A pesar de las normas sobre asilo supuestamente más duras anunciadas el 24 de noviembre, el caos impera en Suecia. En 2015 se han registrado 150.000 solicitantes de asilo, pero no hay sitio donde alojarlos, y la gente está durmiendo en tiendas de campaña, en cajas de cartón en pabellones e incluso en la calle. Muchos se escapan de los centros del Servicio de Inmigración. Más de 22.000 personas tendrían que ser deportadas, pero se niegan a irse. Los suecos están comprensiblemente asustados de que puedan estar escondiéndose terroristas entre los refugiados. La policía está ocupada con controles absurdos en las fronteras y no pueden atender su trabajo normal. No es exagerado decir que, en esta situación, Suecia ha perdido el control de casi todo.

El primer ministro de Suecia, el socialdemócrata Stefan Löfven, dijo en una entrevista al diarioSydsvenskan el pasado abril:Incluso los solicitantes de asilo se quejan. En el programa de la televisión pública suecaUppdrag Granskning emitido el 2 de diciembre, Salwa, una madre con hijos pequeños, explicaba cómo se ha visto obligada a vivir en una casa de acogida junto a hombres de los que decía eran «malas personas». Cuando a Sawa se le explica que llegan 10.000 solicitantes de asilo cada semana, y que por eso todo está patas arriba, responde: «Cierren entonces las fronteras. Dejen de acoger a más gente. Si tienes diez invitados en en casa y no hay suficiente sitio, ¿seguirías acogiendo a otros diez?».

No hay límite [sobre el número de refugiados que Suecia puede aceptar]. Aceptaremos refugiados en función de los acuerdos que nos comprometan. Ya lo hemos hecho antes. A principios de los 90 vinieron muchos de la antigua Yugoslavia. Hoy forman parte natural de la sociedad sueca. Y contribuyen mucho.

Así que cuando el primer ministro Löfven y la viceprimera ministra Åsa Romson (Partido Verde) presentaron su nueva y endurecida política de inmigración el 24 de noviembre, provocaron una sacudida en el establishment sueco. Los periodistas, que jamás han hecho a los políticos en el Gobierno una sola pregunta crítica sobre su querencia por las fronteras abiertas, parecían ahora estupefactos, pese a que los organismos públicos hayan advertido, uno tras otro y durante meses, de una inminente quiebra del sistema. Cuando Romson empezó a llorar durante la rueda de prensa en directo porque se veía «forzada», dijo, a ser parte del endurecimiento de una de las políticas de inmigración más generosas del mundo, todos creyeron que esas nuevas leyes de inmigración iban en serio.

El mensaje transmitido a la población sueca el 24 de noviembre era el de que ahora las fronteras estaban esencialmente cerradas; que Löfven había descubierto que había un límite. El partido más crítico con la política de inmigración, los Demócratas Suecos (Sverigedemokraterna), cantó victoria. Su líder, Jimmie Åkesson, contactó con los conservadores (Moderaterna) y los democristianos (Kristdemokraterna) para ofrecerles hacer caer al Gobierno y formar uno nuevo. La invitación fue inmediatamente declinada. La respuesta se debería entender, probablemente, en el contexto de que los siete partidos del Parlamento hayan prometido no cooperar nunca, jamás, con los «xenófobos» Demócratas Suecos.

No importa, por lo tanto, que los demás partidos hayan adoptado muchas de las políticas de los Demócratas Suecos, o que muchos conservadores quieran ahora llevarlas aún más lejos y que pudiesen lograrlo a través del Parlamento formando un nuevo Gobierno con los Demócratas Suecos.

Desde fuera se podría tener la impresión de que todos los partidos suecos están compitiendo ahora por ver quién propone las medidas de austeridad más severas. Los conservadores dicen que quieren, entre otras cosas, que las personas que provienen de otros países de la UE dejen de solicitar asilo en Suecia. También quieren que se tomen nuevas medidas para deportar a quienes se haya denegado la solicitud. El Gobierno ya está en negociaciones con Afganistán para intentar persuadirle de que recupere a algunos de los muchos afganos (36.261 en total, y de ellos 20.947 supuestos niños) que solicitaron asilo en Suecia este año.

Hasta ahora, ningún periodista de los grandes medios parece haber descubierto que los nuevos controles en las fronteras –puestos en marcha porque el Gobierno, evidentemente, decidió que sí hay «una grave amenaza para el orden público y la seguridad del país»– no han tenido ningún efecto perceptible. Los medios siguen dando al público la impresión de que efectivamente se frena a los solicitantes de asilo en la frontera y de que, como anunció el ministro de Justicia y Migración, Morgan Johansson, habrá controles en todos los pasos fronterizos antes de Navidad.

