Las problemáticas lagunas en el juicio contra el Primer Ministro Binyamín Netanyahu

Cristina Kirschner, Donald Trump, Jair Bolsonaro y Binyamín Netanyahu tiene algo en común: Despiertan entre sus seguidores y opositores las pasiones más primitivas. Cuando se habla de ellos seres humanos que, a primera vista, parecen racionales y sopesados, se transforman en “hinchas de fútbol”.

Una de las manifestaciones de dicha vehemencia es cuando, desde el polo “Anti-Bibi” aseguran que Netanyahu es un Primer Ministro “corrupto”, en cuya contra penden tres inobjetables casos de “soborno” y “fraude y abuso de confianza”. Dicha acusación debería ser suficiente para obtener la renuncia del premier de la misma forma que el propio Netanyahu exigió el cese de Ehud Olmert cuando comenzó su proceso por recibir sobres con dinero en efectivo de Moshé Talansky.

Los “Bibistas” aducirán que como la izquierda no logra derrotar a Netanyahu en las urnas han gestado una alianza entre la fiscalía y el Asesor Legal del Estado (quienes pretenden destruir a quien boga por recortar su incomparable poder de decisión) y los medios de comunicación (clara y obsesivamente anti-Netanyahu) para provocar una renuncia del premier ante la mera imposición de la demanda.

El presente artículo NO ha sido redactado para quienes consideran que Netanyahu es un rey o semi-Dios que representa la pulcritud del mejor estadista de la historia… ni tampoco fue pensado para quien publica, traduce y disfruta artículos incitadores que demonizan al Primer Ministro, emulando a quienes gestaron la criminalización y posterior asesinato de Itzjak Rabin (como aquellos que publicaron el texto de Bradley Burston «Los judíos que Bibi odia”).

Quien escribe estas líneas ha votado en el pasado por Binyamín Netanyahu y no votará por él en las próximas elecciones de marzo 2021. Sin embargo, considero que el caso de Netanyahu es paradigmático de una fiscalía que ha llevado a juicio al ex Ministro de Justicia Jaim Ramón o al ex Ministro Yaakov Neemán al tratarse de dos políticos que cuestionaban abiertamente la integridad profesional de dicho ente de la justicia israelí. El modus operandi se muestra, como poco, preocupante. Se investiga a quien amenaza al sistema y a los que NO amenazan quedan impunes (por ejemplo, a Tzipi Livni o Yair Lapid que recibieron sistemáticamente coberturas mediáticas mimosas de parte de medios de comunicación interesados). El ministro acusado debe renunciar a sus cargos, eliminando la amenaza. Los protegidos por el sistema, mientras tanto, se preocupan por seguir perpetuando a los brazos judiciales y los medios de comunicación califican tales actitudes con el mote positivo “Los Porteros (de las normas) o Shomrei Ha-Saf”.

El proceso contra Jaim Ramón demostró ser un globo inflado mientras que en el caso de Yaakov Neemán se descartó la acusación. En el camino, ambos se vieron obligados a renunciar.

De acuerdo a la Ley Básica Memshalá – Gobierno (artículo 23), el Primer Ministro de Israel no está obligado a renunciar, incluso, si se le lleva a juicio. Lo normal o esperable hubiese sido que Binyamín Netanyahu renunciase a su cargo y, sin embargo, decidió salir a enfrentar la acusación en su contra y es ahora cuando comienzan a verse los argumentos concretos frente a tres jueces de la Corte Regional de Jerusalén.

Hasta el momento de iniciarse el juicio, los israelíes disfrutábamos de filtraciones interesadas y manipuladas de la Fiscalía, que utilizaban como difusores a dudosos periodistas como Aviad Glikman de Canal 13, cuya esposa trabajaba – durante sus informes – en la oficina de portavoces de la Fiscalía, u a otros tantos comunicadores activistas del campamento “Solamente no Bibi”.

Es importante recalcar un punto importante: Llevar a cabo un juicio paralelo (además, filtrando información tendenciosa) debería despertar denuncias judiciales por “Sub Judice”. Se trata de un negocio redondo. Los periodistas se benefician ya que reciben munición para demonizar a Netanyahu, diciendo que “Sub Judice” es algo passé (falso, rige en las leyes). La Fiscalía también se beneficia de las filtraciones para demostrar que poseen un caso sólido contra Netanyahu. Siendo así, no harán nada para romper esta alianza.

Binyamín Netanyahu hizo algo que no se esperaba de él. En vez de renunciar… se enfrenta a la Fiscalía en la corte. Puede que se confirmen las acusaciones de los casos 1000, 2000 o 4000 (o parte de ellas) y, si así ocurriese, deberá no solo renunciar sino quizás, deberá cumplir condena en prisión.

Netanyahu dirime su caso antes tres jueces profesionales y de gran prestigio. La presidente de la corte Rivka Fridman Feldman es la jueza que sentenció a Olmert por los sobres de Talasnky. Al comenzar el procedimiento, los jueces han sorprendido al evitar ser parte de la alianza clara entre una policía especialmente entusiasmada, la Fiscalía y la prensa.

