Por Israel
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| lunes junio 7, 2021

Refutando la acusación que los asentamientos israelíes son un crimen de guerra

La afirmación del fiscal de la Corte Penal Internacional que Israel ha cometido un crimen de guerra al “facilitar el traslado de civiles israelíes a Cisjordania desde el 13 de junio de 2014” no cumple con los criterios centrales establecidos en el estatuto de la Corte, en cuanto a gravedad, relevancia y seriedad.


Foto: Fatou Bensouda

El anuncio de la Fiscal Jefe de la CPI, Fatou Bensouda, de su decisión de abrir una investigación de crímenes de guerra contra el personal militar y político de Israel, de conformidad con las remisiones palestinas, involucra dos supuestas esferas de actividad.

El primero se refiere a acusaciones  que el ejército de Israel cometió crímenes de guerra durante el curso de la «Operación Margen Protector» contra la Gaza gobernada por Hamas en 2014, incluido lo que el Fiscal describe como «lanzar intencionalmente ataques desproporcionados, homicidio intencional, causar deliberadamente lesiones graves y dirigir ataques contra objetos o personas que utilicen los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra «.

Además, la investigación incluye denuncias  que el ejército de Israel cometió crímenes de guerra en 2018 por lo que la Fiscal describe como un «uso desproporcionado de la fuerza que se eleva al umbral de un crimen internacional» para dispersar manifestaciones a lo largo de la valla fronteriza de Gaza.

La segunda esfera de la actividad israelí es el supuesto crimen de guerra de «facilitar el traslado de civiles israelíes a Cisjordania desde el 13 de junio de 2014».

 

El análisis a continuación refuta la acusación de los palestinos y de la fiscal Bensouda de la CPI  que los asentamientos de Israel son un crimen de guerra.

Acciones militares en la esfera de Gaza

Como ocurre con todas las acciones militares del ejército de Israel, la proporcionalidad y la necesidad de cualquier acción con respecto a Hamas en Gaza son debidamente analizadas e investigadas por las autoridades legales civiles y militares de Israel.

Todas las denuncias específicas de conducta indebida, ya sea por parte de los comandantes o de los soldados durante el transcurso de una acción militar de ese tipo, son, por supuesto, investigadas por las autoridades investigadoras responsables y apropiadas, ya sea en el sistema jurídico civil o militar de Israel.

De la misma manera, las sospechas de mala conducta, violación de órdenes o comisión de crímenes de guerra, si se determina que están bien fundadas, se remiten a las autoridades legales correspondientes para su procesamiento judicial, ya sea dentro del sistema de justicia militar de Israel o si dentro del sistema legal civil de Israel.

Como tal, se puede suponer que se aplicaría el principio de complementariedad, establecido en los artículos 17 y 53 del Estatuto de la CPI, según el cual las denuncias se consideran inadmisibles si son debida y debidamente investigadas o enjuiciadas por el Estado que tiene jurisdicción. en relación con las denuncias palestinas sobre las hostilidades en la zona de Gaza.

Política de asentamientos de Israel

El presunto crimen de guerra, como señaló la Fiscal de la CPI en su anuncio sobre la apertura de una investigación, está «facilitando el traslado de civiles israelíes a Cisjordania desde el 13 de junio de 2014».

Antes de entrar en una discusión sobre si la política de asentamientos de Israel puede ser considerada un crimen según el estatuto de la CPI, es necesario analizar la disposición de transferencia que el estatuto enumera como crimen.

 

Transferencia como crimen de guerra

La acción de trasladar partes de una población civil a un territorio ocupado está incluida en el título general de “crímenes de guerra” en virtud del artículo 8 del estatuto de la CPI.

Los criterios primordiales para todos los crímenes de este tipo enumerados en el artículo 8 se establecen en su primer párrafo, que determina que “La Corte tendrá jurisdicción con respecto a los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o en gran escala comisión de tales delitos «.

El criterio general de calificación y primordial para todos los crímenes de guerra enumerados en el artículo 8, incluido el de traslado de población, es que deben haber sido «cometidos como parte de un plan» o «como una comisión a gran escala».

El estatuto no contiene una definición del término «plan» ni una determinación sobre el tamaño, extensión o escala de dicho plan, ni define las proporciones relativas de lo que constituye la «comisión a gran escala de tales delitos».

