La decisión de la Corte Penal Internacional de investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza, la Ribera Occidental y Jerusalén Este carece de fundamento pero sigue siendo peligrosa. La CPI es otra muy politizada institución de la ONU, no un verdadero tribunal de justicia. La decisión como la conducta del fiscal han violado las propias reglas del Tribunal. La CPI también está tratando de investigar a Estados Unidos por presuntos crímenes de guerra en Afganistán. Israel y Estados Unidos deberían coordinar una campaña intensiva para deslegitimar a la Corte y garantizar que el próximo fiscal, que está programado para comenzar a prestar servicio este verano, sea profesional, ético y honesto.
La decisión de la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI) de investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza, la Ribera Occidental y Jerusalén Este no tiene fundamento, pero sigue siendo peligrosa y debe ser frustrada. No tiene fundamento porque solo los Estados soberanos pueden presentar quejas ante la Corte y Palestina no es un Estado soberano. La CPI solo puede investigar a los países que han firmado el Estatuto de Roma, que estableció la Corte. Israel, junto con EE. UU. y otros 70 países, no se unieron a la CPI precisamente porque sospechaban que sería otro organismo de la ONU altamente parcializado y politizado. Eso es exactamente lo que resultó ser.
Además, la CPI se fundó en 2002 para investigar crímenes graves de lesa humanidad y crímenes de guerra, como el genocidio, cometidos por países que no estuvieran investigando los crímenes de guerra de sus propios ciudadanos. Israel es una democracia vibrante con un poder judicial independiente que investiga las violaciones de las leyes de la guerra. El caso israelo-palestino no cumple ninguna de estas condiciones. La decisión de permitir la investigación y el enjuiciamiento de israelíes es, por tanto, una flagrante violación de las propias reglas y procedimientos de la CPI.
La CPI es un pseudotribunal político. Ignora los crímenes de guerra y las atrocidades más graves del mundo actual, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria por el régimen de Assad, Rusia e Irán. No tiene en cuenta los crímenes de guerra rusos en Chechenia y Crimea y los de los hutíes y saudíes en Yemen.
La decisión de la CPI es peligrosa para Israel porque la Corte está autorizada a investigar solo a personas y no a países. Tras la decisión, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, puede convocar a primeros ministros, ministros de Defensa, oficiales militares de alto rango y funcionarios israelíes para interrogarlos. Si se niegan a comparecer, como es probable que hagan, ella puede emitir órdenes de arresto. Teóricamente, cualquiera de los 122 estados miembros de la CPI está obligado a obedecer las órdenes y extraditar a esas personas a la Corte. (Sin embargo, la emisión de órdenes de arresto requiere la aprobación de la Corte. La decisión establece que este asunto se discutirá por separado más adelante y requerirá solicitudes razonadas y bien fundamentadas de la fiscalía).
La fiscal Bensouda no entra en este asunto con las manos limpias. Se desempeñó como ministra de Justicia de Gambia y respaldó un tiránico régimen que violaba sistemáticamente los derechos humanos. Según el testimonio de los funcionarios de la Autoridad Palestina, incluido el difunto jefe negociador Saeb Erekat, ella les aconsejó cómo solicitar la admisión al Estatuto de Roma y cómo presentar una demanda contra Israel. Las reglas de la CPI requieren que la fiscal se comporte de manera profesional, objetiva y ética. Bensouda violó estas reglas, pero el Tribunal no tomó ninguna medida disciplinaria contra ella.
A la luz de la disputa legal sobre si la CPI tiene jurisdicción sobre los Territorios Palestinos, Bensouda solicitó a un panel previo al juicio de tres jueces la autorización para llevar a cabo la investigación. Manipuló el panel preguntando solo si Palestina es un Estado o no. El juez que preside el panel, Péter Kovács de Hungría, escribió una opinión minoritaria rechazando la mayoría de los argumentos de Bensouda y dictaminando que la Corte no tenía autoridad para investigar a Israel. Los otros dos jueces, Reine Alapini-Gansou de Benin y Marc Perrin de Brichambaut de Francia, pensaron lo contrario.
En 2020, un panel de jueces diferentes de la CPI previo al juicio autorizó a Bensouda a investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. La Administración Trump atacó la decisión, denunció a la Corte y a la fiscal, revocó su visa y amenazó con más sanciones contra ella y los jueces si se atrevían a investigar a Estados Unidos o a Israel.
El momento del anuncio de la decisión de la Corte proporciona una prueba adicional que la CPI es una institución de la ONU politizada y parcial. Se suponía que la CPI publicaría su decisión a mediados de julio de 2020, pero la pospuso hasta después de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y el esperado cambio de la administración de Donald Trump a Joe Biden. Los líderes de la Corte anticiparon que la respuesta de la Administración Biden sería más moderada que la de Trump. Pero si Biden opta por no hacer nada, es probable que la Corte también investigue a Estados Unidos.
La fiscal Bensouda termina su mandato en junio. Puede estar satisfecha con haber obtenido autorización para llevar a cabo la investigación de Israel y probablemente no la comenzará realmente. Su sucesor está a punto de ser elegido. La Corte y los palestinos quisieran nombrar a alguien como Bensouda, pero Israel y Estados Unidos deben actuar enérgicamente para garantizar que, en contraste con esa figura sesgada, el nuevo fiscal sea un funcionario profesional, imparcial, honesto y justo. Si se designa a persona así, es poco probable que investigue a Israel o a Estados Unidos.
Los dos aliados deben movilizar a todos los países que, antes de las deliberaciones del panel previo al juicio, presentaron informes a la CPI contra la solicitud de Bensouda de investigar a Israel, en particular Alemania, Hungría, Australia, Canadá, la República Checa y Brasil. Estos países deberían unirse a Estados Unidos e Israel para protestar contra la decisión de la Corte y apoyar la designación de un candidato adecuado para el cargo de fiscal. Israel debería pedir al Congreso de los Estados Unidos que condene la decisión de la CPI y que advierta contra cualquier investigación de Estados Unidos o Israel. Estados Unidos e Israel también deberían llevar a cabo una campaña de diplomacia pública mundial para deslegitimar y disuadir a la CPI.
Eytan Gilboa ha sido profesor de Ciencias Políticas y Comunicación en la Universidad Bar-Ilan y es investigador asociado senior en el Centro BESA de Estudios Estratégicos. Recientemente publicó un análisis crítico del proceso que condujo a la decisión de la CPI, «La campaña palestina contra Israel en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», en Israel Affairs.
Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron
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