La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abre una crisis jurídica internacional

La Corte tardó más de medio año en emitir órdenes de arresto para los líderes de Hamás y sólo lo hizo cuando se aseguró de condenar a los funcionarios israelíes en un vergonzoso juego de equiparación.

La Corte Penal Internacional (CPI) se ha convertido en un foco de conflicto internacional por una serie de medidas con catastróficas consecuencias. Y es que Karim Khan, su fiscal en jearfe solicitó la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes cometidos en la Franja de Gaza durante la contraofensiva llevada a cabo por Israel luego de la invasión de Hamas del 7 de octubre.

En una decisión que pretendió poner en paralelo al Gobierno democrático de Israel con el accionar del grupo terrorista Hamas, el fiscal también solicitó la detención de los tres principales líderes de Hamás, Yahya Sinwar; Mohamed Deif Diab Ibrahim al Masri e Ismaíl Haniyeh. La medida ha desatado una oleada de críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad y la verdadera función de la CPI, que reflejan una profunda preocupación sobre la politización de la justicia internacional y el impacto que esto puede tener en los esfuerzos de los países que luchan contra el flagelo del terrorismo.

La solicitud de Khan puede no tener éxito, pero podría dar lugar a embargos y otras acciones contra el país, fortaleciendo la posición de Hamás y alentando a otras organizaciones terroristas a atacar a Israel.

El profesor Eugene Kontorovich, miembro del Foro de Política Kohelet y experto en derecho internacional, ha sido uno de los más críticos al sostener que la CPI se ha transformado en una entidad sesgada como la ONU, que está tratando de acusar a Israel de crímenes de guerra en un conflicto caracterizado por un número particularmente bajo de víctimas civiles. Kontorovich también destaca que es absurdo acusar a Israel del “crimen de hambre” cuando nadie ha muerto de hambre en los territorios en cuestión. Lo cierto es que ha sido Hamas el que se ha encargado de robar la ayuda humanitaria y se ha documentado sobradamente como han alejado a los gazatíes de los centros de distribución, incluso disparándoles a quemarropa.

Sin embargo, según Kontorovich, diplomáticamente, esta acción de la CPI consigue equiparar moralmente a Hamás con Israel. El análisis de Kontorovich no es aislado. La profesora Anne Bayefsky, presidenta de Human Rights Voices, ha expresado críticas similares. La académica ha denunciando también la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la crisis de los rehenes israelíes y las atrocidades sexuales cometidas por Hamás contra los judíos. Bayefsky sostiene, por ejemplo, que la reunión que supuestamente se llevó a cabo para discutir la situación de los rehenes fue, de hecho, una reunión informal fuera del Consejo de Seguridad, que se negó a celebrar una sesión oficial al respecto.

Bayefsky subraya que, a pesar de los informes incorrectos que indican que fue una reunión dedicada a los rehenes, la realidad es que no fue una reunión oficial y que para colmo ningún funcionario de la ONU asistió, lo que resalta aún más la falta de seriedad con la que la organización trata el tema. Este testimonio es importante, porque contradice de plano las acusaciones vertidas por el fiscal de la CPI y su grupo de “expertos”.

Las decisiones del fiscal jefe de la CPI han provocado múltiples reacciones en el ámbito internacional. Desde el presidente hasta distintos funcionarios y legisladores de Estados Unidos han emitido un enérgico rechazo a los planes del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan. Del mismo modo, Gran Bretaña también ha expresado su desaprobación, afirmando que no considera que esta medida contribuya a alcanzar un alto el fuego o la liberación de rehenes y cuestionando la competencia de la CPI en este caso, ya que Israel no es Estado parte en el Estatuto de Roma, y Palestina no es reconocida como Estado. Esta postura es compartida por otros políticos y mandatarios internacionales basándose en la percepción de que la CPI está actuando de manera sesgada, centrándose en Israel mientras ignora crímenes cometidos por otros actores en la región.