Sin embargo, como señalamos el mes pasado, para no tener que mostrar ningún documento un terrorista que vaya a Suecia a cometer actos terroristas solo tiene que decirle a la policía de frontera que es solicitante de asilo. Le conducirán inmediatamente a la oficina más cercana del Servicio de Inmigración. Mientras el Servicio de Inmigración trata de averiguar su identidad, podrá planear sus atentados en la paz y tranquilidad de la campiña sueca. Y como el Servicio de Inmigración tarda de media 222 días en establecer una posible identidad, no le hará falta darse ninguna prisa.

Alguien que ha acabado cansándose de toda esta farsa es precisamente un policía de frontera en el puente de Öresund (entre Dinamarca y Suecia). Le dijo al Gatestone Institute que los nuevos controles hacen que cada día una serie de personas –de las cuales muchas habían previsto cruzar Suecia para pedir asilo en Finlandia o Suecia– vuelvan a Dinamarca por su propia voluntad. Pero es raro, dijo, que alguien se niegue a enseñar la documentación o solicitar asilo, y que por tanto sea rechazado.

«Lo cierto es que quienes tienen malas intenciones saben exactamente qué hacer cuando vienen aquí», dijo.

Esa información se extiende como la pólvora. Esos nuevos controles en las fronteras están ahí con el solo propósito de tranquilizar al público. No tienen ningún efecto sobre la afluencia de migrantes. Al público se le da una imagen completamente errónea de lo que estamos haciendo. No comprenden que gastamos muchísimo tiempo haciendo comprobaciones sobre los daneses y suecos que se trasladan a diario. Si no lo hacemos, la prensa se vuelve loca y empieza a gritar que hay discriminación.

Parece como si los que están en el poder no quisieran que se deporte a quienes están aquí de forma ilegal. Les dan asistencia sanitaria y dentista gratis, y también colegio para los niños. Hay mensajes contradictorios todo el tiempo. Creo que tienen que aclararse respecto a lo que quieren. Estos controles no significan nada. Son solo una formalidad para hacer que todo parezca bien y evitar la discriminación contra nadie. Deberíamos asignar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo donde se necesiten.

Cuando Gatestone le preguntó por qué la policía estaba destinando enormes recursos a los controles en las fronteras que en realidad no sirven para nada, el jefe de prensa de la Policía Nacional de Suecia (Rikspolisstyrelsen), Stephan Ray, dijo que no tenía tiempo para discutirlo porque tenía que ir al baño, y después colgó el teléfono.

Un experto en leyes internacionales que pidió mantenerse en el anonimato le dijo a Gatestone que ya no podía entender qué tiene en la cabeza el Gobierno al permitir que personas potencialmente peligrosas entren en Suecia. En ninguna convención internacional, dijo, se dice que el derecho de asilo prevalezca sobre la seguridad de la propia población del país. Lo más razonable que se puede hacer, dijo, sería establecer campos de refugiados vallados cerca de las fronteras y no dejar salir a los solicitantes de asilo hasta determinar que no sean terroristas o criminales de guerra: «Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951», dijo, «incluso aunque sean criminales de guerra y se enfrenten a la pena de muerte en sus países de origen, cada país tiene derecho a devolverlos allí».

Aún así, los criminales convictos y de guerra –por suerte para ellos– logran quedarse en Suecia. La norma es que nadie que se enfrente a la pena de muerte o la persecución en su país de origen sea devuelto. Esto incluye a personas como la que cometió los asesinatos en Suecia y fue sentenciado a la deportación. No está claro que el asesino de Ikea, Abraham Ukbagabir, pueda ser deportado a Eritrea tras cumplir su condena en prisión. Hay, al parecer, «impedimentos» para hacer efectivas las deportaciones a Eritrea. Hace poco, el medio digital alternativo Nyheter Idag reveló que, como hay «impedimentos» para deportar a la gente a Siria, hay terroristas de los que se ha descubierto que son combatientes de Estado Islámico, solicitantes de asilo, que conseguirán quedarse en Suecia.

Cuando Gatestone le preguntó por qué el Servicio de Inmigración estaba más preocupado por la seguridad de los ciudadanos extranjeros que por las vidas de los ciudadanos suecos, Matilda Niang, del gabinete de prensa del Servicio de Inmigración, respondió que sería inhumano encerrar a los solicitantes de asilo hasta que se haya determinado su identidad. «El encerrarles», dijo, «también afectaría a solicitantes de asilo que no cometen delitos».

Así que, pese a que muchos suecos suspiraran de alivio cuando el Gobierno anunció que se iba a limitar la inmigración, la nueva política no supone ningún cambio en absoluto.

Ningún político con escaño ha expresado aún dudas sobre la idea de que Suecia deje de ser un país sueco y se convierta en uno multicultural, y nadie ha dicho aún que haya que poner fin a la política de importar inmigrantes.

Podría ser que las medidas del Gobierno fuesen solo una fachada diseñada para confortar a los suecos, con la esperanza de aliviar parte de la presión.

