No son ONGs, son el brazo financiero y logístico del terror palestino

El 26 de agosto del 2019 fue un día caluroso en Israel. El rabino Eitan Shnerb, de 49 años, organizó una excursión con su hijo Svir, de 19, y su hija Rina, de 17, a un manantial cerca de Dolev, una zona muy popular entre excursionistas.

Al llegar la familia al lugar, un terrorista del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) hizo estallar de forma remota una bomba que había escondido previamente cerca del manantial.

La explosión alcanzó de lleno a Rina, que murió en el lugar sin que los servicios de emergencia pudieran salvarla. Su padre y su hermano resultaron heridos de gravedad.

En septiembre de 2019, las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron como autor del atentado a Samir Arbid. La justicia estableció que Arbid era el líder de la célula terrorista del FPLP que asesinó a Rina.

Además de miembro de esta organización criminal responsable de múltiples atentados suicidas, ataques con bomba y secuestros en los que han muerto decenas de civiles, Arbid era, en el momento del asesinato, contable de la Unión de Comités para Trabajos de Agricultura (UAWC, en sus siglas en inglés). El terrorista ya había desempeñado ese mismo cargo en otra ONG palestina, Addameer.

En mayo de 2019, tres meses antes del atentado, dirigentes de la UAWC, de Addameer y de otras ONGs palestinas como Al-Haq, UPWC y Bisan participaron en un acto del FPLP. En la reunión estuvo presente el propio asesino de Rina Shnerb.

Que cuatro de los nueve dirigentes que se sentaban en el consejo rector de Addameer en mayo de 2020, cuando la diplomacia israelí publicó en un detallado informe sobre sus vínculos con la violencia, sean también miembros del FPLP demuestra que las conexiones explicadas más arriba no son una mera casualidad.

Siguiendo el hilo de esta y otras informaciones, y con el objetivo de desestructurar la red de complicidad criminal destapada por el asesinato de la menor israelí hace dos años, las autoridades israelíes han acometido una exhaustiva investigación que ha permitido establecer que las ONG mencionadas forman parte del FPLP.

Camufladas bajo el manto de inocencia que les da su supuesta misión humanitaria, estos satélites del grupo terrorista palestino en activo de más solera sirven como fuerza de reclutamiento y reclamo para la absorción de subvenciones que son sistemáticamente desviadas a pagar la logística que permite al FPLP perpetrar atrocidades como la que segó la vida de Rina Shnerb.

El FPLP está considerado una organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales. Pese a ello, y pese a que los lazos entre el FPLP y estas falsas ONGs son una realidad de dominio público desde hace años, muchos Estados europeos siguen financiando a quienes le pagaban el sueldo al asesino de Rina.

España es uno de los países que ejerce de mecenas del terror a través de las ONG-tapadera, a las que el Gobierno Vasco y varios ayuntamientos de nuestro país han financiado con más de dos millones de euros en los últimos años.

Esa financiación española a satélites del FPLP se canaliza a menudo a través de asociaciones del entorno podemita en nuestro país con una engrasada maquinaria de acceso a fondos públicos. El gobierno nacional y las administraciones locales les conceden subvenciones para proyectos pretendidamente en el ámbito humanitario y de ayuda al desarrollo. Esas “ONGs” españolas a su vez “subcontratan” actividades, muchas de ellas ficticias, con la trama terrorista destapada por Israel. En otras ocasiones se elimina ese filtro doméstico, destinando directamente los fondos a las organizaciones palestinas. Es el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, que a través de su agencia de cooperación AECID, destina recurrentemente partidas a la UAWC..

Todo ello debería tener horrorizada a una opinión pública española que ha sufrido en sus propias carnes los zarpazos asesinos del terrorismo y conoce de primera mano la importancia de cortar las fuentes de financiación, propaganda, información y captación de los grupos criminales. En vez de seguir los pasos de países como Holanda, que en julio de 2020 suspendió todas las líneas de financiación a la UAWC, la mayoría de administraciones españolas siguen ignorando la cruda realidad de su política de ayudas a las supuestas ONGs palestinas, y perseveran en su apoyo a estos cómplices necesarios del terrorismo contra civiles israelíes.

No sólo eso, sino que esta trama de financiación del terror formada por ONGs y sus patronos en ayuntamientos gobernados por la ultraizquierda llevan meses presentando como una especie de mártir merecedora de nuestra solidaridad a Juana Ruiz Sánchez, alias Juani Rishmawi, detenida en Israel como colaboradora de HWC (Health Work Comittees), organización también declarada terrorista por Israel. El desvío de fondos públicos españoles a las siniestras actividades de HWC no sólo no les ha merecido censura, sino que ha sido alabado como si se tratara de heroicidad. Todo ello forma parte del ruido y la desinformación habitual con la que esta red de odio a los judíos y a su estado busca dar cobertura blanquear a los asesinos. Ya lo hizo Ada Colau en 2018 al invitar a Barcelona a Leila Khaled, secuestradora de aviones y, a día de hoy, miembro de la dirección del FPLP. La policía permitió su entrada y movimientos en nuestro país, y la fiscalía no actuó.

La sociedad española tiene derecho a saber la verdad sobre la colaboración entre las pretendidas ONGs palestinas, sostén fanático y fundamental de los que ponen bombas, los grupos en nuestro país que les prestan cobertura y las instituciones públicas españolas que irresponsablemente les proveen financiación.