La CPI tardó más de medio año en emitir órdenes de arresto para los líderes de Hamás y sólo lo hizo cuando se aseguró de condenar a los funcionarios israelíes en un vergonzoso juego de equiparación que muestran su enfoque selectivo, arruinando cualquier pretensión de imparcialidad y socavando la confianza en la justicia internacional. Paradójicamente, la noticia ha unido al arco político israelí fortificando la posición de Netanyahu. La Knesset, el parlamento israelí, ha firmado una histórica declaración bipartidista contra los cargos de la CPI, defendiendo el derecho de Israel a defenderse y calificando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como el ejército más moral del mundo.

Ahora la trayectoria del fiscal de la CPI, Karim Khan, ha sido puesta bajo la lupa. Khan, un musulmán practicante, ha sido criticado por haber defendido a figuras controvertidas. La inclusión de Khan en la CPI fue en parte resultado de presiones políticas, lo que agrega resquemores y desconfianza sobre la independencia de la Corte. Karim Khan es un abogado británico perteneciente a la comunidad musulmana Ahmadía. Estudió Derecho en el King’s College de Londres, especializándose en derechos humanos. En 1997, comenzó su carrera internacional como fiscal en el Tribunal Internacional Especial para el genocidio de Ruanda.

Pero durante la década de 2000, Khan participó en numerosos procedimientos judiciales internacionales, destacándose como abogado defensor de sanguinarios criminales. Defendió al exdictador liberiano Charles Taylor, acusado de asesinato, violación y uso militar de niños, aunque, a pesar de sus esfuerzos, Taylor fue condenado a 50 años de prisión. Khan también defendió al hijo del líder libio Muammar Gadafi, Saif al-Islam Gadafi, que fue acusado de cometer crímenes contra la humanidad en 2011, durante los intentos por sofocar el levantamiento que tuvo lugar contra el gobierno de su padre. Y también defendió a William Ruto, actual presidente de Kenia, acusado de crímenes contra la humanidad. La defensa de Ruto fue particularmente controvertida, Khan logró que se retiraran los cargos, pero su nombramiento como fiscal en La Haya en 2021 fue criticado debido a las alegaciones de interferencia política y violencia contra testigos durante el caso de Ruto. Sin ir más lejos, uno de los testigos clave fue asesinado.

Su defendido, el presidente Ruto, lamentó la reciente muerte del “carnicero de Teherán” Ebrahim Raisi, al que consideraba un «líder sin miedo».

Como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Khan fue quién rechazó una investigación contra Evo Morales por crímenes de lesa humanidad por el bloqueo de Morales de la caravana de cisternas con oxígeno en 2020.

Antes de su elección como fiscal, Khan se desempeñó como investigador para el socialista Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. En 2021, Khan fue elegido fiscal de la CPI por un mandato de nueve años.

Por otra parte, también fue foco de críticas la controvertida intervención de Amal Clooney, famosa por ser la esposa de la estrella de Hollywood George Clooney. La abogada de derechos humanos presentó un informe pericial que respalda la solicitud de la Fiscalía de la CPI. Sin embargo, la evaluación de Clooney ha sido criticada por ignorar completamente el contexto de defensa de Israel contra el terrorismo.

Clooney defendió su decisión diciendo: «He formado parte de este Panel porque creo en el estado de Derecho y la necesidad de proteger vidas civiles», aunque no explicó por qué una nación en defensa propia debería ser tratada al mismo nivel que Hamás, una organización terrorista cuyo fin principal es el exterminio de los judíos.

El informe del panel de Clooney fue publicado junto con un artículo con el objeto de aumentar la presión sobre la CPI para que emita órdenes de arresto.

La crisis jurídica internacional que ha encendido la fiscalía de la CPI abre un abanico de consecuencias de largo y peligroso alcance, sobre todo en lo que se refiere a la capacidad de las naciones para librar guerras contra organizaciones terroristas en el futuro. No sólo ha exacerbado las tensiones diplomáticas mundiales, sino que ha puesto en entredicho la integridad y la objetividad de la justicia internacional. Pero, sobre todas las cosas, no ha contentado a nadie, ya que la organización terrorista que gobierna Gaza desde el año 2007 se ha mostrado ofendida por las órdenes de arresto de sus líderes.

La CPI no ha cesado de debilitar su misión original, un mal que viene acechando a casi todos los organismos internacionales desde que fueron cooptados por los enemigos de Occidente y puestos al servicio de los intereses más oscuros y siniestros de la humanidad.