Estas medidas incluyen, entre otras:

• Una moratoria sobre el estatus de residencia permanente. A partir de ahora, el estatus de residente es válido durante tres años, con opción a ampliarlo un año. La residencia permanente solo se le concede a personas que, transcurrido ese tiempo, puedan mantenerse económicamente por sí mismas.
• Límites más estrictos a la reagrupación familiar.
• Endurecimiento de las exigencias sobre autosuficiencia económica y capacidad de mantener a la familia.
• Determinación médica de los denominados niños refugiados sin acompañante.
• Comprobaciones de identidad en todo el transporte público: cualquier persona que viaje en transbordador, tren o autobús a Suecia debe enseñar su pasaporte o carnet de conducir.

La residencia temporal es un mensaje que llegará rápidamente a los migrantes. Hay dudas sobre si esto va a significar o no que haya menos gente que consiga quedarse. Nada le impide al Gobierno transformar las residencias temporales en permanentes cumplido el plazo de cuatro años. También habrá el problema de qué hacer con los migrantes que no quieran irse llegado ese punto. La determinación médica de la edad de muchos afganos que afirman ser menores de 18 años con el fin de conseguir que sus solicitudes vayan en primer lugar, podría tener algún efecto. Que Suecia no haya comprobado la edad de los solicitantes de asilo ha dado lugar a una avalancha de «niños barbudos». Cada semana llegan más de 1.000 niños, de los cuales el 80 por ciento proviene de Afganistán. En Dinamarca, donde se han hecho pruebas de edad sistemáticamente, resultó que al menos el 50 por ciento de los llamados niños eran en realidad adultos; y en Noruega y Finlandia esta cifra era del 66 por ciento.

A alrededor del 75 por ciento de los niños que piden asilo en Suecia se les concede. Por lo tanto está muy extendido que, al solicitar asilo, se afirme ser menor de 18 años. En 2013 llegaron 4.000. En 2014 la cifra fue de 7.000; y durante los once primeros meses de 2015, una impactante cifra de 32.180 «niños refugiados sin acompañante» solicitaron asilo en Suecia. Más de la mitad era de Afganistán; el segundo grupo mayor era de Siria, seguido de Eritrea y Somalia. Aproximadamente 2.000 eran chicas.

Pocos días después de que Suecia anunciara sus nuevas medidas sobre el asilo, la afluencia de migrantes bajó de forma significativa. El 28 y 29 de noviembre se registraron solo 392 y 375 personas, respectivamente, frente a un pico de 1.500 al día. La mayoría era de Afganistán, Siria e Irak. Al día siguiente, sin embargo, el número de solicitudes volvió a subir a más de 1.500.

Un analista de inteligencia del Servicio de Información, Anders Westerlund, le dijo al diarioAftonbladet que el descenso se debía más probablemente a que llegaban menos refugiados a las islas griegas desde Turquía. «También vemos que los controles más duros en los Balcanes, y el tiempo más frío, disuaden a la gente de venir a Europa», dijo. «Se acerca el invierno, y eso hace la travesía más arriesgada».

Entretanto, la policía está saturada con controles fronterizos absurdos y no puede hacer su trabajo habitual, así que los delincuentes vagan por las calles.

Los fiscales de distrito tienen al parecer tan poco que hacer, que hace poco prometieron ceder al Servicio de Inmigración 30 fiscales de distrito subempleados. El Servicio de Inmigración, pese a haber contratado hace poco a otros 1.200 empleados, está, por supuesto, tratando de lidiar con la situación actual. En total, los salarios del personal del Servicio de Inmigración cuestan a los contribuyentes suecos 250 millones de coronas (unos 29 millones de dólares), o 3.000 millones de coronas (unos 350 millones de dólares) al año.

«Podemos prestarles a 30 fiscales de distrito y secretarios», dijo el fiscal jefe Solveig Wollstad en una entrevista con Gatestone, «porque el volumen de causas ha bajado. La policía está ocupada haciendo otras cosas, como luchar contra el terrorismo y ocuparse de los migrantes».

Al ser preguntado si la situación podía deberse a un descenso de la delincuencia, Wollstad dijo: «No, no, no. El descenso se debe a que la policía trabaja demasiado en otras cosas, como evitar el terrorismo y gestionar el flujo de migrantes. Ahora se necesitan más policías en las fronteras. Suecia está en crisis. No solo nosotros estamos cediendo personal: también la Administración Judicial Nacional, las fuerzas públicas, el Servicio de Prisiones y Libertad Vigilada y otros organismos».

En resumen, el único efecto perceptible de los superpoderes humanitarios de las nuevas leyes sobre asilo es que la policía sueca está ocupada comprobando la identidad de personas que no buscan asilo en Suecia, y carece por tanto de recursos para detener delincuentes.

«Mientras la retórica arraigada en Suecia se siga viendo como una expresión de divinidad y bondad», escribe el profesor asociado en Administración de Empresas y escritor Jan Tullbergen un reciente artículo, «la ineptitud política seguirá paralizando al país».