La Corte Penal Internacional fue creada el 17/7/1998 en la Ciudad de Roma, Italia, por un instrumento denominado “Estatuto de Roma”, durante la “Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional” y este instrumento constitutivo se ratificó el 1/7/2002. Me referiré de acá en adelante a la Corte Penal Internacional como la CPI.
Tanto Israel como EE.UU. firmaron el Tratado o Estatuto de Roma pero no lo ratificaron, de manera tal que estos dos países no están legalmente sometidos a esta CPI.
Solo pueden estar sometidos a las resoluciones de la CPI los países que hubieran firmado y ratificado la adhesión a dicho organismo y Tratado. O sea que tiene jurisdicción sobre los países miembros de dicho Tratado y sobre los eventos que pudieron tener lugar en los países miembros.
De manera tal, los territorios o administraciones de cualquier tipo que no estén constituídos de acuerdo a las reglas internacionales como “PAÍSES” no pueden solicitar investigaciones sobre otros países, menos aún cuando los países a los cuales se les pretende investigar no son tampoco miembros de dicho Tratado. La CPI también podría intervenir en la investigación de denuncias que le hubieren sido formuladas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de acuerdo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas pero el Consejo de Seguridad de la ONU no realizó denuncia alguna al respecto. Enfatizo estos conceptos jurídicos porque la CPI, cuya fiscal general actual es la Sra. Fatou Bensouda, accedió a investigar la posible comisión de crímenes de guerra cometidos presuntamente por Israel en Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y Cisjordania, y que fueran denunciados por la Autoridad Palestina oportunamente en total violación descarada de todo el cuerpo jurídico de la Corte Penal Internacional.
En definitiva y contrariando toda lógica jurídica constitutiva de este Organismo, decide abrir la investigación sobre Israel, acerca de estos presuntos crímenes de guerra cometidos por este país haciendo gala no solo de un desvío jurídico, sino también de un anti-israelismo y antisemitismo evidentes, utilizando a la CPI como un arma política contra el Estado de Israel, cuya democracia, respeto por los derechos humanos y por el orden jurídico está mas allá de toda duda. Es importante señalar que su antecesor en el cargo de Fiscal General, el argentino Luis Moreno Ocampo, rechazó oportunamente considerar a Palestina como país, ya que no es tarea de la CPI definir si es o no un país, sino que esa es una tarea de los órganos políticos de las Naciones Unidas. La Fiscal General ha estado en la CPI en los últimos 8 años, pero anteriormente se desempeñó como Fiscal en el Gobierno de Gambia cuyo presidente durante 22 años fue Yahya Jammeh, quien dirigió dicho país con mano de hierro y nunca pudo explicar las circunstancias del asesinato del periodista Deyda Hydara (1) en el año 2004. También encarceló a varios miembros del servicio de seguridad acusándolos de conspiración para derrocarlo y detuvo opositores y periodistas, tarea que fue ejecutada por los servicios de inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia de Gambia. Por lo tanto, la actual Fiscal General de la CPI proviene de un país (Gambia, en el que actuó como Fiscal, entre otros cargos), en el que los derechos humanos que ahora falsamente pretende defender eran una quimera y nunca se la conoció denunciando estos horrores en Gambia. Precisamente ella se viene a arrogar el derecho de investigar a Israel en cuyo país el respeto por los derechos humanos son un ejemplo del cual debería ella misma aprender. La fiscal Bensouda proviene de una familia musulmana y ejerció entre los años 1987 y 2000 en Gambia los cargos de Consejera de Estado, Fiscal General, Directora Adjunta del Ministerio Público, Procuradora General, Secretaria Jurídica de la República, Fiscal General y Ministra de Justicia. Durante esa extensa trayectoria en Gambia hubieron muchas denuncias de violación a los derechos humanos y esa Fiscal no pudo sino ser cómplice en las violaciones cometidas por el régimen de Yahya Jemmah.
El portal periodístico Periodista Digital (2) en un artículo del 13/10/2020 firmado por el Sr. José Antonio Puglisi (3) realiza una denuncia que podría acabar “con la trayectoria de Fatou Bensouda”. Ella es señalada en dicho artículo de “paralizar las investigaciones sobre el caso de Venezuela y ser cómplice de Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad”. Ello es así porque la fiscal no realizó ninguna acción para investigar los hechos denunciados y dar con sus culpables, a pesar de las pruebas e informes de organismos internacionales (la propia ONU con el Informe Bachelet). Existe en Venezuela también un “Comité Internacional contra la impunidad en Venezuela” (CICIVEN), que solicita realizar una investigación en contra de Fatou Bensouda a la que califica como amiga íntima de Tareck El Aissami quien es un poderoso integrante del gobierno de Venezuela y prófugo de la justicia norteamericana por narcotraficante, musulmán de origen sirio. Esta denuncia, CICIVEN la dirigió al Presidente de la mesa de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional, juez O-Gon Kwon, para “que actúe de oficio e investigue la falta grave de la fiscal”. Dicha fiscal Bensouda también realizó tareas extrañas a la CPI, ya que ella intervino en forma privada en el cobro de mas de u$s 50.000.000 (dólares estadounidenses), que estaban congelados en el banco NBD (National Bank of Dubai), junto a su marido, y el Estatuto de Roma y las reglas de procedimiento prohíben el ejercicio profesional habitual.
Esta es la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional. Una vergüenza y desgracia internacional.
(1)-Deyda Hydara: Cofundador del periódico independiente de Gambia, “The Point”, desaparecido por el régimen de Yehya Jammeh el 16/12/2004. También fue corresponsal de Periodistas Sin Fronteras en Gambia por mas de 30 años.
(2)-Periodista Digital. Portal periodístico español.
(3)-José Antonio Puglisi, periodista del portal Periodista Digital. Reconocido por la Asamblea Nacional de Venezuela por defender la libertad de expresión.
Dr. Alberto Ruskolekier
Periodista-Escritor- Analista Internacional
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