir que las víctimas y los testigos comparezcan ante los mecanismos de litigio internacional «.
Las medidas de éxito declaradas por PCHR incluyen el número de reuniones que tiene con el Fiscal General de la CPI, la cantidad de comunicación que tiene con los mecanismos de litigio internacional y el número de testigos que les envía.
Ambas organizaciones mencionadas tienen vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), que es un grupo terrorista designado en la UE, Estados Unidos, Canadá e Israel. Han celebrado eventos conjuntos en los últimos años, y el vicepresidente de la junta de PCHR es el ex líder del brazo militar del PFLP.
La organización Al Mezan recibió 450,000 euros de la UE en 2017-2020 y alrededor de 200,000 euros de los Países Bajos en 2018. La ONG mencionó «contribución a la aplicación de los mecanismos internacionales de derechos humanos» como uno de sus objetivos en su contrato con el Países Bajos. La organización solicita a los organismos jurídicos internacionales que busquen órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, entre otras campañas legales.
De 2014 a 2017, los gobiernos de Suecia, Suiza, Dinamarca y los Países Bajos financiaron la «Secretaría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario», destinada a apoyar «la documentación actual y futura y los esfuerzos de investigación de las OSC [organizaciones de la sociedad civil] con el fin de ayudar y apoyando mecanismos nacionales e internacionales «.
Todas las organizaciones mencionadas recibieron fondos de este consorcio, al igual que varias ONG israelíes, incluida B’Tselem, que «actúa principalmente para cambiar la política israelí en los Territorios Ocupados y garantizar que su gobierno … proteja los derechos humanos de los residentes allí y cumpla con su obligaciones en virtud del derecho internacional «.
B’Tselem recibió fondos de la Oficina de Representación de los Países Bajos en Ramallah, así como de una organización de la iglesia sueca llamada Diakonia, financiada por Suecia, los Países Bajos, Francia, Suiza y la UE, destinada específicamente para examinar las decisiones de la Corte Suprema de Israel.
Diakonia destinó fondos de 176,000 euros en 2018 y 87.000 NIS en 2019 para «examinar las decisiones de los tribunales» sobre los derechos humanos palestinos y las demoliciones de viviendas, respectivamente.
La financiación holandesa se destinó a un «informe sobre el papel de la Corte Suprema de Israel», uno de varios de B’Tselem en los últimos años, y sus documentos señalan que «B’Tselem se refiere regularmente a la Corte Suprema como uno de los principales mecanismos que permite la ocupación en curso y las violaciones de derechos humanos al otorgar legitimidad judicial a las políticas de Israel «.
Los Países Bajos también han financiado a Yesh Din por una suma de 160.930 euros en 2018. Yesh Din alega que los tribunales israelíes no pueden investigar las denuncias de irregularidades por parte del ejército o el gobierno israelí y presiona para que la CPI investigue los crímenes de guerra contra los funcionarios israelíes.
Esto es de particular relevancia para la investigación de la CPI, porque uno de los argumentos que Jerusalén ha presentado contra la autoridad del tribunal de La Haya para investigar a Israel es que tiene un poder judicial legítimo e independiente y que la CPI está destinada a enjuiciar a gobiernos en países donde ese no es el caso. caso. La CPI planea examinar esa afirmación.
Otra organización palestina profundamente involucrada en la lucha contra Israel en organismos legales internacionales es Al-Haq, financiada por la UE, Francia, Irlanda, Italia, Noruega y España.
El director de Al-Haq, Shawan Jabarin, fue condenado por reclutar y entrenar para el PFLP en 1985, y en 2009, la Corte Suprema de Israel descubrió que todavía está involucrado en sus actividades.
La organización, junto con el Centro Palestino de Derechos Humanos, se reunió con el Fiscal de la CPI en 2013 para acusar a Israel de «comisión generalizada y sistemática de crímenes internacionales y violaciones del derecho internacional», y ha continuado las comunicaciones con esa oficina en el posterior años, acusando repetidamente a Israel de crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén y Gaza.
Mientras tanto, algunas ONG israelíes dijeron que intentaron presentar el caso de Israel ante la CPI, pero fueron ignoradas.
La organización «My Truth», que representa a los reservistas de las FDI, publicó el domingo en su página de Facebook que envió a la CPI una queja con una extensa documentación de los «horrores perpetrados por organizaciones terroristas durante muchos años y los crímenes de guerra y su uso de civiles como escudos humanos» , pero nunca recibió una respuesta.
El presidente de la Asociación Internacional de Abogados Judíos, Meir Linzen, dijo al Canal 13 esta semana que el Fiscal Jefe de la CPI rechazó una reunión con él, en la que tenía la intención de «exponer los crímenes de guerra cometidos por los palestinos».
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