Mientras organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional vierten acusaciones falsas e infundadas contra Israel, la mayoría sigue ignorando continua y sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Autoridad Palestina (AP).
Un informe publicado el pasado 29 de enero por la ONG palestina Comisión Internacional en Defensa de los Derechos de los Palestinos (CIDDP), que trata de fomentar la preocupación por los DDHH entre los propios palestinos, reveló que en 2021 hubo graves retrocesos en el ejercicio de los derechos cívicos y las libertades en las zonas de la Margen Occidental controladas por la AP.
Curiosamente, las violaciones a los DDHH aumentaron luego de que el presidente de la AP, Mahmud Abás, emitiera un decreto, el 20 de febrero, para fortalecer las libertades cívicas de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales palestinas, que se supone iban a tener lugar el 22 de mayo y el 30 de julio, respectivamente; pero Abás acabó cancelándolas, aparentemente por miedo a que su facción Fatah perdiera como perdió en las últimas celebradas, allá por 2006.
El decreto de Abás llamaba a “crear una atmósfera de libertades cívicas en todos los territorios de Palestina, que comprenda la libertad para llevar a cabo actividades nacionales y políticas”. Asimismo, instaba a “proscribir la detención, arresto o procesamiento de, o pedir cuentas a, individuos por causas relacionadas con la libertad de expresión y la adscripción política”. Sin embargo, según reveló el informe de la CIDDP, pese al decreto, a lo largo del año pasado se produjeron “graves violaciones y abusos” por parte de las fuerzas de seguridad de la AP. Entre esas violaciones y abusos se cuenta la propia decisión de Abás de suspender los comicios, con el pretexto de que Israel se negaba a permitir que se votara en Jerusalén.
Abás esgrimió la supuesta negativa israelí como única razón para su controvertida decisión de posponer las elecciones indefinidamente. Pero el informe de la CIDDP resalta que, frente a lo que aduce Abás, la cúpula de la AP no emitió solicitud alguna a la UE para la celebración de los comicios en Jerusalén. Tampoco notificó a los actores internacionales la supuesta negativa israelí. El documento de la CIDDP dice:
Lo más probable es que la decisión de posponer los comicios se debiera a las disensiones en el seno de Fatah y al temor [de Fatah] a no conseguir la victoria (…) La decisión de demorar las elecciones es un ataque al derecho del pueblo palestino a poner en práctica el proceso democrático.
Luego de que en junio las fuerzas de seguridad de la AP asesinaran al activista anticorrupción Nizar Banat, decenas de palestinos se echaron a la calle en señal de repulsa. La reacción de aquéllas fue golpear y detener a numerosos manifestantes, entre los que había periodistas y activistas pro derechos humanos.
Según la CIDDP, el 5 de julio varias periodistas y activistas políticas palestinas fueron golpeadas y detenidas durante las protestas registradas ante el cuartel general de la policía de la AP en Al Bireh, ciudad hermana de Ramala –capital de facto de los palestinos–.
De acuerdo con el referido informe, más de 200 palestinos fueron detenidos por las fuerzas de la AP en 2021 debido a su filiación política y por expresar sus opiniones en público. Igualmente, decenas de periodistas fueron puestos en el punto de mira.
«Los datos indican que hay una política oficial de socavar la libertad de expresión mediante detenciones o ataques contra periodistas y activistas”, se lee en el informe.
La Justicia palestina tomó parte [en dicha política] prorrogando la detención de decenas de activistas pro derechos humanos y contra la corrupción, aunque las detenciones [eran contrarias a la] libertad de expresión y de reunión pacífica. Se informó de que una serie de detenidos fueron golpeados y privados de un juicio justo.