El juicio se encuentra en una etapa preliminar. Sin embargo, van surgiendo sendos nubarrones que pueden perjudicar la posición de la Fiscalía:

1)      Para investigar al ciudadano “Primer Ministro” se debe solicitar una autorización escrita al Fiscal General del Estado en donde el mismo, y de forma escrita, establece los temas que serán investigados, las personas, las circunstancias, las limitaciones, etc. (artículo 17 Ley Básica Gobierno). La autorización no puede ser oral ni puede ser general. Los jueces le han solicitado a la Fiscalía dicha autorización, existiendo la sospecha que la Fiscalía no recibió la autorización indispensable por lo que salieron a pescar “Fishing”, interrogando testigos y buscando en ellos acusaciones incriminatorias contra Netanyahu (como se hizo con Uzi Arad en el 2016). De ser así, la Fiscalía estaría violando los derechos elementales del ciudadano Netanyahu lo que podría provocar la cancelación de parte de las acusaciones (o de toda). De acuerdo con la jurisprudencia fijada por el ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia Meir Shamgar (Hezbollah vs Policía de Israel) la autorización debe ser escrita y de antemano. Evidentemente, si algo así ocurre, los periodistas que inflaron el caso durante meses argumentarán que el proceso se canceló por un error procedural y no por un asunto “sustancial”. Los pro-Bibi confirmarán lo que de antemano creen… que el caso contra Netanyahu fue fabricado maliciosamente.

2)      En el caso 4000 se acusa a Binyamin Netanyahu de favorecer con regulaciones al empresario Shaúl Alovich en su empresa telefónica Bezek (fusión con Yes) a cambio que su otra empresa, la página de noticias ¡Walla! cubra de forma favorable la gestión del Primer Ministro. Este intercambio de favores provocó que la Fiscalía y el Asesor Legal del Gobierno acusen a Netanyahu por soborno (además de Fraude y Abuso de Confianza). Para que exista soborno debe existir un Matat (una compensación o un pago) que recibió el sobornado y, a la par, el sobornado debe brindar algo. La primera función de la Fiscalía será demostrar que los beneficios regulatorios favorables a Alovich fueron obra de Netanyahu y no de los profesionales en la materia (el pago de Netanyahu). Luego, la Fiscalía debería demostrar que el acusado recibió un Matat. Argumentar, como hacía la Fiscalía, que el Matat es buena cobertura sería una innovación legal desconocida en la jurisprudencia. Todos los políticos desean una buena cobertura mediática por lo que determinar que eso es un pago para un soborno conllevaría una innovación legal desconocida (y preocupante). En diciembre del 2020 la Fiscalía modificó la carta de acusación diciendo ahora que el pago se tradujo en una “aceptación desproporcionada” de la exigencia de Netanyahu para que cubran su gobierno de forma positiva.  La defensa pidió una lista completa de las veces que Binyamín Netanyahu pidió esto para desglosar las acusaciones afirmando, en el camino, que parte de los pedidos fueron parte del trabajo cotidiano del encargado de prensa del Primer Ministro y otras, fueron pedidos de su esposa Sara. Por último, se debería demostrar que la intervención de Netanyahu provocó un cambio directo en la publicación.

3)      En el caso 1000 también surgen ciertas dudas legales importantes. Por ejemplo, la Fiscalía argumenta que Netanyahu recibió regalos por valor de un millón de shekel y eso es Abuso de Confianza. Sin embargo, en el Derecho Penal no puedes acusar a Binyamín Netanyahu por los regalos (collares o champaña) que recibió su esposa Sara. Fuera de eso, un primer ministro puede, legalmente, recibir regalos de amigos (se puede ver mal, pero no deja de ser legal).

En los tres casos (1000, 2000 y 4000), la Fiscalía acusa a Binyamín Netanyahu de “Fraude y Abuso de Confianza” (Hafarat Emunim) que de acuerdo al artículo 284 del Código Penal (1977) establece: “Un empleado público que, en el desempeño de sus funciones, cometa un acto de fraude o abuso de confianza que perjudique al público, incluso si no cometió un delito si se cometió contra una persona, será sancionado con prisión de tres años”. El problema es que no queda claro cómo se interpreta esto. El profesor Daniel Friedman afirma que el delito de abuso de confianza es, de hecho, un «delito canasta» y, debido a la ambigüedad de su definición, la Fiscalía del Estado puede, a su discreción, adjuntar el delito a cualquier acusación y así engrosar los cargos. En otro lugar, Friedman calificó el abuso de confianza como una «causa abstracta» y una «piedra angular en la lucha contra las figuras públicas». El profesor Boaz Sanjeru afirma que «nadie sabe, ni siquiera los jueces de la Corte Suprema», qué es realmente un acto de engaño y abuso de confianza que perjudica al público. «Esta es una mala legislación que debería haber sido derogada hace unas siete décadas».

He presentado en este artículo una serie de problemas que se van descubriendo en las acusaciones contra Binyamín Netanyahu. Puede que la Fiscalía demuestre ante los jueces de Jerusalén que sus causas contra el Primer Ministro son contundentes.

Seré el primero en felicitar el trabajo de la Fiscalía en Israel. Por el momento, sería prudente escribir sobre los casos contra Netanyahu con cautela.

Mi agradecimiento al abogado León Amiras por su asesoramiento.