En la crisis desatada por las masacres cometidas por Hamás el 7-O, España ha sido señalada como el país más abiertamente antiisraelí de toda la Unión Europea. El foco se ha puesto casi siempre en los socios minoritarios de ultraizquierda del Gobierno de Madrid, cuyos ahora exministros se han pasado los últimos días de su mandato acusando a Israel de genocidio y manifestándose contra el derecho a defenderse de Israel. Realmente, un virulento odio antisemita enmascarado tras la fachada del “antisionismo”. Porque es antisemita el negarle sólo y exclusivamente al estado de Israel el derecho a tener su estado nación en su tierra ancestral original. Dicha virulencia retórica de esta parte minoritaria del poder en España ha desplazado la atención de la responsabilidad del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y su Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que acaban de ser investidos con los mismos socios y tienen ellos mismos un largo historial de hostilidad hacia Israel y el pueblo judío. Pese a desempeñar España la presidencia rotatoria de la Unión Europa, Pedro Sánchez fue el único líder de un gran país de los Veintisiete que no visitó Israel ni llamó a Netanyahu en los días posteriores al 7-O. El presidente del Gobierno español sí corrió a visitar Egipto con varios de sus homólogos europeos y a reunirse con el líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbás Sánchez ha pedido insistentemente a Israel un alto al fuego humanitario en su campaña para acabar con Hamás y se ha permitido criticar por “desproporcionada” y potencialmente contraria al derecho internacional humanitario la operación contra el régimen terrorista que controlaba hasta ahora la franja. Publicaciones judías como el Jewish News Syndicate (JNS) han tomado nota de esta actitud en artículos como este, que lleva por título Spain and Turkey are leading the diplomatic war against Israel. Una parte central de esta ‘guerra diplomática’ denunciada por el JNS debía haber sido la cumbre de paz entre Israel y los palestinos que Sánchez propuso como presidente de turno del Consejo Europeo en el mes de octubre. De haber triunfado esta iniciativa para la que el político socialista buscó apoyos internacionales, Israel se habría visto obligado a detener sus operaciones contra Hamás en la franja y a premiar a los palestinos por el mayor ataque terrorista que han cometido en su historia con avances hacia la creación de su Estado. La actitud del jefe del PSOE y del jefe del Gobierno español ha sido particularmente inadecuada en su respuesta a las noticias sobre la muerte de dos ciudadanos españoles a manos de los terroristas: la soldado hispano-israelí Maya Villalobo, que fue enterrada en Sevilla sin la asistencia de ningún alto representante del Gobierno, y del español Iván Illarramendi, al que Sánchez y los ministros de su partido tampoco han dedicado ningún homenaje público. El líder de los socialistas españoles acaba de ser reelegido como presidente del Gobierno por una coalición parlamentaria formada por varios partidos marcadamente israelófobos. Sánchez no sólo ha hecho ministros a políticos como Sira Rego, que reaccionó a los pogromos del 7-O con una defensa del derecho palestino a resistir (ver información ampliada más adelante). La guerra en Gaza tuvo un papel destacado en su reciente discurso de investidura. Sánchez condenó el pogromo de Hamás y pidió la liberación de los rehenes israelíes, para a continuación poner en pie de igualdad la masacre terrorista y la respuesta del Estado hebreo con la mentira de que Israel ataca a civiles palestinos no sólo en Gaza, sino también En Cisjordania: “Pero con idéntica claridad, rechazamos la matanza indiscriminada en Gaza y en Cisjordania”. En ese mismo discurso de investidura tuvo un lugar destacado su promesa de reconocer el Estado palestino, una exigencia de sus socios radicales de Gobierno que nunca reconocen el derecho a existir de Israel que Sánchez calificó de “primer compromiso de la legislatura”. Su primer viaje de la legislatura será, precisamente, a Israel y los territorios palestinos, donde es probable que insista en esta quimera más desacreditada que nunca tras la muerte de 1.200 personas a manos de uno de los movimientos que han regido hasta ahora los destinos de los palestinos y la reacción favorable a las matanzas de buena parte de la sociedad palestina. Sánchez siempre ha permanecido ajeno al escrutinio internacional de los medios respecto a sus posicionamientos contra Israel. Si bien los medios internacionales se han hecho eco de las victorias de ACOM en los tribunales que llevaron a la prohibición de una gigantesca campaña de boicot a Israel secundada por el partido de Sánchez, el foco ha estado siempre en sus aliados radicales, y no tanto en su entregada cooperación para el despegue de esa campaña. El ambiente que ha creado la hostilidad sistemática hacia Israel del PSOE, de su líder y de sus socios ha convertido España en un lugar cada vez menos seguro para los israelíes y los judíos. Un hotel barcelonés de propiedad israelí sufrió