Basta Un Nombre Para Evidenciar El Patrón Antiisraelí

Khaled Al-Shouli. El nombre, al lector de noticias en español, no le dirá mucho; o nada. Y lo peor del caso, es que debería decirle mucho. No tanto por quién es, sino por lo que hace, para quién lo hace, y los vínculos que revela.

Acaso como pocas veces, la actividad de un sujeto puede ayudar a echar tanta luz sobre la compleja interconexión de distintos elementos de un conflicto. Es decir, sobre la extensión de este a nivel institucional y territorial: sus fines imperecederos. Este abogado jordano resume, pues, mucho del conflicto árabe-israelí – precisamente de los actores anti israelíes -, que tiene lugar de manera importante en, y a costa, de instituciones que tuvieron un prestigio ya pasado; como, por ejemplo, ONG y diversas instancias de la diplomacia y el derecho internacional. En este sentido, pone al descubierto los nexos entre ciertas ONG – habitualmente utilizadas como fuentes de información fiables -, Hamás, Hermanos Musulmanes, Catar; así como también entre estos actores y el Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, Irán (y Hizbulá, entre otros) y Sudáfrica.

Una suerte de círculo de hipocresías, engaños y banalizaciones.

ONGs: Caso Humani`Terre

Aquel halo luminoso, casi santificado, de las ONG humanitarias, se ha descompuesto, las lucecitas de colores ya no funcionan. El lo que sucede cuando no se lo desatiende, se lo utiliza para otros propósitos.

Pero, a fuerza de imposición mediática, como fuente de información pretendidamente fiable, se las sigue teniendo en buena consideración. O, al menos, al ojo poco entrenado, puede parecerle que siguen siendo lo que eran: con sus más y sus menos, imparciales defensoras de los derechos humanos.

Nada más alejado. Y el ejemplo de la ONG Humani’Terre, a la que estaba vinculado Al-Shouli, descalabra la imagen idealista del mundo de estas organizaciones. Lo turbio, lo activista, lo instrumental a “causas” y gobierno, campan a sus anchas en ese ya anacrónico crédito largamente dilapidado.

El Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCFA) explicaba en un documento que el Comité de Bienfaisance et de Solidarité avec la Palestine fue fundado en Nancy el 20 de marzo de 1990. En 2001, cambió su nombre por el de Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP) – que también se conocía como Al Aqsa Assistance Charitable Council, entre otros; y que posteriormente sería Humani’Terre – ha sido, al menos desde octubre de 2007, una «organización asociada» de la Union des Organisations Islamiques en France (UOIF), una organización que suele considerarse representante de los Hermanos Musulmanes en Francia y miembro de la federación europea de los Hermanos Musulmanes, la Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE).

Entre los líderes de aquel inicial CBSP, el Centro identificaba, entre otros, a Khaled Muhammad Ahmad al-Shouli (como secretario general). “Según el Registro Mercantil Suizo, desde 2003 también ha sido director de la Association de Secours Palestinien (ASP), la contraparte suiza de la CBSP, que entró en liquidación en mayo de 2015. En junio de 1998, Al-Shouli presentó la ASP en un campamento de verano anual organizado por Baumherzigkeit, una publicación islámica suiza. Su presentación fue precedida por la del difunto Ahmed Huber, un neonazi suizo convertido al islam que durante muchos años cooperó con los afiliados a la Hermandad en Europa y fue uno de los fundadores de su banco Al-Taqwa”, añadía el JCFA.

En agosto de 2003, el Gobierno de los Estados Unidos añadió al CBSP y al ASP suizo a la lista de entidades terroristas especialmente designadas, afirmando que ambos eran los principales recaudadores de fondos para Hamás en Francia y Suiza.

Un avance rápido nos conduce a lo que se desarrolló luego del brutal ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023.

La edición francesa del diario israelí The Times of Israel señalaba el 16 de julio de 2024 que, poco menos de un mes después del masivo atentado, el 3 de noviembre de 2023, la Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa (PNAT) había abierto una investigación preliminar contra la asociación Humani’Terre, heredera de la CBSP, sospechosa de mantener vínculos con Hamás y los Hermanos Musulmanes. Esta organización había sido incluida el año anterior en la lista de organizaciones sancionadas por el Tesoro estadounidense.

