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| sábado junio 22, 2024

El sesgo (no tan) sorprendente de la CPI contra Israel


CPI Wikimedia

Es perturbador observar que el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, haya emitido órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, bajo acusaciones que incluyen presuntos crímenes contra la humanidad y varios crímenes de guerra. Estas acusaciones parecen carecer de un fundamento probatorio robusto y sugieren una motivación política. Tal situación podría interpretarse como un respaldo implícito a las tácticas empleadas por Hamás, lo cual es alarmante ante el creciente apoyo global hacia movimientos de terrorismo islámico radical en detrimento de la soberanía estatal. La actuación de la CPI parece reflejar un sesgo que compromete la justicia y la estabilidad en una región ya de por sí volátil.

Es fundamental reconocer que, pese a los desafíos geopolíticos y amenazas constantes de organizaciones terroristas islámicas radicales, Israel se sostiene como la única democracia funcional en Medio Oriente, un contexto que no puede ser subestimado. Se reconoce ampliamente que Israel opera bajo un marco jurídico que prioriza el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son reconocidas por implementar protocolos operativos rigurosos diseñados para minimizar las bajas civiles, incluso frente a adversarios que desprecian las leyes de guerra.

Las FDI operan bajo un estricto código de conducta alineado con el Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. Cada intervención militar se planifica meticulosamente para reducir al mínimo el daño a la población civil. Técnicas como las advertencias previas y los ataques de precisión son fundamentales en sus esfuerzos por proteger a los civiles, mientras que Hamás utiliza tácticas que transgreden abiertamente las normas internacionales, incluyendo el uso de infraestructura civil para propósitos militares.

Las operaciones militares de Israel se realizan conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad. Las respuestas de las FDI a ataques terroristas no solo constituyen un medio de defensa nacional, sino también un imperativo moral para proteger a sus ciudadanos. Las acciones de las FDI son proporcionales a las amenazas enfrentadas, orientadas a neutralizar las capacidades militares de Hamás y a prevenir futuros ataques. Sin embargo, es preocupante que la CPI ignore estas circunstancias, perpetuando una narrativa que injustamente vilipendia a Israel mientras minimiza o excusa las atrocidades cometidas por Hamás.

Al comparar las medidas defensivas de Israel con las acciones de Hamás, una organización terrorista internacionalmente designada, la CPI demuestra una falta de imparcialidad alarmante. Hamás ha lanzado miles de cohetes de manera indiscriminada hacia poblaciones civiles israelíes, empleando tácticas que contravienen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Utilizan a la población civil de Gaza como escudos humanos, almacenan armamento en escuelas y hospitales, y ejecutan a disidentes políticos, acciones que son tanto ilegales como moralmente reprobables. Comparar estas atrocidades con las acciones de un Estado Democrático que ejerce su derecho a la autodefensa constituye una tergiversación profunda de la realidad y evidencia una inclinación política.

El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho inherente de los estados a la autodefensa. Israel, como Estado soberano y miembro de la ONU, tiene el derecho indiscutible de defender a su población de ataques externos. Las operaciones militares en Gaza se han llevado a cabo con el propósito claro y justificado de dirigirse únicamente hacia infraestructura terrorista comprobada. La CPI, al clasificar estas acciones como ilegales, no solo socava un derecho fundamental, sino también transmite un mensaje peligroso a otras naciones democráticas que enfrentan amenazas similares.

Correspondientemente, el artículo 8 del Estatuto de Roma delinea los crímenes de guerra como aquellos que incluyen «dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades». Es imperativo señalar que Israel ha implementado medidas excepcionales para prevenir tales transgresiones. Antes de llevar a cabo ataques en áreas densamente pobladas, las FDI emiten advertencias a los civiles, empleando métodos como el arrojo de panfletos desde aviones, la realización de miles de llamadas telefónicas, el envío de mensajes de texto y la técnica de «golpe en el techo», que consiste en el despliegue de municiones no explosivas para alertar a los residentes sobre un ataque aéreo inminente. Estas medidas superan los requisitos internacionales y subrayan el compromiso firme de Israel con la mitigación de bajas civiles, incluso cuando enfrenta a un adversario que utiliza a sus masas como escudos humanos.

La falta de acción decisiva de la CPI contra Hamás, y únicamente contra Hamás, podría interpretarse como un respaldo implícito a sus métodos terroristas. Al no abordar adecuadamente los crímenes de guerra cometidos por esta organización yihadista y al incluir a Israel en las acusaciones por razones políticas exclusivamente, la CPI permite efectivamente que este grupo radical continúe operando con impunidad, priorizando la aceptación pública sobre el Estado de derecho. Estas acciones perpetúan el ciclo de violencia en la región y socavan los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo. La comunidad internacional debe exigir que la CPI cumpla su mandato de manera imparcial y justa, enfocándose en proporcionar la base legal para desmantelar las redes terroristas que perpetúan el conflicto y el sufrimiento.

