La elección israelí vuelve a poner de manifiesto una realidad que buena parte de sus críticos en el exterior parece no comprender: en un país sometido a amenazas existenciales, la política no puede analizarse únicamente a través de las categorías ideológicas habituales. La seguridad, la supervivencia nacional y la capacidad de enfrentar a sus enemigos ocupan un lugar central en las decisiones de los votantes. Y, cuando las urnas no producen una mayoría clara, las contradicciones de la política israelí quedan todavía más expuestas.
El escrutinio provisional no permite anunciar un vencedor con capacidad suficiente para gobernar. Hasta el momento, el bloque encabezado por Benjamin Netanyahu reúne 53 escaños; el espacio opositor liderado por Gadi Eisenkot, 48; y los partidos árabes, 19. En una Knéset de 120 miembros, la mayoría requiere 61 bancas. A la espera del cómputo de los votos emitidos mediante el sistema de doble sobre, la aritmética parlamentaria continúa abierta.
Esos sufragios, correspondientes principalmente a militares, reservistas, policías, diplomáticos y otros ciudadanos que votaron fuera de sus mesas habituales, podrían alterar la distribución final de escaños. La Comisión Electoral estima que hay entre 430.000 y 480.000 votos de esta categoría, aunque la cifra sigue siendo provisional. Su peso podría modificar el reparto de bancas y, con él, las posibilidades de formar gobierno.
Pero la cuestión excede el recuento. Lo que está en discusión es qué Israel surgirá de esta elección y cuáles serán las condiciones políticas para gobernarlo.
Netanyahu y la prioridad de la seguridad
Durante años, Benjamin Netanyahu ha sido objeto de una intensa campaña de críticas, tanto dentro como fuera de Israel. A las controversias por su gestión política y las acusaciones judiciales se suman los cuestionamientos por sus decisiones de gobierno y por la prolongada crisis que atraviesa la sociedad israelí. Sus adversarios esperaban que ese desgaste se tradujera en una derrota capaz de poner fin a su liderazgo.
Sin embargo, una parte considerable del electorado continúa considerando que Netanyahu posee experiencia y determinación para enfrentar los peligros que amenazan al país.
Para muchos israelíes, lo primordial es quién ofrece una alternativa política que pueda garantizar mejor la seguridad nacional.
La amenaza iraní constituye un elemento fundamental de ese cálculo. La confrontación con Teherán, sus capacidades militares y nucleares, y su relación con organizaciones terroristas como Hamás, Hezbolá y la Yihad Islámica condicionan la percepción de los riesgos. En ese contexto, la experiencia de un dirigente puede adquirir un valor que no siempre se refleja en las evaluaciones realizadas desde el exterior.
También llama la atención la enorme atención internacional que despierta una elección en un país de aproximadamente diez millones de habitantes. Israel vuelve a ocupar un lugar desproporcionado en el debate mundial, una exposición que combina la importancia estratégica de Oriente Medio, el conflicto con los palestinos, el antisemitismo y las controversias que rodean al Estado judío.
Trump: un aliado valorado desde Israel
Otro factor que merece atención es la relación con Donald Trump. En Israel, su figura ha recibido valoraciones particularmente favorables cuando se juzga su actuación desde la perspectiva de los intereses israelíes. La decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí la embajada estadounidense, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán durante su primer mandato, los Acuerdos de Abraham y la cooperación frente a Irán contribuyeron a consolidar esa percepción.
Una encuesta del Jewish People Policy Institute publicada en febrero de 2026 encontró que el 73 % de los israelíes evaluaba a Trump por encima del promedio de los presidentes estadounidenses en cuanto a la defensa de los intereses de Israel. Entre los judíos israelíes, la proporción llegaba al 79 %.
La relación con Washington también constituye un asunto electoral relevante. Para una parte de la sociedad israelí, contar con un presidente estadounidense dispuesto a respaldar a Israel frente a Irán representa una oportunidad estratégica que no debe darse por permanente.
La percepción de que el tiempo disponible para aprovechar el respaldo de Trump es limitado podría influir en algunos votantes. Si en las próximas elecciones estadounidenses regresara al poder un gobierno demócrata menos favorable a determinadas decisiones israelíes, la relación bilateral podría cambiar. No se sabe cuánto pesó ese cálculo en el voto, pero sería un error excluirlo del análisis.
El servicio militar y la controversia ultraortodoxa
Una de las contradicciones más difíciles de resolver es la que enfrenta a los partidos ultraortodoxos, conocidos como haredíes, con el resto de la sociedad israelí en torno al servicio militar.
Israel necesita mantener sus fuerzas armadas preparadas para responder a amenazas simultáneas y prolongadas. La movilización de reservistas impone sacrificios personales, familiares y económicos, y esos costos no se distribuyen por igual entre todos los sectores de la población.
La exención del servicio militar concedida durante décadas a amplios sectores ultraortodoxos, vinculada a la dedicación al estudio religioso, ha generado un conflicto creciente. Para quienes cumplen el servicio y para las familias de los soldados, la cuestión no es una disputa teológica abstracta: es una pregunta sobre la igualdad de las obligaciones y el reparto de las cargas de la defensa nacional.
