Otro debate clave en la Suprema Corte de Justicia de Israel

El jueves tuvo lugar en la Suprema Corte de Justicia israelí en  Jerusalem, con participación de 11 de los 15 Jueces Supremos que la componen, un nuevo debate que puede ser visto como uno de los símbolos del choque entre el gobierno , la Kneset y el Poder Judicial. Hubo varios momentos de tensión, pero fue mucho menos dramático que el llevado a cabo el 12 de setiembre sobre el tema de la irrazonabilidad de las decisiones gubenramentales.

Esta vez se trata de una segunda audiencia sobre el tema de la ley de “nivtsarut”, el término en hebreo que significa que alguien está impedido de realizar sus funciones. Concretamente, se refiere al Primer Ministro.  Y si bien la decisión definitiva debe ser publicada hasta el 12 de enero a más tardar, todo parece indicar que Netanyahu puede respirar tranquilo en este sentido.

El debate de hoy no fue iniciativa de la Suprema Corte sino que se debió a la necesidad de referirse a diversas apelaciones que le fueron presentadas contra la enmienda a la Ley Fundamental del Gobierno, aprobada meses atrás por la Kneset, que pedían invalidarla. La enmienda en cuestión determinó explícitamente que las únicas razones por las que se puede declarar que el Primer Ministro no puede ejercer su cargo, deben ser de salud física o mental, y que los únicos que pueden anunciarlo son el propio jefe de gobierno o el gobierno todo, requiriéndose la aprobación de 80 de los 120 diputados.

Aunque la coalición de gobierno lo desmentía-y al final prácticamente lo confirmó-  la votación de aquella enmienda fue ampliamente interpretada de inmediato como un tema personal destinado a beneficiar al Primer Ministro Biniamin Netanyahu. Esto, para garantizar que nadie pueda alegar que está impedido de seguir en su cargo por violar el acuerdo contra choque de intereses que pactó en su momento con la Fiscalía . Ese acuerdo era un compromiso a no intervenir en temas de cambios en el Poder Judicial, debido a que fue imputado ante los tribunales por sospechas de corrupción, en juicios que aún están en curso.

El propio  Netanyahu declaró públicamente, cuando se aprobó la enmienda en cuestión, que “ahora me hago cargo del tema”, en referencia clara a la reforma.

El Juez Supremo Itzjak Amit dijo claramente que la ley tiene un carácter personal y se preguntó retóricamente si eso no atenta contra su propio contenido.

En la Ley Fundamental del Gobierno no se determinó nunca en forma exacta quién puede decidir si el Primer Ministro no puede desempeñarse más en su cargo, pero en la práctica era el gobierno quien cumplía esa función. Pero nunca hubo que usar dicho recurso por algo dramático o prolongado, sino únicamente por intervenciones quirúrgicas o procedimientos médicos tras los cuales estaba bastante claro de antemano que el Primer Ministro volvía a su cargo. La primera vez que el procedimiento tuvo otro cariz fue cuando el entonces Primer Ministro Ariel Sharon tuvo un derrame cerebral del que jamás se despertó, hasta que falleció.

Esta vez surgió otro escenario al hablarse de la posibilidad teorética que la asesora judicial del gobierno pueda decidir determinar que el Primer Ministro violó el acuerdo en cuestión y por ende no puede seguir en su cargo. La sola mención de ese escenario es presentado por la coalición como un escándalo aunque nadie dijo que existía ese plan.

Es más: el Ministro de Justicia Yariv Levin habló en términos acusatorios contra la Suprema Corte, como que estaba considerando “desconocer la votación democrática de millones de ciudadanos que eligieron a Netanyahu”.

Pero ese no era el escenario tratado por los Jueces Supremos, no se reunieron para tomar una decisión de ese tipo. El punto central en el debate fue si la ley enmendada meses atrás puede estar vigente ya desde este período parlamentario o por ser un cambio de las reglas del juego, debe esperar al próximo parlamento.

La propia Presidenta de la Corte Suprema Esther Hayut sugirió que se haga eso.

Un punto muy importante fue la declaración del propio representante de la asesora jurídica del gobierno- que es de hecho la Fiscal que puede decidir si imputar a alguien o no-  señalando que ella no tiene autoridad para proclamar que el Primer Ministro está impedido de seguir en su cargo. Horas más tarde desató una tormenta al decir que de hecho, puede haber “condiciones extraordinarias” en las que ello sea posible.

Concretamente, la presidenta de la Corte Suprema propuso posponer la aplicación de la ley al próximo parlamento . Y a raíz de las posiciones contradictorias que adoptó el representante de la Fiscal general,  no se adoptó una decisión definitiva. Pero sí quedó en claro que no hay intención ninguna de proclamar que Netanyahu está impedido de ejercer su cargo por el tema del acuerdo de choque de intereses.

Uno de los aspectos interesantes del debate fue que por un lado la coalición y los defensores de Netanyahu lo interpretan como afrenta a la democracia y por otro, no fueron pocas las declaraciones de los jueces en las que quedó claro que lejos están de aceptar automáticamente las apelaciones. Una de las frases más simbólicas fue pronunciada por la Jueza Esther Hayut, Presidenta de la Suprema Corte, quien dijo que el tribunal no «se ocupa de los sueños de los solicitantes» para declarar que Netanyahu está en conflicto de intereses y quitarlo del cargo.  «Sus sueños se mezclan con su ansiedad (del gobierno) para evitar que la ley lo saque de la política», dijo. La solución propuesta: «posponer la aplicación de la ley hasta la próxima Knesset