Un artículo publicado el 18 de abril en el diario Libération, firmado por Rony Brauman, anunció las medidas que sancionan el llamado de boicot a Israel. Estimando que el boicot es legítimo para luchar contra el «apartheid» que se supone prevalece en este país, los firmantes, tan preocupados por la justicia, disimulan, bajo argumentos jurídicos perfectamente erróneos, un proyecto político mucho menos honorable.
Más allá de que no se puede decir que Israel aplica algún tipo de apartheid con respecto a las minorías que componen el país (por ejemplo: tres partidos árabes son representados en el Parlamento, miembros del gobierno y jueces son extraídos de las minorías drusas o árabes-.lo que no sucedía en absoluto en Sudáfrica), esta amalgama odiosa se propone negar a Israel su legitimidad a existir como Estado, para justificar su excomunión de la comunidad de naciones.
El boicot hacia Israel se basa en la idea de que el país ocupa territorios que no le pertenecen y los coloniza para obtener provecho indebido, siguiendo el modelo de la práctica colonial.
Este punto merece volver atrás en la historia. La ONU decidió en 1947 un plan de partición de la Palestina del Mandato entre un Estado judío y un Estado árabe.
Los judíos aceptaron la idea y los árabes la rechazaron. Israel nace de la aceptación, mientras que el deambular de los árabes de origen palestino surge de la negativa. Las fronteras de Israel se establecieron sobre las líneas de cese de fuego como resultado de los diversos conflictos armados con sus vecinos.
En cuanto a la legislación francesa, los autores omiten indicar que el boicot, tal como se practica por miembros de las BDS («Boicot, Desinversiones, Sanciones») es ilegal, ya que está basado en motivos discriminatorios. Así que muchos tribunales franceses, incluido el Tribunal Supremo, no sólo han sancionado a los que llaman al boicot de los productos israelíes, sino también a aquéllos que se niegan a negociar con empresas israelíes o vacían los estantes de los supermercados de productos israelíes. Estas operaciones ilegales también recuerdan el boicot a los negocios judíos en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron relacionados con el Mal absoluto.
Por supuesto, los partidarios del boicot que dicen apoyar la causa palestina – cuando en realidad la perjudican – niegan toda relación con el antisemitismo. Pero no es raro encontrar que esta campaña sea transmitida por páginas de internet notoriamente antisemitas. Así, en un «Manifiesto de las 2000» personalidades que apoyan la campaña BDS, un usuario pudo escribir: «¡Rápido, traigan las estrellas amarillas y pijamas a rayas. Después de los productos, vamos a boicotear a los judíos mismos!». El odio a Israel lleva inevitablemente al odio a los judíos. Es decir que sí, esta campaña permite a algunos ocultar su antisemitismo. Esta es una constatación, no una amalgama o una visión del espíritu.
Los jueces franceses también decidieron que dicho boicot era inseparable de la incitación al odio o la violencia contra los israelíes, como en el video publicado en el sitio web EuroPalestina, en el que un hombre dijo: «Con la compra de estos productos, usted apoya al ejército israelí a matar niños palestinos; […] Usted debe dejar de comprar productos israelíes, cada uno es equivalente a una bala que va a matar a un niño en Palestina».
La circular «Alliot-Marie», por tanto, tiene lugar para apoyar las disposiciones legales que castigan el boicot a Israel. Y que no nos hablen de violar la libertad de expresión, un principio fundamental de nuestra república que todos respetamos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también había decidido que un acusado que llamó al boicot de los productos israelíes no fue condenado por sus opiniones políticas, sino por la incitación a un acto discriminatorio, por lo tanto condenable.
Cualquier ciudadano puede criticar a un gobierno, sea cual fuere: esa es la libertad de expresión.
Pero el llamado a boicotear los productos israelíes no entra en el marco de esta crítica, ya que tiene por consecuencia llegar a los ciudadanos del país cuyo gobierno es criticado. La libertad de expresión debe detenerse donde la discriminación empieza, y es aquí donde los procesos y condenas están justificadas.
Por Michael Ghnassia, abogado; Marc Knobel, historiador, investigador y Director de Estudios del CRIF; Joël Kotek, historiador; Pascal Markowicz,abogada; Jean-Philippe Moinet, periodista; Jacques Tarnero, ensayista y documentalista; Pierre-André Taguieff, filósofo.
Traducción: Yehudit Oficyner para Radio Jai.
Judaísmo=nazismo