Michael Jacobson y Matthew Levitt explicaban en su texto Cutting Off Hamas’s European Fundraising Spigot (14/12/2025) que, si bien Hamás llevaba décadas recaudando fondos en todo el mundo, sus demandas de financiación en el extranjero aumentaron luego del 7 de octubre de 2023. Apenas días después del ataque, el culto genocida lanzó varias campañas para recaudar fondos principalmente con la excusa de aliviar el sufrimiento humanitario en Gaza. Y, justamente Europa fue un terreno fértil para ello. Algo escasamente sorprendente, decían, dados los lazos establecidos y las operaciones que el grupo mantiene en el continente.

De ahí se desprende que la Unión Europea reforzara su régimen de sanciones contra Hamás y la Yihad Islámica Palestina durante 2024. “En particular, estas nuevas competencias facilitaron a la Unión Europea la persecución de quienes financian y apoyan a Hamás, yendo más allá del enfoque tradicional europeo de sancionar a quienes participan directamente en actos violentos”, comentaban.

Y así, aquello que había comenzado la fiscalía francesa a fines de 2023, se concretaba en 2026. Así, indicaba el Jerusalem Post (23/2/2026), cinco personas en Francia han sido acusadas de transferir fondos a Hamás bajo la apariencia de proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos.

Claro que la perversión de las ONG precisa de la complicidad occidental.

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Por lo pronto, se hace evidente que la fuente de credibilidad de demasiadas organizaciones, expertos, entes y organismos internacionales no descansa en su actividad, en la probidad de estas; ni de la verosimilitud continuada de sus análisis. El recurso mediático a estas, por tanto, parece motivado por otras cuestiones, más relacionadas, justamente, con su función real.

Un entramado de personas, entes y organizaciones que, a su vez, habitualmente sirven como base para denuncias en el ámbito del derecho internacional – y en el de la llamada opinión pública, que es la juzga instantáneamente, sostenida meramente de esas afirmaciones que, por otra parte, suelen referenciarse unas a otras, como una infame cinta de Möbius.

Al-Shouli aparece, otra vez aquí, como una suerte de vaso comunicante, de componente del engrudo que mantiene unida y funcionando a la maquinaria de las actividades antisraelíes.

El 26 de febrero de 2026, cuando JNS se hacía eco de la noticia ya mencionada de que la fiscalía francesa ha imputado a cinco personas por financiar a Hamás a través de al menos dos asociaciones, reparaba en el hecho de que “Al-Shouli fue uno de los abogados que representó a las presuntas víctimas de Israel en una petición presentada en agosto de 2024 ante la Corte Penal Internacional, en la que se argumentaba que esta tenía jurisdicción para emitir una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu”.

ONG, derecho internacional y sus peones y alfiles, enhebrados diligentemente.

Derecho Internacional: “serás lo que quiera que seas, serás mi instrumento dañino”

En noviembre de 2025 CAMERA Español enumeraba algunos de los intentos de este mecanismo de propaganda demonizadora – del que, voluntaria o negligentemente, la mayor parte de los medios forman parte necesaria -, por imponer la usurpación y banalización de un término como verdad. El objetivo, encajar dicha definición al estado judío para continuar la labor de acoso y derribo de su legitimidad y de justificación de toda acción violenta contra sus habitantes y contra quienes lo apoyen.

Nada nuevo, pues, hay en la acusación de “genocidio” – trasunto del libelo de sangre:

Año 2001. Infame Conferencia de Durban. “Declaró a Israel culpable de «crímenes racistas, incluidos crímenes de guerra, actos de genocidio y limpieza étnica»”.

Año 2010. “Durante visita del presidente sirio Bashar al Assad a Caracas, Chávez declaró que Siria y Venezuela tienen como “enemigos comunes al imperio yanqui y al Estado genocida de Israel”.

“Chávez también ha acusado públicamente que Israel ha cometido un genocidio contra los palestinos y que su régimen fascista “se parece mucho a los nazis”…”.

Año 2014. “Mahmoud Abas denuncia “genocidio” de Israel en Gaza”

Año 2014. “Aquí estamos frente a la liquidación deliberada de miembros de un grupo por su nacionalidad, etnia o religión. Y eso, según el mismo Estatuto de Roma, se llama genocidio”.

Año 2016. Un profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza escribía que “… quienes callan ante estas atrocidades, quienes, incluso, son cómplices de las mismas, al identificarse políticamente con un estado genocida, acusen a una revista satírica de posiciones cercanas al nazismo”. La acusación, en ese caso, avanzada para sanear el antisemitismo.