Otro criterio de calificación para determinar si un delito es admisible o no, el de la «gravedad» de un delito, se establece en el artículo 17 (1) (d) del estatuto, que se refiere a un caso que «no es de gravedad suficiente para justificar nuevas acciones de la Corte «.

Este concepto de «gravedad» es de hecho uno de los componentes básicos y esenciales de los objetivos y propósitos de la Corte. Esto se ilustra en las disposiciones del preámbulo y en el primero, el artículo 1 de apertura del estatuto que establece el tono y el carácter de la Corte como un cuerpo jurídico establecido para hacer frente a “atrocidades inimaginables que conmocionan profundamente la conciencia de la Humanidad”.

En estas disposiciones iniciales del estatuto de la CPI, los Estados Partes reconocen que «crímenes tan graves amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo» y afirman que «los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impune «.

Por tanto, parecería evidente que tales criterios de calificación y predominio del delito de traslado excluirían, lógicamente, cualquier acción que  no  forme parte de un plan, que  no se  cometa a gran escala o que no tenga   la gravedad suficiente. . Esto en la medida en que dicha acción sería, necesariamente, una acción individual o de menor escala que no alcanzaría el nivel o escala requerida o relativa como se pretende aplicar en este artículo.

A la luz de lo anterior, es muy poco probable que la presunción y alegación de Bensouda que «facilitar el traslado de civiles israelíes a Cisjordania desde el 13 de junio de 2014» pueda considerarse un crimen de guerra dentro de los criterios de calificación establecidos en el Estatuto, de ser «parte de un plan» o realizado «a gran escala», o «de suficiente gravedad como para justificar nuevas acciones de la Corte».

Claramente, la política de asentamientos de Israel, basada en iniciativas o incentivos individuales para quienes desean establecerse en una zona en particular, y que en cualquier caso se lleva a cabo en una escala relativamente menor, no puede considerarse que cumpla con los criterios anteriores.

Esto si lo comparamos especialmente  con los graves y masivos proyectos  a gran escala de traslado forzado de población y el reasentamiento de millones de personas cometidos tanto durante la Segunda Guerra Mundial, como la transferencia en masa de poblaciones llevado a cabo en los últimos años por parte de Rusia en Georgia y Ucrania, Turquía en el norte de Chipre, Indonesia en Timor Oriental, Marruecos en el Sáhara Occidental, Siria en el Líbano, Vietnam en Camboya, Armenia en Nagorno-Karabaj y otros lugares.

Como ocurre con todas las acciones militares del ejército de Israel, la proporcionalidad y la necesidad de cualquier acción con respecto a Hamas en Gaza son debidamente analizadas e investigadas por las autoridades legales civiles y militares de Israel.

Todas las denuncias específicas de conducta indebida, ya sea por parte de los comandantes o de los soldados durante el transcurso de una acción militar de ese tipo, son, por supuesto, investigadas por las autoridades competentes, responsables y apropiadas, ya sea en el sistema jurídico civil o militar de Israel

 

¿Puede la actividad de asentamientos de Israel considerarse un crimen de guerra?

Israel no considera que las actividades de asentamiento de ciudadanos israelíes en las zonas de Judea y Samaria en la Ribera Occidental constituyan una violación de la ley, ya que el derecho internacional sanciona específicamente el uso, por parte de una potencia administradora u ocupante, de activos no privados en el territorio, pendiente de una resolución acordada sobre el estatuto permanente del territorio.

Como administrador y usufructuario de tierras y propiedades públicas en los territorios que quedaron bajo su control en 1967, y en espera de una resolución pacífica del estatus permanente de los territorios como se pide en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y en los acuerdos entre Israel y los palestinos, Israel sostiene que puede utilizar legítimamente cualquier tierra  de propiedad estatal o pública que no sea de tinte privada, incluso con el propósito de asentamiento legítimo por parte de ciudadanos israelíes.

Israel ha sostenido sistemáticamente que la prohibición del traslado de partes de una población civil al territorio, establecida en el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra (1949), en la medida en que dicha disposición tenía por objeto prohibir los traslados masivos y forzosos de poblaciones cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, nunca ha sido aplicable a la práctica de Israel de permitir asentamientos en el territorio.

Además, la Convención nunca fue aplicable a los territorios que quedaron bajo la autoridad de Israel en 1967 porque no fueron tomados de un poder legítimo, ya que el Reino Hachemita de Jordania nunca había sido reconocido internacionalmente como el poder soberano sobre el territorio. Además, Jordania renunció formalmente y entregó todos los reclamos de soberanía y rompió los lazos administrativos con el territorio en 1988.