hace poco un escrache a manos de una turba de un centenar de personas que se manifestaba a favor de Palestina. La embajada israelí denunció recientemente que estudiantes menores judíos están siendo acosados en sus escuelas con la excusa de la muerte de civiles palestinos en Gaza. Esos acosos se han producido en todo el territorio nacional, en distintos tramos educativos (desde educación infantil al universitario), y en algunos, como el de un estudiante israelí en Ibiza, se han iniciado acciones legales. El futbolista israelí del Granada Shon Weissman se ha visto a obligado a no viajar con su equipo para un partido de Liga ante el riesgo de que fuera atacado por razón de su nacionalidad. Y un acontecimiento especialmente grave: la sinagoga de la ciudad española de Ceuta ha tenido que suspender un servicio de Shabat por miedo a ser asaltada por manifestantes pro-palestinos. Nada de esto puede sorprender a quien lleve tiempo siguiendo la política española. Junto con sus socios de ultraizquierda, el PSOE de Sánchez ha impulsado o apoyado el boicot a Israel promovido por el BDS en decenas de ayuntamientos e instituciones regionales españolas. Más allá de posicionamientos particulares, que sin duda ya avanzan un patrón de hostilidad, es innegable la entusiasta contribución del PSOE a la institucionalización del antisemitismo en España. Desde que Pedro Sánchez accediera a la Secretaría General del Partido Socialista, su formación ha apoyado sistemáticamente las mociones BDS propuestas por partidos del arco de la extrema izquierda. Esas instituciones se declaraban “Espacios Libres de Apartheid Israelí”, aprobando no contratar a ninguna empresa, producto, entidad y organización israelíes o que tuvieran relación con el pueblo judío. Y en ese periplo, el PSOE de Sánchez siempre ha sido un impulso activo. Sólo gracias a la iniciativa legal de la sociedad civil, y sólo gracias a la separación de poderes, con un poder judicial independiente, se ha conseguido revertir esa situación, que expulsaba formalmente de la vida civil no sólo a los israelíes, sino también, en la medida que la exclusión abarca a cualquiera que simpatice con Israel, a las comunidades judías locales. Pero el apoyo del PSOE, y particularmente de Pedro Sánchez, no se ha quedado en el ya de por sí grave establecimiento de marcos jurídicos excluyentes contra judíos, sino que el entramado de financiación con dinero público español que acaba en manos de organizaciones terroristas, o vinculadas al terrorismo, adquiere una gravedad extrema. En primera instancia, como se ha demostrado con el bloqueo de Sánchez a la suspensión de fondos de la UE con destino a Gaza (cuya trazabilidad es nula), se observa el empeño personal en no combatir de forma efectiva uno de los mayores impulsores del terrorismo de Hamás. A nivel doméstico, las partidas no han dejado de crecer bajo su mandato, acabando también, sin control alguno, en agentes no confiables, tanto palestinos como nacionales. Respecto a este último caso, en los últimos años se ha producido una sensibilización importante en la sociedad española al respecto. La muestra más evidente fue el proyecto de reforma legislativa para perseguir las subvenciones otorgadas a organizaciones antisemitas, proyecto impulsado por la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Dicha reforma, impulsada por el PP y apoyada por VOX, contó con “idas y venidas” del PSOE, en una errática posición ambigua. La singularidad de la propuesta, que le hacía única a nivel mundial, es que perseguía el antisemitismo en todas sus manifestaciones, siguiendo los parámetros marcados por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (de la cual forma parte España). Finalmente, el texto fue aprobado por mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, y viajó hasta el Congreso de los Diputados. A pesar de contar con el apoyo del PSOE (y la oposición de sus socios de gobierno), el mismo partido socialista dejó morir el proceso legislativo, mostrando una falta de interés más que obvia en combatir de forma efectiva el antisemitismo, sea cual fuere el ropaje con el que se presenta. La extrema izquierda antisemita, socios de Gobierno de Sánchez Si bien Pedro Sánchez mostraba antaño su honda preocupación porque Podemos, el partido de extrema izquierda más antisemita de Europa, estuviese financiado por Irán, es evidente su cambio de opinión al respecto, apoyándose activamente en la formación de izquierda radical para conformar sucesivos gobiernos. El activismo militante contra Israel y los judíos de Podemos (y todas sus franquicias): Más País, Sumar, Izquierda Unida,…todos ellos siempre presentes en los ejecutivos de Pedro Sánchez), además de estar marcado por su componente ideológico, aparece el enorme impulso económico que la República Islámica de Irán ofreció al partido político desde su génesis. Durante años, Pablo Iglesias, que fuera líder de la formación, e investido Vicepresidente del Gobierno por Pedro Sánchez, trabajó para el órgano de propaganda del régimen de los ayatolás en España, Hispan TV. En este