Considero que la tradición religiosa merece respeto. Pero ese reconocimiento no obliga a aceptar que una parte de la ciudadanía quede exenta indefinidamente de una responsabilidad que recae sobre los demás. El estudio de la Torá tiene un lugar central en la vida judía; la defensa de la población israelí también constituye una responsabilidad colectiva.
Sin embargo, no todos los jóvenes haredíes rechazan el uniforme militar. Un estudio del Instituto para la Democracia de Israel, publicado en 2024 sobre la base de datos recogidos entre 2020 y 2021, encontró que alrededor de uno de cada cuatro jóvenes ultraortodoxos manifestaba deseos de alistarse, aunque solo cerca del 10 % proyectaba hacerlo efectivamente. Entre los obstáculos figuraban las presiones sociales y religiosas y el temor al rechazo de su entorno. El aumento reciente de reclutas ultraortodoxos también muestra que existen distintas actitudes dentro de esa comunidad.
Por eso, el debate no debería reducirse a una confrontación entre religiosos y laicos, ni a una descalificación general de los haredíes. Se trata de determinar si un Estado que afronta amenazas reales puede sostener indefinidamente un sistema en el que las obligaciones militares se reparten de manera tan desigual, sin desconocer que algunos jóvenes desean servir y encuentran obstáculos para hacerlo.
Los partidos árabes y el límite de las alianzas
La elección israelí plantea una aparente contradicción política. Mientras los partidos ultraortodoxos generan rechazo por las exenciones al servicio militar que defienden, algunos dirigentes opositores están dispuestos a negociar con formaciones árabes cuyos votos podrían resultar decisivos para desplazar a Netanyahu. Esta diferencia de criterios plantea una pregunta legítima: ¿con qué parámetros se juzga a quienes aspiran a participar en el gobierno de un país cuya seguridad está permanentemente amenazada?
Yair Golan, dirigente de Los Demócratas, ha defendido la posibilidad de incorporar una formación árabe a un futuro gobierno opositor, argumentando que no corresponde excluir automáticamente a los representantes políticos de los ciudadanos árabes de Israel. La ciudadanía árabe israelí no puede ser identificada en bloque con el terrorismo, y sus representantes no deben ser juzgados exclusivamente por su origen étnico.
Pero la legitimidad de la participación política no elimina la necesidad de examinar las posiciones concretas de cada partido y dirigente. La pregunta relevante es qué compromisos asumiría una eventual coalición en materia de seguridad, defensa, reconocimiento de Israel y lucha contra el terrorismo.
El caso de Mansour Abbas, líder de Ra’am, ilustra la complejidad del problema. Abbas ha condenado la masacre del 7 de octubre de 2023 y los ataques contra civiles, pero también ha evitado responder directamente, en una entrevista, si considera a Hamás una organización terrorista que debe ser destruida. Es importante mantener ambas partes del registro: condenar los ataques contra civiles no es lo mismo que responder de manera inequívoca a todas las preguntas sobre Hamás, pero tampoco sería correcto borrar las condenas que efectivamente formuló.
La conducta de cada dirigente debe evaluarse a partir de sus declaraciones y acciones, no de su identidad árabe. Del mismo modo, tampoco corresponde atribuir una única posición a todos los partidos árabes israelíes. La cuestión política es si una formación concreta puede asumir compromisos claros y verificables sobre la seguridad del Estado y si esos compromisos resultan compatibles con los de sus posibles socios.
La controversia no se resolverá mediante consignas. Exigirá decisiones legislativas, acuerdos transparentes y una definición precisa de las responsabilidades que corresponden a cada sector de la sociedad.
Una elección todavía abierta
En este contexto, el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, exhortó a los partidos a acudir con una actitud abierta a las consultas para formar gobierno y a hacer todo lo posible para evitar nuevas elecciones. Su llamamiento cobra importancia ante un Parlamento fragmentado y la necesidad de reunir una mayoría de 61 escaños. Una vez recibidos los resultados oficiales, Herzog consultará a las distintas bancadas antes de encomendar la formación del gobierno al candidato que considere con mayores posibilidades de conseguir los apoyos necesarios.
Su intervención plantea una pregunta inevitable: ¿estarán los dirigentes dispuestos a dejar de lado sus rivalidades y anteponer la estabilidad política y los intereses nacionales a sus propios egos y cálculos partidarios?
La elección deja, entretanto, una conclusión política: Israel discute quién ocupará el despacho del primer ministro y también cómo distribuir las responsabilidades de la defensa, qué condiciones debe cumplir un socio de gobierno y hasta dónde pueden llegar los acuerdos destinados a reunir una mayoría.
En una democracia, las alianzas son legítimas y necesarias. Pero, cuando la seguridad nacional está en juego, la aritmética parlamentaria no puede sustituir el examen de los compromisos de quienes aspiran a gobernar.
Rubén Kaplan
Periodista y escritor
Porisrael.org
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