A propósito de esto, el Jerusalem Post apuntaba (15/2/2026) que:

“Las ONG con sesgo antiisraelí llevan más de veinte años esperando una oportunidad para tildar a Israel de «genocida», y la guerra de Gaza finalmente les ha brindado la oportunidad, según declaró el domingo el Dr. Gerald Steinberg, fundador y presidente de NGO Monitor.

«Lo vimos con la campaña coordinada de «genocidio» lanzada aproximadamente un año después del 7 de octubre. Los debates sobre el uso de dicha terminología habían circulado en los marcos de las ONG durante más de 20 años. Estaban preparados para utilizarla tan pronto como creyeran que surgía la oportunidad», afirmó”.

Estaba el sustrato a la vista. ¿Cómo es posible que los medios de comunicación no lo vieran?

Lex mortua est

En un artículo publicado en enero de 2024 por la revista Forbes, se apuntaba que aquellos estados o entidades que no pueden o no quieren derrotar al enemigo en el campo de batalla suelen recurrir a la guerra jurídica, es decir, al uso del derecho como arma de guerra. El llamado lawfare.

Este concepto, sostenía el texto, “entró en el léxico académico militar y jurídico a principios de la década de 2000 para describir el uso de escudos humanos por parte de Hamás y otros actores no estatales. Estas tácticas limitaron las operaciones militares de las fuerzas israelíes, estadounidenses y de la coalición que luchaban contra organizaciones terroristas, al hacer imposible la destrucción de muchos objetivos militares críticos sin causar importantes bajas civiles, lo que provocó una tragedia humana indescriptible y una pesadilla operativa militar”.

En breve, violar el llamado Derecho Internacional para abusar del mismo. Este sentido, el armazón de tratados y acuerdos, de instancias judiciales, a las que se las denomina de tal manera, dejan de tratar de lo que hay, de lo acontecido, de las evidencias en tal sentido – es decir, de ser probatorio a ser político, ideológico -; a servirse exclusivamente de aquellos elementos que sirven a dos propósitos intrínsecamente interconectados: difamación y desacreditación del enemigo, del “otro” a suprimir; y, precisamente, la justificación de toda violencia ejercida, como “resistencia legítima”, contra este.

Lawfare: El “abogado de Hamás”

El ya citado Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCFA) comentaba que cuando la Corte General de la Unión Europea anunció en diciembre de 2014 que quitaría a Hamás de la lista de organizaciones terroristas a menos que se proveyera evidencia de que debía permanecer así designada, alguien hizo su aparición.

Sí, Al Shouli – del Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens. Entonces, explicaba el JCFA, Al Shouli, que participaba activamente en los esfuerzos para eliminar a Hamás de la lista de la UE, “subrayó que, si no se presenta un recurso contra la decisión en un plazo de tres meses, ello significaría que se pondría fin a la congelación de los fondos de Hamás, que Hamás podría abrir oficinas en todos los países europeos y que todos sus miembros podrían solicitar un visado para Europa”.

Y sí, los despropósitos que algunos creen sólo quedan en el gesto, tienen un impacto en la realidad.

Pero sigamos con Al Shouli, las ONG y el manoseo del derecho. Decía el JCFA que en una entrevista que le realizó el canal Al-Hiwar, con sede en Londres, y afiliado a la Hermandad Musulmana, este explicó que “los procedimientos [para quitar a Hamás de la mencionada lista] fueron llevados a cabo por un grupo de abogados encargados por el politburó de Hamás”. Él, afirmó, “desempeñó un papel activo en la sentencia judicial inicial que podría haber llevado a la Unión Europea a eliminar a Hamás de la lista de organizaciones terroristas”.

Es lícito decir que allí por donde anduviera, donde ande, Al Shouli, andan los intereses de Hamás (y los de los Hermanos Musulmanes). Excepto que se quiera asumir una visión extremadamente inocente.

En julio de 2023, el Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center apuntaba que Israel había sido demandado en la Corte Penal Internacional por un grupo de abogados europeos que representaban a miembros del Consejo Legislativo Palestino en la Franja de Gaza, por daños y perjuicios derivados de presuntos crímenes cometidos por Israel contra los residentes de Gaza a partir de 2007.