 

Manipulación de la disposición de transferencia en el estatuto de la CPI

Otros factores de calificación que limitan el alcance y la naturaleza de los crímenes de guerra enumerados en el estatuto de la CPI aparecen en el encabezamiento [introducción] del párrafo 2 (b) del artículo 8, que determina que los 26 crímenes enumerados en el párrafo 2 (b), incluido el delito de “traslado” enumerado en el inciso viii, deberá ser “graves violaciones a las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales, dentro del marco establecido del derecho internacional”.

Estos calificativos de la gravedad de las violaciones de las leyes y costumbres de los conflictos armados internacionales, por un lado, y su estar dentro del marco establecido del derecho internacional, por otro, limitan aún más la relevancia del delito de traslado atribuido a Israel.

El criterio de gravedad está cubierto por el supuesto antes señalado que tal acción no podría considerarse que entra en el criterio de gravedad establecido por el artículo 17 del estatuto de la CPI.

Además, el crimen atribuido a Israel en el inciso viii) del apartado b) del párrafo 2 de «traslado, directa o indirectamente, por parte de la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio que ocupa» no puede considerarse un delito «dentro de el marco establecido del derecho internacional «.

El «marco establecido del derecho internacional» en el que se basa el apartado b) viii del párrafo 2 del artículo 8 no incluye las palabras «directo o indirecto», que se agregaron deliberadamente al texto durante la redacción de la Convención de Roma de 1998, como una manipulación política de algunos estados árabes dirigida específicamente a las políticas de asentamiento de Israel.

El artículo 49 (6) del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, la disposición legal central utilizada para evaluar la legalidad de la actividad de asentamiento de Israel y la fuente de la disposición de transferencia, se considera de hecho parte del «marco establecido del derecho internacional». Se redactó como respuesta a los traslados masivos y forzosos de poblaciones realizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En el comentario oficial de la Comisión Internacional de la Cruz Roja (CICR) al IV Convenio de Ginebra, editado por Jean S. Pictet, se afirma que este artículo “tenía por objeto impedir una práctica adoptada durante la Segunda Guerra Mundial por determinadas Potencias, que transfirió porciones de su propia población al territorio ocupado por razones políticas y raciales o para, como decían, colonizar esos territorios. Tales transferencias empeoraron la situación económica de la población nativa y pusieron en peligro su existencia separada como raza ”.

Por tanto, el párrafo 6 del artículo 49, en la medida en que pueda considerarse que refleja el derecho internacional establecido, no puede considerarse aplicable a las actividades de asentamiento de Israel.

El texto del Cuarto Convenio de Ginebra no contiene las palabras «directa o indirecta» en el contexto de su disposición de transferencia, ya que la intención detrás del artículo era claramente abordar las acciones graves, graves e indignantes cometidas por los nazis en Europa, y para prohibir la repetición de tales actividades.

El intento de manipular la terminología del estatuto de la CPI adaptando deliberadamente el texto de la disposición de transferencia a fin que se aplique explícitamente a la actividad de asentamiento de Israel desafía claramente el criterio aceptado y universalmente entendido que tal crimen se encuentra “dentro del marco establecido del derecho internacional . »

Los Acuerdos de Oslo como fuente de autoridad legal

Si bien Israel mantiene arraigados reclamos indígenas, históricos y legales sobre los territorios, tanto Israel como los palestinos están comprometidos a negociar el estatus permanente de los territorios, según lo acordado en los Acuerdos de Oslo de 1993-5 universalmente reconocidos entre Israel y la OLP.

Esto también se acordó en el intercambio de cartas de 1993 entre el jefe de la OLP, Yasser Arafat y el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, en el que la OLP se comprometió con el proceso de paz de Oriente Medio y declaró que todas las cuestiones pendientes relacionadas con el estatus permanente “se resolverán mediante negociaciones. »

Estos acuerdos establecieron un régimen jurídico sui generis —una lex specialis— que determinaba la administración compartida de los territorios, a la espera que concluyera la negociación entre ellos de un acuerdo de estatuto permanente. Los acuerdos están refrendados por Estados Unidos, la Unión Europea, Egipto y Noruega y han sido respaldados por Naciones Unidas.