canal dedicado a dulcificar la imagen de esta dictadura criminal en el extranjero presentó sus programas de televisión Fort Apache y Spoilers. El primero era un espacio de comentario político en que el líder de Podemos vehiculaba junto a sus invitados sus puntos de vista sobre política internacional, que son en lo fundamental los mismos que los del régimen que le pagaba y servía de altavoz: crítica implacable a las democracias occidentales, en especial a Estados Unidos y a Israel; entusiasmo por el socialismo del siglo XXI en Iberoamérica y demonización del capitalismo. El segundo programa de Iglesias en Hispan TV, Spoilers, un espacio sobre cine y política dedicado a promover teorías conspirativas contra Estados Unidos muy del gusto de sus patronos iraníes en el que el líder de Podemos también colocó a la hasta ahora Ministra de Igualdad en España, Irene Montero. Pero las relaciones entre Podemos y el régimen de los ayatolás podrían ir más allá de estas colaboraciones periodísticas. La Policía ha investigado en el pasado la posible financiación de Podemos por parte de Irán con 5 millones de euros que el régimen teocrático habría canalizado a través de pagos hechos por Hispan TV a sus colaboradores del partido. El apoyo de Sánchez en la extrema izquierda nunca ha sido coyuntural, o solamente basado en la aritmética parlamentaria, sino más bien, una apuesta firme y sostenida. Sólo así se explica, por tanto, que Sánchez haya llegado a dar acceso a Iglesias al control de información confidencial en el CNI, o a incluir en puestos tan relevantes como la Comisión de Reconstrucción post-covid a personajes como Enrique Santiago, conocido por su vinculación con el FPLP, las FARC, y por sus posicionamientos banalizadores del Holocausto. Sánchez, desde que es presidente del Gobierno, impulsa activamente esos perfiles. Dos muestras en forma de ministras: por un lado, la saliente Ione Belarra, y por otro, una sustituta, más radical si cabe. La secretaria general de Podemos y ex ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha sido la impulsora a nivel internacional de la exigencia a la Corte Penal Internacional para que ordene detener al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad. No recibió por ello ningún reproche público por parte de Sánchez, que incluso avivó la polémica, poniendo en duda que Israel esté cumpliendo el Derecho Internacional. Pero tampoco Sánchez recriminó a Belarra cuando, aún con los cadáveres calientes tras la masacre de Hamás, la entonces Ministra emitió un repulsivo tuit evitando condenar a Hamás. Belarra se caracteriza también, a pesar de las evidencias en su contra, de difundir acríticamente propaganda de Hamás. Belarra también difundió activamente convocatorias antisemitas promovidas por Samidoun, organización prohibida en Alemania por su vinculación con el yihadismo. La nueva Ministra de Juventud de España, Sira Rego, de origen palestino, presenta un historial de odio permanente a Israel: performances públicas quemando banderas israelíes, participando junto a la terrorista Layla Khaled en actos públicos (igual que la bochornosa campaña que la anterior alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, realizó con Khaled, una de tantas muestras de antisemitismo institucional desde Cataluña) … Pero son especialmente deplorables sus posicionamientos públicos y políticos respecto a la masacre de Hamás del 7 de octubre. Por un lado, al igual que Belarra, negándose a condenar los atentados y a Hamás y, más grave aún si cabe, siendo uno de los 21 eurodiputados (de 705) que se negó a condenar a Hamás en el Parlamento europeo. Días después de esa votación, en el mismo Parlamento europeo clamaba por el fin de relaciones de la UE con Israel, y el aumento de partidas económicas hacia Palestina. Exactamente igual votó su compañero y nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que también se ha caracterizado por su permanente odio a Israel. El nuevo ejecutivo de Sánchez, además de los citados Rego y Urtasun, integra a otros miembros de Sumar. Todos, sin excepción, furibundos perfiles anti-israelíes, comenzando por su líder, y Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Hay que reseñar su apoyo temprano a las campañas de boicot, hasta sus posicionamientos públicos el mismo día que Israel sufría el mayor pogromo desde el Holocausto, atacando directamente a Israel días después, o posando junto a miembros del FPLP. La nueva Ministra de Sanidad, Mónica García, también proveniente de Podemos, aunque integrada ahora en la aparente izquierda más “moderada” de Más País. Nada más lejos de la realidad: siendo candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, García y su grupo fueron expuestos sus planteamientos públicos claramente antisemitas. En última instancia, Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales: uno de los fundadores de Podemos, un clásico activista contra Israel: desde el apoyo entusiasta al bds, a ser otra correa de transmisión más de los mensajes de Hamás. |
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