La demanda, señalaba el Centro, se presentó con la ayuda de dos organizaciones internacionales: AFD International, una organización de derechos humanos con sede en Bruselas, y One Justice, con sede en París.

La última es una ONG cuyo director era, de acuerdo con este Centro, sí, Khaled Shouli.

Además, el Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center destacaba que, si bien el Consejo Legislativo Palestino decía presentar la demanda en nombre del pueblo palestino, lo presentaba en realidad en nombre de Hamás, “ya que el Consejo Legislativo Palestino dejó de existir tras la escisión entre Fatah y Hamás en la Franja de Gaza en 2007. Además, el 22 de diciembre de 2018, el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abás, anunció que había disuelto el CLP.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del Consejo Legislativo Palestino, indicaba el centro:

“Ahmed Bahar, alto cargo de Hamás y vicepresidente del Consejo, afirmó que los miembros del Consejo habían otorgado a un abogado francés un poder notarial para enviar en su nombre una denuncia contra Israel al fiscal jefe de la CPI, solicitar una acusación contra Israel… Los miembros del CLP están representados por un abogado francés llamado Gilles Divers (véase el apéndice), y Khaled Shouli, miembro del Colegio de Abogados de Jordania, Muhammad al-Najar, miembro del Colegio de Abogados de Gaza, y Abd al-Majid Marari, miembro del Colegio de Abogados de Marruecos. Khaled al-Shouli afirmó que la apelación ante la CPI era una forma de ‘resistencia’ a la ‘ocupación’, a pesar de que Israel no acataba las decisiones de los tribunales internacionales. El objetivo de la demanda, afirmó, era hacer justicia a los palestinos, y tales decisiones justificaban todas las formas de ‘resistencia’ palestina”.

Hamás decidió meses después emprender la otra forma de “resistencia”: la genocida. La brutal. Por cierto, el Jerusalem Post informaba el 3 de mayo de 2024 que Al-Shouli afirmó, en una entrevista televisada del canal argelino Almagharibia, que los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 eran una “reacción a las violaciones israelíes”.

Al-Shouli y Hamás.

Adelantando la película hasta 2025, y a raíz de la noticia sobre la prohibición de Hamás – así como de cualquier organización que sirva de tapadera al grupo terrorista islamista, así como contra las organizaciones y grupos que «actúen bajo sus órdenes o en su nombre» -, el Jerusalem Post mencionaba en mayo de 2025 que Estados Unidos e Israel ya habían designado como afiliados a Hamás, con anterioridad, a varias organizaciones con sede en Suiza. Una de las cuales era la Association for Palestinian Aid (ASP), grupo acusado por ambos países de actuar en nombre de Hamás bajo una apariencia humanitaria. Aunque ahora ya no existe, algunos responsables de la ASP han pasado a crear nuevos grupos y continúan sus actividades en otros lugares.

Sí, uno es Al Shouli, quien “figuraba como exdirector de ASP”. Al Shouli, que fue “denominado por Al-Jazeera [como] «el abogado de Hamás», que representó al grupo terrorista en los tribunales europeos y fue sancionado por Francia a finales del año pasado [2024]”.

El mismo Al Shouli que fue uno de los impulsores para lograr el pedido de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional.

Mas, fue otro de los puntos vinculantes de esta red de infamia y abuso del ordenamiento y las instituciones internacionales, el que inició el movimiento para cometer otra perversión de los instrumentos del llamado derecho internacional para, por un lado, enterrar los crímenes de Hamás y, en el mismo movimiento propagandístico, justificarlos; y por el otro, ejercer por otra vía, la “resistencia”; es decir, avanzar el objetivo obsesivo de eliminar al estado de Israel.

Sudáfrica, el pibe de los mandados de Irán

El viernes 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), contra Israel “por presuntas violaciones de sus obligaciones en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (la «Convención sobre el Genocidio») en relación con los palestinos de la Franja de Gaza”.

Inicialmente, de acuerdo con lo que daba cuenta la revista Forbes, Sudáfrica pidió a la corte una orden que detuviera toda la campaña militar israelí en Gaza, “un objetivo político y militar que Hamás no pudo lograr en el campo de batalla”.

La movida parecía, así, más bien emparentada con salvar a Hamás; es decir, amparar el llamado “anillo de fuego” iraní que rodeaba a Israel.

¿Por qué?

