Occidente parece empecinado en no escuchar lo que determinados exponentes del islamismo radical proclaman abiertamente. Durante décadas, predicadores y militantes han anunciado sus aspiraciones de extender la autoridad islámica, imponer la sharía y recuperar territorios que consideran pertenecientes al mundo musulmán. Sin embargo, frente a esas declaraciones, una parte de las dirigencias políticas, culturales y religiosas occidentales ha preferido minimizar el peligro, atribuirlo a prejuicios de quienes lo denuncian o confundir la defensa de la libertad religiosa con la obligación de guardar silencio.
¿Hasta cuándo puede una civilización ignorar las advertencias de quienes cuestionan abiertamente sus principios, sus instituciones y su forma de vida?
En 2008, el documental Obsession: Radical Islam’s War Against the West (Obsesión: la guerra del islam radical contra Occidente) reunió imágenes y declaraciones de imanes, dirigentes y militantes islamistas que presentaban su enfrentamiento con Occidente como una lucha de alcance mundial. Entre los mensajes difundidos aparecían reivindicaciones territoriales y referencias a la expansión del dominio islámico. Al-Ándalus, el Vaticano y las capitales europeas formaban parte de un imaginario de conquista que algunos de esos protagonistas expresaban sin disimulo.
No se trataba de una declaración representativa de todos los musulmanes, ni corresponde atribuir a una religión entera las intenciones de sus sectores extremistas. Pero tampoco era razonable desechar aquellas manifestaciones únicamente porque resultaban incómodas para quienes preferían creer que la integración y el diálogo bastarían para disipar cualquier amenaza.
El problema comienza cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger a las sociedades democráticas se niegan a examinar seriamente esas aspiraciones.
Las palabras que Occidente prefiere no escuchar
La reivindicación de Al-Ándalus aparece periódicamente en discursos de predicadores y militantes islamistas. En junio de 2017, por ejemplo, MEMRI difundió declaraciones del imán egipcio Ayman Khamis en las que evocaba la recuperación de Al-Ándalus. En la actualidad es común en mezquitas de Estados Unidos y Europa la prédica de propaganda extremista donde se expresan aspiraciones de extender la sharía ( ley islámica basada en el Corán y la tradición profética) a países occidentales y de establecer una autoridad islámica de alcance mundial.
Estas declaraciones no son todas equivalentes. Defender la expansión de una religión mediante la predicación no es lo mismo que exigir la imposición coercitiva de sus normas, y ninguna de esas expresiones debe confundirse automáticamente con la preparación de un atentado. Pero cuando un discurso reivindica la subordinación de otras sociedades, celebra la violencia o llama a combatir a quienes no comparten sus creencias, merece ser analizado en su contexto y sin eufemismos.
La amenaza yihadista, además, no pertenece solamente al pasado. El informe de Europol publicado en 2026 contabilizó 45 incidentes terroristas en la Unión Europea durante 2025, de los cuales 24 fueron clasificados como yihadistas. También registró 347 detenciones relacionadas con delitos de esa naturaleza. Aunque el total de incidentes fue menor que el del año anterior, las cifras confirman que el terrorismo yihadista sigue constituyendo un problema de seguridad para Europa. Cabe aclarar que esos incidentes incluyen atentados consumados, fallidos e intentos frustrados, y no equivalen a 45 atentados consumados.
No hace falta anunciar una catástrofe inevitable para reconocer una amenaza persistente. Basta con examinar los hechos, identificar a los responsables y actuar en consecuencia.
El miedo a ser acusado de islamofobia
Una de las mayores contradicciones de las democracias occidentales consiste en que, en ocasiones, el temor a ser acusadas de discriminación termina dificultando la denuncia de conductas extremistas.
La islamofobia, cuando se traduce en hostilidad, prejuicios o discriminación contra los musulmanes por su religión, es un problema real. Pero utilizar esa acusación para descalificar cualquier crítica al islamismo radical constituye una forma de evasión intelectual y política.
Una sociedad libre debe proteger a los musulmanes frente a la discriminación y, al mismo tiempo, cuidar a todos sus ciudadanos frente a quienes pretendan imponerles una doctrina religiosa por la fuerza. Ambos principios son compatibles. No hay que sacrificar uno para defender el otro.
El respeto por las creencias individuales tampoco obliga a aceptar que las normas religiosas se sitúen por encima de las leyes democráticamente establecidas. La libertad de culto no incluye el derecho a intimidar a los disidentes, justificar la violencia contra las mujeres, perseguir a los homosexuales, castigar a quienes abandonan una religión o impedir que otros ejerzan sus propias libertades.
La respuesta no puede ser la estigmatización de comunidades enteras. Debe ser la aplicación imparcial de la ley y la condena inequívoca de las conductas que vulneran derechos fundamentales, independientemente de quién las cometa y de la justificación ideológica que invoque.