Además, la decisión de la CPI de perseguir cargos de crímenes de guerra contra Netanyahu y Gallant podría tener efectos adversos sobre la paz y la estabilidad en la región. El compromiso de Israel con la paz se evidencia a través de sus acuerdos históricos con Egipto, Jordania y varios Estados árabes bajo los Acuerdos de Abraham. Sin embargo, la decisión de la CPI de criminalizar a los líderes israelíes socava estos esfuerzos y empodera a los extremistas religiosos que se oponen a la convivencia pacífica y cuentan con recursos significativos para avanzar en su causa. Las acciones de la CPI también se alinean con el antisemitismo y obstaculizan la cooperación internacional en la lucha contra el Islam radical y las violaciones de los derechos humanos, estableciendo un precedente legal que podría ser altamente peligroso. Además, la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes erosiona la confianza en las instituciones internacionales. La CPI fue establecida para ser una institución imparcial y justa que busca responsabilizar por los crímenes más graves, pero al mostrar un claro sesgo en este caso, socava su credibilidad y legitimidad. Los Estados que alguna vez confiaron en la CPI para impartir justicia pueden comenzar a cuestionar su imparcialidad y, en última instancia, su relevancia.

La crítica a la CPI no es un desarrollo reciente. Desde su establecimiento, la CPI ha sido objeto de acusaciones sobre sesgo y su posible uso como instrumento político. Por ejemplo, en el caso de Sudán, la emisión de una orden de arresto contra el Presidente Omar al-Bashir en 2009 fue ampliamente criticada por su impacto adverso en los esfuerzos de paz en la región y por crear la percepción de que la CPI estaba siendo utilizada para fines políticos. De manera similar, en 2017, la CPI enfrentó críticas por su decisión de no investigar presuntos crímenes de guerra en Afganistán, incluidos los atribuidos a las fuerzas de EE. UU., lo cual algunos interpretaron como una respuesta a la presión política de Estados Unidos. En el contexto del conflicto israelí-palestino, la ex embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, censuró a la CPI por su enfoque desproporcionado en Israel mientras aparentemente descuidaba otras violaciones significativas de los derechos humanos a nivel mundial. Estos casos subrayan la percepción de que la CPI frecuentemente demuestra sesgo y está influenciada por agendas políticas, socavando así su credibilidad y legitimidad como una institución imparcial de justicia internacional.

El impacto negativo de las acciones de la CPI se extiende más allá de Israel. La Comunidad Internacional, incluida la Unión Europea y los Estados Unidos, ha expresado su preocupación por la aparente falta de imparcialidad de la CPI. El Presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, ha condenado las solicitudes de órdenes de arresto como escandalosas, enfatizando que no hay equivalencia entre las acciones de un estado democrático y las de una organización terrorista. Esta reacción subraya la necesidad de que la CPI reevalúe su enfoque y asegure que sus acciones sean percibidas como justas y equitativas.

Desde su creación, la CPI ha enfrentado acusaciones de sesgo y de ser utilizada como herramienta política. Este caso contra Israel es simplemente el último ejemplo de cómo la CPI puede ser percibida como alineada con ciertas agendas políticas en lugar de buscar justicia imparcial. Para mantener su credibilidad, la CPI debe asegurar que sus acciones sean coherentes con su mandato de justicia imparcial y no estén influenciadas por presiones políticas.

La CPI también debe considerar las obligaciones y responsabilidades de los estados bajo el Derecho Internacional Humanitario. El Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra establece que «los combatientes están obligados a distinguirse de la población civil mientras participan en un ataque o en una operación militar preparatoria para un ataque. Reconociendo, sin embargo, que hay situaciones en conflictos armados donde, debido a la naturaleza de las hostilidades un

combatiente armado no puede distinguirse así, conservará su estatus de combatiente, siempre que, en tales situaciones, porte sus armas abiertamente». Israel ha adherido rigurosamente a este principio, a pesar de las dificultades inherentes de luchar contra un enemigo terrorista que no distingue entre combatientes y civiles.

Es importante destacar que, mientras Israel está sujeto a un escrutinio internacional continuo y se adhiere al Derecho Internacional Humanitario, Hamás viola constantemente estas regulaciones. Según el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, está estrictamente prohibido imponer castigos colectivos y, según los artículos 28 y 49 de la misma regulación, el uso de escudos humanos está estrictamente prohibido, tácticas que Hamás emplea rutinariamente. Lamentablemente, la CPI ha permanecido conspicuamente silenciosa sobre estas transgresiones, lo que lleva a cuestionar su dedicación a la justicia imparcial.

Las acciones de la CPI al buscar órdenes de arresto contra líderes israelíes no solo se perciben como injustas y políticamente motivadas, sino que también parecen respaldar tácitamente a una organización terrorista. Israel, como un estado soberano y la única democracia en Medio Oriente, tiene el derecho y la responsabilidad de salvaguardar a sus ciudadanos contra amenazas existenciales. Las FDI operan con un firme compromiso con el Derecho Internacional Humanitario, y sus acciones se consideran una respuesta legítima y proporcionada a las amenazas terroristas planteadas por Hamás.

Es imperativo que la Comunidad Internacional reconozca la naturaleza intrincada del conflicto y brinde apoyo a los esfuerzos de Israel para proteger a su población mientras se esfuerza por una resolución pacífica. Lamentablemente, las acciones de la CPI tienen el efecto de socavar la búsqueda de justicia y paz al exhibir un sesgo evidente y una falta de comprensión del contexto en el que opera Israel. Es de suma importancia que la justicia internacional se aplique con imparcialidad, y que se evite que las organizaciones terroristas exploten estos mecanismos para avanzar en sus agendas destructivas.

Defender a Israel encarna una dedicación a los principios de justicia, legalidad y moralidad que deberían informar las acciones de la Comunidad Internacional. Al salvaguardar a sus ciudadanos y adherirse al Derecho Internacional, Israel demuestra su compromiso inquebrantable con estos principios y merece el apoyo y comprensión de la Comunidad global en su lucha contra el terrorismo y su búsqueda de paz y seguridad.

 
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