Porque, según advertía el Middle East Africa Resarch Institute (MEARI) en 2025 un informe, existe “una alineación del gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC) con el régimen teocrático de Irán está socavando los valores democráticos y los intereses estratégicos de Sudáfrica”. El país africano, explicaba el instituto, ha protegido sistemáticamente a Irán en las Naciones Unidos y en el Organismo Internacional de Energía Atómica, votando a menudo en contra de las sanciones o absteniéndose.

Por su parte, un informe de noviembre de 2024 del Institute for the Study of Global Antisemitism & Policy (ISGAP) revelaba el alcance y la profundización de los vínculos del partido político gobernante en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (ANC), con organizaciones terroristas internacionales y sus patrocinadores estatales, entre ellos Hamás, Hizbolá, Irán y Catar:

“El informe relaciona la alineación política y financiera de Sudáfrica con Irán y Catar —ambos principales patrocinadores del terrorismo global— con su campaña para presentar una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La decisión del ANC de emprender esta batalla legal parece formar parte de una estrategia geopolítica más amplia orquestada por estos estados para socavar a Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Esta acción legal tiene por objeto enmascarar los retos internos de Sudáfrica, al tiempo que permite a Irán y Catar impulsar su agenda antiisraelí utilizando la imagen histórica de justicia social de Sudáfrica como una conveniente fachada”.

El ISGAP continuaba explicando que inmediatamente después de que Sudáfrica presentara su demanda, surgieron sospechas sobre la financiación iraní. Frans Cronje, antiguo director ejecutivo del South African Institute of Race Relations (IRR), afirmó en una entrevista radial, siempre de acuerdo con el informe, que Irán le pagó al ANC para que litigara contra Israel ante la CIJ.

Y añadía:

“Además, afirmó que el caso ante la CIJ ‘no era ninguna sorpresa’ y que ‘los sudafricanos llevan mucho tiempo liderando una estrategia iraní que tiene dos objetivos: el primero es envenenar la opinión pública occidental contra Israel para que la ayuda militar a este país se vea cada vez más condicionada y, el segundo, traumatizar y estigmatizar a los jóvenes judíos de todo el mundo para que el servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel sea cada vez más controvertido’”.

Cronje, decía el informe, también ofreció su valoración en otra entrevista, señaló que era “difícil pasar por alto la coincidencia entre el espectacular cambio financiero del ANC después de octubre de 2023 y el interés del Gobierno por Gaza”.

ISGAP reparaba en el hecho de que, hasta la fecha de publicación del análisis, el gobierno sudafricano no había revelado las fuentes financieras que le han permitido llevar adelante el caso. Los costes de solicitud preliminar, comentaba, se estiman en unos 10,5 millones de dólares, y se prevé que el coste del juicio ascienda a unos 79 millones de dólares. “Dada la enormidad del costo, es difícil descartar el argumento de que Sudáfrica fue beneficiaria de un apoyo externo considerable”.

A propósito de esto, el MEARI decía:

“El informe plantea dudas sobre si la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se basó en principios constitucionales o en presiones externas. Destaca la proximidad temporal entre la presentación de la demanda ante la CIJ y las visitas de alto nivel a Teherán, así como los elogios públicos de Irán y Hamás a la acción legal de Sudáfrica. Días después de presentar la demanda, el ANC, entonces al borde de la quiebra, liquidó misteriosamente una deuda multimillonaria, lo que llevó a los analistas a especular con la posibilidad de que hubiera habido apoyo iraní”.

A su vez, en noviembre de 2024 el Jerusalem Post informaba que, casualmente, la ANC “recibió una repentina entrada de dinero en efectivo no identificado tras una serie de reuniones entre líderes de Hamás, Irán y Catar y ministros del ANC, lo que suscitó preocupación por la influencia financiera extranjera. Los líderes del ANC se negaron a revelar el origen de los fondos, que cubrieron la totalidad de las deudas del partido, que ascendían a casi 30 millones de dólares”.

Y ya apareció otro de los núcleos: Catar. Ya se va formando claramente el dibujo de la red de injerencia: ONG, “derecho internacional”, Irán, Catar – y sus satélites. Y en medio, atrapados o gustosamente instalados, tantos incautos y colaboradores.

A esta altura, ya hay que hacer un esfuerzo extenuante para no verla.

