El mes pasado, el Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knesset discutió el tema de las tomas de tierras palestinas en el Área C mediante la construcción en lugares estratégicos y las adquisiciones agrícolas, que son dirigidas y financiadas por gobiernos europeos. Europa también está financiando la batalla legal en apoyo de la construcción ilegal. En cooperación con la Autoridad Palestina y las ONG, la Unión Europea y otros países apoyan la presentación de miles de casos en los tribunales israelíes.
El organismo que coordina la campaña legal en Israel es el «Consejo Noruego para los Refugiados», una ONG internacional que figura en Israel con una «visa humanitaria internacional» aprobada por el Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales . La organización es responsable de presentar entre 600 y 800 casos al año ante los tribunales israelíes a través de organizaciones políticas israelíes y palestinas y abogados privados. El grupo afirma que entre 2009 y 2014 brindó «representación legal en los tribunales en 4.069 casos» y que sus objetivos para 2018 son «1.162 nuevos casos en Cisjordania».
Según un informe del instituto de investigación NGO Monitor, la UE y otros gobiernos europeos entregaron al Consejo de Refugiados, y a través de él a las organizaciones locales, más de 20 millones de dólares entre 2016-2020. Un documento oficial del gobierno británico afirma que entre 2013 y 2016 los británicos han transferido £ 1,4 millones «directamente para casos legales contra demoliciones o evacuaciones de viviendas. Como resultado, se retrasaron 2.541 evacuaciones o demoliciones».
La intervención europea no se limita a la financiación de procedimientos legales. Los documentos oficiales de varios países muestran un intento de cambiar la política israelí y crear hechos sobre el terreno en áreas estratégicas, utilizando el sistema legal. Los objetivos del programa incluyen «litigio de casos que son de interés público y desafían la política israelí, a través de tribunales israelíes y organismos internacionales»; «cambio de políticas y prácticas» y «un lobby en la UE y la ONU». El programa se ejecuta en coordinación y estrecha cooperación con la Autoridad Palestina, que dirige los casos de construcción ilegal a la organización y sus socios.
Las discusiones en el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa sobre la batalla por la tierra financiada con fondos europeos en el Área C son el primer e importante intento de abordar el problema, pero es solo un ejemplo de muchos. Europa ha financiado durante años a grupos radicales disfrazados de ONG humanitarias, involucrados en campañas contra Israel como el BDS y la campaña contra él en La Haya.
Los europeos incluso financian organizaciones que están conectadas al grupo terrorista Frente Popular. Recientemente se reveló que algunos altos funcionarios de grupos palestinos de «derechos humanos» financiados por Europa fueron acusados del asesinato de Rina Shnerb. La persona acusada de su asesinato y su comandante en la célula terrorista actuaron como directores financieros en la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), que es financiada en gran parte por Europa, bajo el título de ayuda humanitaria, para ejecutar adquisiciones agrícolas en el Área C.
Ningún país del mundo estaría dispuesto a aceptar el hecho que, en contra de cualquier norma diplomática, los gobiernos amigos transferirían millones de dólares a organizaciones que intentan dañarlo bajo la apariencia de grupos humanitarios y de ayuda. Es hora de que el gobierno y los legisladores actúen directamente contra estos gobiernos y parlamentos que financian, a fin de lograr un cambio fundamental en la política de cómo los gobiernos europeos financian a los grupos.
Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron
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