Los Acuerdos de Oslo determinan que el tema de los asentamientos es un “tema de negociación de estatus permanente”, junto con temas como las fronteras, los refugiados, el agua, la seguridad y Jerusalén. En espera de tal acuerdo de estatus permanente, los acuerdos permiten que cada parte participe en actividades de planificación, zonificación y construcción en las áreas bajo su control.

Cualquier actividad de asentamiento de ciudadanos israelíes en los territorios está estrictamente regulada y supervisada por las autoridades militares, civiles y judiciales de Israel a fin de garantizar que se lleve a cabo estrictamente de acuerdo con las normas internacionales, así como con los requisitos legales establecidos en los reglamentos de planificación y zonificación. y no viola los derechos de propiedad de los residentes palestinos locales del territorio.

Cualquier violación de tales reglas, incluida la violación de la prohibición de confiscación o incursión en tierras y propiedades que sean de propiedad privada por residentes locales de los territorios, o la construcción en violación de las reglas de planificación y zonificación, se investigan debidamente. Según sea necesario, estos casos se llevan ante los tribunales de Israel, incluido el Tribunal Supremo, que tiene una larga historia de jurisprudencia en la que se revisan las violaciones y se ordena la evacuación o demolición y la indemnización.

Dicha supervisión, investigación y, según sea necesario, enjuiciamiento por parte de las instituciones legales de Israel, de las violaciones de la ley y los reglamentos en el contexto de las actividades de asentamiento por parte de los israelíes, cumple la condición de complementariedad establecida en el artículo 17 del estatuto de la CPI.

La Comisión Edmond Levy de 2012 

Un factor adicional y no menos vital que asegura el monitoreo de la legalidad de la construcción de asentamientos y, por lo tanto, el cumplimiento de la condición de complementariedad de la CPI, apareció en las conclusiones y recomendaciones de la “Comisión Edmond Levy para examinar el estado de la construcción en los territorios” de 2012, la términos de referencia de los cuales reafirmó desde el principio la determinación del gobierno  que:

“Como regla general, se eliminarán las construcciones ilegales situadas en terrenos privados y, al mismo tiempo, los niveles profesionales apropiados [actuarán] para regular el estado de planificación de las estructuras ubicadas en terrenos estatales”.

La comisión recomendó, entre otras cosas, medidas para garantizar la existencia de procedimientos adecuados para aclarar cuestiones relacionadas con cuestiones inmobiliarias en las zonas, incluidas las disputas sobre la propiedad de la tierra, de conformidad con los principios de justicia y equidad dentro del sistema judicial y administrativo israelí, teniendo en cuenta  las leyes aplicables en el área.

La comisión determinó que todas las acciones relacionadas con la construcción de asentamientos, incluso en los niveles políticos más altos, solo deben llevarse a cabo de conformidad con la ley y con la debida y debida prontitud y decisión a fin de garantizar el pleno cumplimiento de la ley.

Conclusión

La alegación de la Fiscal Bensouda de la CPI  que ciudadanos israelíes han cometido crímenes de guerra al «facilitar el traslado de civiles israelíes a Cisjordania desde el 13 de junio de 2014» no cumple con los criterios fundamentales y primordiales establecidos en el estatuto de la CPI, en cuanto a  relevancia y gravedad.

La acusación no cumple con el criterio de admisibilidad del Estatuto de la CPI de complementariedad en la medida en que las instituciones judiciales y de investigación de Israel mantienen una supervisión estricta de las actividades de construcción en los territorios y, cuando es necesario, los infractores son procesados.

Como tal, las alegaciones de la Fiscal Bensouda y  que ella inició una investigación sobre tales cuestiones son incompatibles con los requisitos del Estatuto de la CPI y, por lo tanto, deben ser rechazadas por el tribunal.

***Alan Baker es director del Instituto de Asuntos Contemporáneos del Jerusalem Center y director del Global Law Forum. Participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo con los palestinos, así como de los acuerdos y tratados de paz con Egipto, Jordania y Líbano. Se desempeñó como asesor legal y subdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y como embajador de Israel en Canadá.

Este artículo fue publicado por primera vez por el  Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén .Jerusalem Center for Public Affairs

Traducido para Porisrael.org y Hatzadhasheni.com por Dori Lustron

https://www.jns.org/opinion/refuting-the-allegation-that-israeli-settlements-are-a-war-crime/

 

 

 
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