Catar al rescate

El 20 de mayo de 2024, el Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Los analísticas de CAMERA Karen Bekker y David Litman manifestaban que las acusaciones del fiscal de la CPI carecen de fundamento. De hecho, decían, “los enemigos de Israel han intentado utilizar la CPI en su contra mucho antes de que comenzara la guerra del 7 de octubre [como se mencionaba más arriba]. Las acciones de hoy del fiscal de la CPI solo ponen de relieve la ilegitimidad de ese tribunal y la forma en que el Estado judío es perseguido en foros internacionales que están controlados funcionalmente por los enemigos de Israel”.

El propio Khan ya daba una pista, 22 días después del brutal ataque perpetrado por el culto genocida Hamás, de ese sesgo y de por dónde seguiría ese asalto. David Litman señalaba a propósito de las declaraciones del fiscal, que hacían una “descripción profundamente engañosa y francamente inexacta de la ley. Tal y como explica la experta jurídica y directora jurídica de UKLFI Charitable Trust, Natasha Hausdorff, las recientes declaraciones de Khan «atribuyen una intención maliciosa a Israel sin base probatoria»”.

Y es que, básicamente, el fiscal exigía que se Israel probara la legitimidad de cada una de sus decisiones, algo que, Avi Bell, a profesor de derecho en San Diego School of Law y en la Universidad Bar-Ilan, decía que las leyes no requieren en absoluto. De hecho, es el fiscal el que debe demostrar todos los elementos de su caso, “la sugerencia de que el fiscal de la CPI puede simplemente deshacerse de la carga de la prueba y asignársela a Israel debido a su parcialidad o pereza es, en el mejor de los casos, presuntuosa y demuestra un desconocimiento deliberado de los principios más básicos del derecho penal internacional”.

Finalmente, Bell remarcaba un hecho llamativo:

“La declaración del Sr. Khan debe evaluarse en relación con su excepcional cautela al referirse a los numerosos y graves crímenes contra la humanidad, de genocidio y crímenes de guerra que comete Hamás. Hamás ataca diariamente y de forma abierta a civiles, … utiliza escudos humanos, retiene rehenes, persigue, abusa de símbolos e instituciones humanitarias [entre otros crímenes]. El Sr. Khan solo ha mencionado públicamente algunos de los crímenes de Hamás y, en cada mención, ha tenido cuidado de describirlos como «presuntos», al tiempo que afirmaba que deben ser «probados» por el tribunal. Por el contrario, cuando se refiere a Israel, el Sr. Khan no impone la carga de la prueba al tribunal, sino a Israel. Es evidente que el Sr. Khan está creando e intentando imponer un doble rasero según el cual los judíos israelíes son culpables hasta que se demuestre su inocencia y los árabes palestinos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad”.

Sudáfrica – es decir, Irán, Hamás, Catar, Hizbulá… – corrían, como suele decirse, con el caballo del comisario.

El pingo decidió en mayo 2025 repentinamente emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes. ¿A qué tantas prisas? Estaba a punto de ser acusado de agredir sexualmente en repetidas ocasiones a una empleada suya.

Con el caso de abuso sexual hecho público, el fiscal se retiró temporalmente. Y entonces, entró en juego uno de los comisarios: Catar, el que va de “poli bueno”.

El 6 de noviembre de 2025, The Guardian informaba:

“La mujer que denuncia haber sido víctima de abusos sexuales por parte del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha sido objeto de una operación encubierta llevada a cabo por empresas de inteligencia privadas, supuestamente por encargo de Catar”.

“Fuentes familiarizadas con las actividades de estas empresas afirman que la operación fue encargada por una unidad diplomática de alto nivel del Estado catarí”.

“Uno de los objetivos principales de las empresas de inteligencia era encontrar pruebas que pudieran utilizarse para socavar su credibilidad y las denuncias de abuso que ha presentado contra el fiscal de la CPI, Karim Khan”.

¿Por qué haría esto Catar? ¿Mero afecto hacia el implicado?

No. Entonces, ¿la causa contra Israel no depende de la evidencia sino del alineamiento del fiscal y la corte?

