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| viernes marzo 29, 2024

El Fiscal General de Arizona dice que BDS busca ‘fortalecer’ a los grupos palestinos que apoyan el terrorismo


Una demostración pro-BDS. Foto: Alex Chis

Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron

Un escrito presentado la semana pasada por el procurador general de Arizona sostiene que la campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel ayuda a los terroristas, lo que posiblemente sea la primera vez que lo manifiesta un funcionario del gobierno de los EE. UU.

En un argumento de apertura presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE. UU., el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, escribió que la legislación promulgada por su estado en 2016 prohíbe a los organismos públicos contratar a empresas que boicotean a Israel para evitar que los fondos de los contribuyentes subsidien la discriminación basada en la nacionalidad, origen nacional y religión.

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Foto: el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich

La ley, aprobada con super-mayorías bipartidistas, fue bloqueada por un tribunal federal en septiembre luego de una demanda que alegaba violaciones de la Primera Enmienda, con el fallo de la jueza Diane Humetewa   a favor del demandante Mikkel Jordahl, un contratista estatal que expresó su capacidad para boicotear a Israel. La capacidad profesional estaba siendo limitada inconstitucionalmente.

«Una restricción de la capacidad de uno para participar en llamadas colectivas para oponerse a Israel cuestiona gravemente la expresión protegida de las compañías que desean participar en un boicot de este tipo», determinó Humetewa.

Una legislación similar fue suspendida y posteriormente modificada este año en Kansas, uno de los 26 estados que aprobaron medidas en los últimos años contra BDS, una campaña dirigida por los palestinos que dice que busca  redefinir a  Israel «como un estado paria» hasta que cumpla con el derecho internacional.

Mientras que las principales organizaciones judías y otros críticos han denunciado al movimiento como discriminatorio por señalar a Israel y rechazar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación nacional, los grupos anti-sionistas y algunos de derechos civiles se han opuesto a los intentos estatales y federales de intervenir. La American Civil Liberties Union, que representó a Jordahl y actualmente impugna la legislación contra el BDS en Texas, advirtió que tales esfuerzos infringen la expresión política protegida.

Sin embargo, Brnovich argumentó en su apelación que el BDS apunta específicamente a infligir “dolor económico” a aquellos con antecedentes israelíes, afecta de manera desproporcionada a los judíos y, a menudo, tiene “motivaciones antisemitas” de cara a los desafíos de la Primera Enmienda, agregó.

Al señalar que los contratistas pueden boicotear libremente a Israel a título personal, Brnovich afirmó que los fondos públicos no deberían apoyar la «guerra económica» contra los israelíes y su país, «un importante socio comercial y aliado de Estados Unidos».

«Eso es particularmente cierto ya que el efecto, y con frecuencia el objetivo, de los boicots del BDS es fortalecer la mano de la Organización de Liberación Palestina, que paga estipendios en efectivo a las familias de los terroristas y a su socio de la coalición gubernamental – y a la organización terrorista – Hamas». él explicó. «La Primera Enmienda no deja al Estado impotente para impedir que su comercio promueva tales fines desagradables, y con frecuencia asesinos».

Marc Greendorfer, fundador del Instituto Zachor Legal anti-BDS, que presentó un amicus en apoyo de la apelación de Arizona, dijo que el argumento del fiscal general podría representar por primera vez que un organismo gubernamental reconoce que la campaña de BDS ayuda a los actores que participan o recompensan el terrorismo. 

«Algunas de las leyes estatales contra el BDS han observado que el BDS es un movimiento discriminatorio que se dirige a los judíos, y ha habido testimonios ante el Congreso  sobre esos vínculos entre los partidarios de Hamas y los del BDS», dijo a The Algemeiner , señalando el testimonio.  otorgado en 2016 por Jonathan Schanzer, vicepresidente senior de investigación del grupo de expertos de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

«Esta es la primera vez que veo a un organismo estatal o federal hacer la conexión directa entre BDS y el terror», compartió Greendorfer.

El Instituto Legal Zachor, cuyo informe en apoyo de Arizona se unió a los presentados por separado por funcionarios locales, 10 estados de EE. UU. y varios grupos de interés, incluido el Comité Judío Americano, el Centro Louis D. Brandeis y Agudath Israel de América, ha convocado anteriormente para una investigación de los supuestos vínculos entre afiliados de BDS y grupos en la lista negra como organizaciones terroristas.

Entre los miembros del Comité Nacional de BDS, Zachor declaró en una carta de julio al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una coalición que incluye a «cinco organizaciones terroristas extranjeras actualmente designadas», como Hamas, la Jihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Además, «el gobierno de Irán y los partidarios de una serie de otras organizaciones terroristas designadas extranjeras están asociadas con la formación y el funcionamiento continuo del Movimiento BDS y la actividad BDS llevada a cabo por otras organizaciones», sostuvo Zachor.

Reflexionando sobre el argumento de Brnovich, Greendorfer dijo que podría ser que la supuesta afiliación entre BDS y los grupos terroristas «sea un tema que finalmente se está discutiendo abiertamente».

El grupo legal Shurat HaDin con sede en Tel Aviv y el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel plantearon acusaciones similares, lo que llevó al sitio web de recaudación de fondos de Estados Unidos Donorbox a suspender temporalmente la cuenta del Comité Nacional de BDS a principios de este mes.

Omar Barghouti, cofundador de la campaña de BDS, rechazó los cargos como «categóricamente falsos» en ese momento, y le  dijo a Al Jazeera  que Shurat HaDin está «amenazando e intimidando a nuestros socios y proveedores de servicios en un intento desesperado de socavar nuestra capacidad de desafiar El régimen de apartheid y opresión de Israel «.

«Si bien esta represión legal puede ser una carga temporal para nosotros, no nos ha impedido continuar con nuestra lucha pacífica antirracista e inclusiva por la libertad, la justicia y la igualdad», agregó.

 
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