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La permanencia de Francesca Albanese como relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados constituye una de las situaciones más graves que afectan la credibilidad de los organismos internacionales. Sus reiteradas declaraciones contra Israel, cargadas de acusaciones de extrema gravedad, han provocado cuestionamientos de gobiernos, representantes de comunidades judías y organizaciones que reclaman imparcialidad en el sistema de derechos humanos. Sin embargo, continúa ejerciendo su cargo, como si las críticas y las exigencias de responsabilidad no tuvieran consecuencias.
Su reciente intervención ante el Comité de Asuntos Europeos del Parlamento irlandés volvió a poner de manifiesto la dimensión del problema. Albanese afirmó que Israel «siempre ha matado niños» y sostuvo que palestinos detenidos habían sido violados por perros entrenados en países europeos. Incluso aseguró que algunos ciudadanos europeos se beneficiarían económicamente de la venta de esos animales. Durante su comparecencia no presentó fuentes ni pruebas que respaldaran semejantes afirmaciones. No se trata de observaciones marginales ni de una discusión académica: son imputaciones de una gravedad extraordinaria, formuladas por una persona que habla desde una función oficial de Naciones Unidas.
La elección de Irlanda como lugar de su alocución tampoco resulta irrelevante. Fue el primer país de la Unión Europea que respaldó, en 1980, la creación de un Estado palestino y que formalizó su reconocimiento en mayo de 2024, y es actualmente uno de los gobiernos europeos que mantienen una posición particularmente crítica hacia Israel.
La reacción israelí fue contundente. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó a Albanese de “teórica de la conspiración desquiciada, consumida por su odio obsesivo hacia Israel” y agregó que “sus viles mentiras y sus grotescas acusaciones son una vergüenza para la ONU”.
La protesta también llegó directamente al ámbito de Naciones Unidas. El embajador israelí Danny Danon enfrentó personalmente a Albanese después de que presentara un informe ante ese organismo. “Usted es una mentirosa, una farsante y una mancha para Naciones Unidas”, le espetó. Y añadió: “Sus acusaciones no son pruebas. Sus suposiciones no son evidencias, y repetir la palabra genocidio no la convierte en verdad”. Danon también la acusó de utilizar el emblema de la organización para difundir propaganda contra Israel y reclamó su renuncia. No fue una objeción diplomática genérica, sino un cuestionamiento directo a la credibilidad de quien ocupa una función oficial en la institución.
¿Con qué autoridad moral puede una relatora internacional formular acusaciones de semejante naturaleza sin aportar evidencias que permitan verificarlas? En cualquier sociedad democrática, quien acusa tiene la obligación de demostrar aquello que sostiene. La gravedad de una imputación no constituye una prueba, ni el título de un cargo internacional convierte una afirmación en verdad. Acusar sin demostrar es una forma de irresponsabilidad que resulta todavía más inadmisible cuando se ejerce desde una institución que debería defender la objetividad y el respeto por los hechos.
Sería tan arbitrario como que yo acusara a Francesca Albanese de mantener una conducta íntima aberrante con un burro o de cometer algún acto degradante, sin aportar la menor prueba, y pretendiera que la sola formulación de semejante imputación bastara para convertirla en culpable. ¿Aceptaría ella semejante procedimiento? Seguramente no. Entonces, ¿por qué considera admisible formular acusaciones de extrema gravedad contra Israel sin demostrar aquello que sostiene?
La reacción ante sus declaraciones en Irlanda no se limitó al Gobierno israelí. El Consejo Representativo Judío de Irlanda cuestionó tanto las afirmaciones de Albanese como la actitud de los parlamentarios que la recibieron sin exigirle pruebas ni someter sus acusaciones a un cuestionamiento crítico. Su reproche fue particularmente severo. En cambio, Albanese recibió elogios, admiración y fotografías sonrientes. La crítica alcanzó así también a quienes le ofrecieron una tribuna institucional sin ejercer el control que semejante comparecencia requería.