Matrimonio de conveniencia

El Alma Research and Education Center explicaba (septiembre de 2025) la extensión y el carácter el abrazo entre la República Islámica y Catar:

“Catar proporcionó ayuda financiera al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hizbulá, infringiendo las sanciones de Estados Unidos; ofreció servicios de mediación a Hizbulá en 2008 que garantizaron e incluso profundizaron el control de Hizbulá en el Líbano, lo que supuso un importante logro diplomático para Irán; informó mínimamente sobre las protestas en Irán desde 2009; y cooperó con las exigencias de Irán en su cobertura de la Copa Mundial de 2022 en su territorio, con el fin de ayudar al régimen iraní a superar los retos a su estabilidad”.

“Hay informes que vinculan a Catar con la financiación de Hizbulá y de la Fuerza Quds. En 2017, el Jerusalem Post reveló, citando a un asesor de seguridad vinculado a los servicios de inteligencia occidentales, que Catar estaba involucrado en la prestación de ayuda financiera a Hizbulá a través de mecanismos de cobertura diplomática y asociaciones benéficas que operaban desde Doha. Según el informe, el embajador de Catar en Bélgica intentó ocultar el asunto e incluso ofreció un pago de 750.000 euros para evitar que se hiciera público. Este testimonio del asesor, que en su momento fue corroborado por altos funcionarios de los servicios de inteligencia alemanes, indica que Catar actuó entre bastidores para apoyar a una organización terrorista sujeta a sanciones internacionales”.

“El alineamiento de Catar con Hizbulá también quedó claramente demostrado a finales de 2024, cuando se opuso a la iniciativa estadounidense de aprovechar la derrota de Hizbulá a manos de Israel para propiciar la elección de un nuevo presidente en el Líbano”.

En abril de 2024, el Times of Israel daba cuenta de un informe confidencial elaborado por un equipo de veteranos profesionales de la inteligencia israelí y estadounidense que trabajaban para los abogados de las familias de las víctimas del 7 de octubre. El mismo indicaba que:

“El gobierno catarí ofrece “un importante apoyo financiero” a los Hermanos Musulmanes en general y ha proporcionado al menos 2.000 millones de dólares en total a Hamás, afiliada a los Hermanos””. En este sentido, la Foudation for Defense of Democracies (FDD) apuntaba que se calcula que Catar ha inyectado 1.800 millones de dólares en la Gaza gobernada por Hamás desde 2007; además aclaraba que alrededor de un tercio de la ayuda catarí consiste en combustible que las autoridades de Hamás venden. A esto hay que sumarle el hecho de que “Hamás también cobra comisiones ilegales por los salarios y otras ayudas que llegan a Gaza”.

“El gobierno permite además que los dirigentes militares y políticos de los Hermanos Musulmanes operen libremente en Catar. Los sectores bancario y de inversiones de Doha “están abiertos a estos dirigentes y activistas de la Hermandad Musulmana, a pesar de que muchos de ellos están sancionados en otros lugares””.

Como se indicara en un artículo anterior de CAMERA Español, este informe concluye que “la ‘simbiosis’ de catar con Irán, el apoyo a los Hermanos Musulmanes y a sus afiliados, como Hamás; y el respaldo a otros grupos militantes y terroristas perjudican profundamente los intereses de aliados de Estados Unidos, Israel, Egipto, Arabia Saudí, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos… Entre los grupos citados en el informe se encuentran los talibanes, Hizbulá, Al-Nusra (Al-Qaeda) en Siria, los hutíes en Yemen, Al-Shabab en Somalia, grupos militantes chiíes en Irak y grupos terroristas en Libia”.

Hilachas quedan

Ya se ve, la cinta eterna que enlaza y mezcla y disimula a Hamás, Hizbulá, Yihad Islámica Palestina, Irán, Catar, sus correveidiles; y tantas ONG, organismos internacionales y medios de comunicación atraídos como las polillas a la luz.

Mas, igualmente ha notado lo sencillo que es deshacerla en sus elementos fundamentales, en sus fines germinales. Basta tirar de un hilo y se va deshaciendo el entramado que simula la respetabilidad de la caridad, de la defensa de la víctima.

Bastó tirar del hilo Al Shouli, para dar con toda esa maraña taimadas organizaciones, de oscuras intenciones. Hilo evidente, como toda costura que pretenda ceñir tales compañeros de viaje, propósitos tan contrarios a la milonga que se cuenta – y que, de expansivos que son, se salen del diseño mentido.

Al final de tanto recoger hilachas, pelusa deshonrosa, uno se encuentra, en el fondo, como borra, a los medios gritando “son fake news”, “son bulos”.