Las alianzas que comprometen los principios
Otra contradicción aparece cuando determinados sectores políticos occidentales establecen relaciones con dirigentes o movimientos cuyas posiciones chocan con los derechos que esos mismos sectores dicen defender.
La defensa de la libertad de conciencia y de la igualdad ante la ley debería ser coherente. No puede depender de la identidad religiosa de quien viola esos derechos ni de la conveniencia electoral de una alianza.
Esto no significa que toda cooperación con representantes musulmanes implique complicidad con el extremismo.
Lo que corresponde es examinar las declaraciones, los vínculos, las fuentes de financiación y las acciones concretas de cada organización o dirigente.
Cuando existen pruebas de que una agrupación promueve la violencia o la imposición coercitiva de normas religiosas, sus relaciones políticas deben ser objeto de escrutinio.
La firmeza democrática no necesita exageraciones. Se fortalece mediante la evidencia.
Europa no está del todo condenada, pero tampoco puede confiarse
Los conflictos sociales, las protestas y los disturbios que se producen en distintas ciudades europeas tienen causas diversas. La crisis de la vivienda, el costo de vida, la desigualdad, los enfrentamientos políticos y las tensiones relacionadas con la inmigración no pueden reducirse a una única explicación. Atribuir indiscriminadamente esos episodios al islamismo radical sería un error.
Pero sería igualmente equivocado ignorar los casos en los que las organizaciones extremistas, aprovechando los intersticios que las democracias occidentales les brindan, aprovechan las fracturas sociales para reclutar adeptos, difundir propaganda o intimidar a sus adversarios.
La combinación de radicalización digital, discursos de odio, redes de captación y dificultades para detectar amenazas constituye un desafío que exige cooperación entre los servicios de seguridad, las autoridades judiciales, los centros educativos y las comunidades afectadas. La prevención debe apoyarse en pruebas y respetar las garantías jurídicas, pero no puede convertirse en una excusa para la inacción.
¿Se agravará la situación? Nadie puede garantizarlo. Sin embargo, el riesgo de nuevos atentados, de una mayor radicalización o de episodios de intimidación no puede descartarse. Si los gobiernos responden tarde, cuando las instituciones evitan afrontar problemas por temor a la controversia y si los discursos violentos encuentran espacios de impunidad, las condiciones para que esos fenómenos se repitan pueden empeorar.
La historia no ofrece destinos inexorables, sino advertencias y consecuencias.
El síndrome de Estocolmo de una civilización
El síndrome de Estocolmo, utilizado aquí como metáfora política y no como diagnóstico clínico, describe una actitud de sometimiento psicológico ante una amenaza: el temor a provocar al adversario termina llevando a justificarlo, minimizar sus actos o renunciar a enfrentarlo.
Trasladada a Occidente, la metáfora señala una paradoja: sociedades que han construido instituciones basadas en la libertad, la igualdad jurídica y la pluralidad pueden terminar restringiendo su propia capacidad de defender esos valores por miedo a las reacciones de quienes los cuestionan.
No se trata de declarar una guerra contra el islam. Se trata de impedir que el islamismo radical convierta la tolerancia democrática en una vulnerabilidad que pueda explotar. No se trata de sospechar de cada inmigrante ni de cada musulmán. Es menester identificar a quienes promueven la violencia, proteger a sus víctimas y aplicar la ley sin excepciones ideológicas.
Occidente no necesita renunciar a sus principios para sobrevivir.
Cuando predicadores extremistas anuncian sus aspiraciones, hay que examinar sus palabras. Si las organizaciones convierten esas aspiraciones en reclutamiento o violencia, se deben investigar sus actividades. Si los dirigentes políticos establecen vínculos con grupos que promueven la coerción religiosa, es necesario exigir transparencia y responsabilidades cuando corresponda.
La convivencia no se protege silenciando los conflictos, sino resolviéndolos conforme a la ley. El diálogo es indispensable, pero no sustituye la seguridad; la tolerancia es una virtud, pero no exige tolerar la intolerancia violenta; y la libertad religiosa es un derecho, no una autorización para privar a los demás de sus libertades.
Occidente todavía dispone de los instrumentos necesarios para defender su sistema democrático. Lo que está en discusión es si tendrá la voluntad política de utilizarlos antes de que nuevas tragedias obliguen a reaccionar.
Una civilización no se salva negando las amenazas que enfrenta. Se preserva reconociéndolas a tiempo, distinguiendo a sus adversarios de quienes conviven pacíficamente con ella y defendiendo, sin complejos ni dobles estándares, los principios que la mantienen libre.
Rubén Kaplan
Periodista y escritor




















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