Albanese acumula antecedentes de declaraciones y actuaciones que han sido cuestionadas por su sesgo antiisraelí. En febrero de 2026, sus declaraciones durante un encuentro en Doha provocaron una fuerte polémica internacional. Se le atribuyó haber calificado a Israel como “enemigo común de la humanidad”, pero la transcripción íntegra de su intervención, examinada por Reuters, demostró que no había pronunciado literalmente esas palabras. Albanese sostuvo que se refería a las estructuras financieras, las armas y los mecanismos que, según su planteo, permiten la continuidad de la guerra en Gaza. No obstante, el conjunto de sus declaraciones y su posicionamiento frente a Israel motivaron que varios gobiernos europeos exigieran su renuncia.
El comportamiento de Albanese, por lo tanto, no puede reducirse a una diferencia de opiniones sobre la política israelí. Una relatora especial tiene el deber de actuar con independencia, imparcialidad, integridad y objetividad. Esos criterios no son adornos administrativos: forman parte de las condiciones que Naciones Unidas establece para quienes ocupan tales funciones. Cuando sus declaraciones generan reiteradas dudas sobre el cumplimiento de esos principios, la institución tiene la obligación de examinar la situación, no de refugiarse en el silencio.
Aquí aparece también la responsabilidad política de António Guterres, otro conspicuo antisemita y secretario general de Naciones Unidas. No corresponde atribuirle facultades que institucionalmente no posee: Albanese fue designada por el Consejo de Derechos Humanos y su eventual remoción no depende de una decisión unilateral del secretario general. Pero esa precisión no exime a Guterres de su responsabilidad como máxima autoridad política y administrativa de la organización. Su silencio y la ausencia de una respuesta institucional suficientemente firme alimentan la percepción de que existe una tolerancia selectiva frente a las declaraciones de quienes utilizan el “prestigio” de Naciones Unidas para formular acusaciones contra Israel.
La situación resulta todavía más difícil de justificar cuando se observa que Albanese puede continuar en funciones hasta el 30 de abril de 2028. Su mandato, iniciado en 2022, está sujeto al límite máximo de seis años previsto para los titulares de procedimientos especiales. Aunque el Consejo de Derechos Humanos podría examinar una eventual remoción anticipada, no existe un mecanismo automático que la aparte como consecuencia de las críticas recibidas.
No se puede exigir a Israel que responda a cada acusación internacional con documentación, investigaciones y explicaciones, mientras quien formula imputaciones gravísimas desde un cargo de Naciones Unidas evidencia, con su conducta, no estar sometida al mismo estándar de responsabilidad. La independencia de los relatores especiales no significa impunidad, y la libertad de expresión no autoriza a presentar como hechos probados afirmaciones que no han sido demostradas.
El problema excede ampliamente a Francesca Albanese. Naciones Unidas ha dañado seriamente su autoridad como organización que debería ser referencia de imparcialidad y defensa de los derechos humanos, y hoy, en cambio, constituye el escenario de una persecución política persistente contra el Estado judío.
Israel no necesita privilegios ni inmunidad frente a las críticas. Tiene, como cualquier Estado, la obligación de responder por sus actos y someterse a un examen riguroso e imparcial. Lo que no puede aceptar es que se lo convierta en destinatario permanente de acusaciones atroces sin pruebas, mientras quienes las formulan se amparan en la jerarquía de sus cargos.
¿Cuántas acusaciones más sin sustento deberán producirse para que Naciones Unidas examine seriamente la continuidad de Francesca Albanese? ¿Cuándo comprenderán António Guterres y los responsables del Consejo de Derechos Humanos que la credibilidad de la institución está profundamente erosionada y que su desprestigio ya no puede disimularse?
La defensa de los derechos humanos no puede convertirse en una coartada para la arbitrariedad. Y una organización que exige responsabilidad a los Estados no puede renunciar a exigirla a quienes hablan en su nombre.
Rubén Kaplan
Periodista y escritor
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