En un giro inesperado, el último reporte/calumnia de la ONU respecto de Israel terminó -por el momento- provocando más daño a los palestinos que a los israelíes. En manifestaciones callejeras, palestinos arrojaron zapatos contra la imagen del presidente Mahmoud Abbas, el que fue acusado de «alta traición» por los voceros de Hamas. Esto fue motivado por la decisión de la Autoridad Palestina de ceder a la presión norteamericana de posponer la votación de una resolución orientada a derivar el informe a la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y posiblemente la Corte Penal Internacional; lo que podía haber abierto la puerta a posibles juicios contra oficiales israelíes.
La votación quedó postergada para la sesión del Consejo de Derechos Humanos del marzo próximo. Hamas anunció que arrestaría a todo oficial de Fatah involucrado en la decisión de la discordia, en tanto que con una atmósfera cada vez más convulsionada Abbas creó una comisión especial de indagación y envió a su canciller a Nueva York a renovar los reclamos por juicios contra los israelíes bajo cargos de crímenes de guerra.
He aquí el trasfondo. Siempre atento a aprovechar la oportunidad para denostar al estado judío, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU infestado de países tercermundistas creó una misión investigadora del papel jugado por el ejército israelí durante la pasada confrontación en la Franja de Gaza con el movimiento fundamentalista Hamas. Presidida por el jurista judeo-sudafricano Richard Goldstone, la misión fue instigada por Bangladesh, Malasia, Pakistán, Siria y Somalía con el mandato de armar un caso contra Israel por «violaciones a la ley humanitaria internacional». La tendenciosidad de todo el emprendimiento era tan descarada que despertó la oposición de Canadá, Japón, Suiza y la Unión Europea. El Estados Unidos de George W. Bush había decidido boicotear al organismo y no era entonces miembro. (Obama revirtió esa decisión y ahora EE.UU. es miembro del CDH).
Como era de esperarse de una institución que en sus tres años de vida ha condenado más veces a Jerusalem que a los restantes 191 estados-miembro de la ONU combinados, el reporte final acusó a Israel de haber cometido crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad. El mismo disipó toda distinción entre la agresión y la legítima defensa, entre una democracia y una entidad terrorista, entre la comisión deliberada de actos de terror y las bajas civiles producidas por accidentes de guerra. Sus 575 páginas relegaron al detalle los ataques incesantes de cohetes iniciados por Hamas sin que mediare provocación previa alguna por parte de Israel, y caracterizaron la defensa de Israel de ser «un ataque deliberadamente desproporcionado diseñado para castigar, humillar y aterrorizar a la población civil» palestina. El informe tildó a Israel de «poder ocupante» aún cuando ya desde el año 2005 no hay presencia israelí en Gaza; a la fuertemente armada policía de Gaza la consideró una agencia civil. Contra toda evidencia pública, parte de ella incluso televisada, el informe concluyó que Hamas no usó hospitales como centro de comandos, que no utilizó ambulancias para transportar cohetes, que sus hombres no dispararon desde instalaciones de la ONU, y que las mezquitas no fueron empleadas para esconder municiones. En un insólito acto de jutzpá, el reporte Goldstone pidió al estado israelí que pagara materialmente a Hamas por el daño causado durante la contienda. Respecto de la conducta de la agrupación terrorista, concedió que atacar a civiles israelíes «constituiría crímenes de guerra y podría significar crímenes contra la humanidad». Hamas se mostró tan preocupada por esta aseveración que presionó a la Autoridad Palestina a que someta el reporte a tratamiento en el Consejo de Seguridad, convencida que arrinconaría a Israel. Libia -único miembro árabe no-permanente del actual Consejo de Seguridad, y cuyo presidente arrojó al aire la Carta de la ONU durante la última reunión de la Asamblea General- llamó a una sesión de emergencia para discutir el reporte, y la misión palestina ante la ONU manifestó apoyo a la misma. El Consejo de Seguridad rechazó el pedido libio pero accedió a debatir el tema en su siguiente sesión periódica.
Para salvar su pellejo, Abbas capitalizó una disputa en la Explanada del Templo en la Ciudad Vieja de Jerusalem en la cuál ciento cincuenta musulmanes arrojaron piedras contra la policía israelí y turistas cristianos luego de una veda de acceso a musulmanes al lugar instituida preventivamente por las autoridades israelíes luego de haber descubierto cantones repletos de piedras en zonas aledañas a las mezquitas, en un contexto de llamamientos a «defender las mezquitas» ante la «judaización de Jerusalem», y acusaciones infundadas efectuadas por líderes árabes musulmanes de Israel alegando que los israelíes estaban construyendo un túnel en la zona. Tal como en el pasado, los líderes palestinos apelaron a falsedades para incitar a la comisión de actos de violencia anti-judíos con el objeto de distraer a las masas y alcanzar sus objetivos. Sucedió en 1920, en 1921, en 1929, entre 1936-1939, entre 1987-1992, y entre 2000-2005.
Estas intifadas han sido invariablemente el resultado de dos factores principales: a) el fanatismo árabe/palestino, y b) la certeza de que la violencia da frutos. Esta impresión fue forjada durante décadas gracias a la indulgencia de oficiales y burócratas como Richard Goldstone que han desde siempre ensuciado a la legítima defensa con retórica moralista y cubierto de legalidad puritana a la agresión despiadada.
Comunidades 14/10/09
–escrita el 8/10/09
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