Sólo en agosto, las fuerzas de seguridad de la AP cometieron 287 violaciones contra los derechos de individuos palestinos, entre las que se contó la detención arbitraria de médicos, activistas y abogados. Diez detenidos iniciaron una huelga de hambre en una prisión de la AP, y el estado de salud de otros dos se deterioró como consecuencia de las torturas a que fueron sometidos. Además, cuatro individuos que se presentaron a las elecciones legislativas denunciaron haber sido atacados por las fuerzas de seguridad.
El informe de la CIDDP reveló que las fuerzas de seguridad de la AP detuvieron a decenas de personas en vísperas del aniversario de la fundación del movimiento islamista Hamás. También fueron a por quienes celebraban la liberación de unos palestinos presos en cárceles israelíes y confiscaron pancartas y banderas de Hamás. El 22 de diciembre Amir al Lidawi, residente en Jericó, murió como consecuencia de las heridas que le produjeron agentes de la AP durante una recepción a un palestino liberado de una prisión israelí.
En dos incidentes separados, las fuerzas de la AP atacaron a los asistentes a los funerales por Yamil al Kayal y Amyad Abu Sultán, fallecidos en el curso de unos enfrentamientos con el Ejército israelí en Naplusa y Belén.
El informe concluía:
Las detenciones políticas arbitrarias llevadas a cabo por los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina son una flagrante violación del Derecho internacional (…) Las detenciones políticas arbitrarias están prohibidas por todos los tratados internacionales y las convenciones de derechos humanos. Son también una grave infracción de la Ley Fundamental palestina.
Otro informe, publicado el pasado 14 de diciembre por Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), organización con sede en Jordania, acusaba también a la AP de perpetrar violaciones contra los derechos humanos, como la práctica de la tortura.
El texto indicaba que el primer ministro de la AP afirmó en febrero del año pasado que las fuerzas de seguridad palestinas no detienen a gente por expresar libremente sus opiniones. “La verdad es muy distinta”, sostiene ARIJ.
El mismo mes, la Comisión Independiente de Derechos Humanos registró nueve denuncias relacionadas con detenciones políticas llevadas a cabo en la Margen Occidental por los servicios de seguridad comandados por el propio primer ministro, que es también el ministro del Interior.
El informe analizó 250 detenciones practicadas entre enero de 2018 y junio de 2021 y concluyó:
Ni uno solo de los casos se vio libre de la violación de los procedimientos relativos al arresto, detención y juicio justo sancionados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal palestina y la Ley Fundamental palestina de 2003.
El pasado 31 de enero, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, habló por teléfono con Abás. Según la agencia oficial de la AP, Wafa, analizaron los últimos acontecimientos en los territorios palestinos y las relaciones bilaterales. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró:
[Blinken y Abás] departieron sobre la importancia de fortalecer la relación de EEUU con la AP y el pueblo palestino, así como de la necesidad de mejorar la calidad de vida de los palestinos de manera tangible. También debatieron sobre los desafíos que tiene planteados la AP y de la necesidad de reformas.
Las escandalosas violaciones a los derechos humanos cometidas por la AP estuvieron clamorosamente ausentes en esa conversación telefónica.
La Administración Biden parece no estar preocupada por dichas violaciones, que comprenden la represión masiva de periodistas y activistas pro derechos humanos. Si las ilegalidades no pueden ser endilgadas a Israel, a esta Administración no le pueden importar menos.
Se ha informado de que Blinken le dijo a Abás que la Administración Biden está comprometida con la “solución de los dos Estados”. En las presentes circunstancias, lo que la Administración Biden está diciendo es que quiere facilitar a Abás la creación de otra dictadura árabe que suprima las libertades y sancione el amedrentamiento y la tortura.
Los informes de la CIDDP y ARIJ muestran que ya existe una dictadura palestina que detiene, tortura y mata a sus críticos. ¿Qué más necesitan escuchar Blinken y el resto de la comunidad internacional para dejar de empoderar a un régimen tan abusivo y, en su lugar, prestar atención a esas voces palestinas?
© Versión original (en inglés): Gatestone Institute
© Versión en español: Revista El Medio
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